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El vasto crecimiento de Internet y la gran proliferación de medios y servicios digitales, ha dado lugar a un debate a nivel mundial, ¿quién debe controlar la red?

Los defensores de la neutralidad de la red, proponen que el acceso debe ser igual para todos, sin barreras económicas ni condicionamiento con respecto al contenido que se publica y, por supuesto, sin trabas hacia quien se dirige el mensaje.

En Estados Unidos la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) emitió una orden, en vigor desde el 12 de junio de 2015, que reclasifica la banda ancha como un servicio público e impone regulaciones a los proveedores de acceso a Internet, para que todos los ciudadanos puedan acceder en igualdad de condiciones. Si bien esta decisión puede parecer beneficiosa para los usuarios, en su condición de consumidores, a la vez se están estableciendo mecanismos para limitar y controlar quién y cómo difunde la información dentro de la red.

El surgimiento de Internet trajo consigo una sensación, utópica, de libertad absoluta, un mundo de libre flujo de las ideas y de la información. Pero esto no ha sido más que una ilusión. En pleno siglo XXI la tradicional censura a la prensa se ha traslado hacia Internet, con el fin de impedir la libre difusión de ideas y noticias. Los antiguos argumentos del desnivel informativo en el mundo, o flujo en una sola dirección, en la base de las fatídicas discusiones por un nuevo orden mundial de las comunicaciones, se han desmoronado con la llegada de la difusión de noticias por medios sociales y la web. Ayer se reclamaba que el flujo de noticias provenía del norte al sur imponiendo un dominio cultural e informativo. Hoy Internet ha permitido el balance del flujo, pero los detractores no están contentos, pues el fondo de la cuestión es el control del mensaje para reprimir una de las mejores formas de expresión y difusión de las ideas.

La censura a la web da paso al control informativo de distintos gobiernos, que apagan la libre difusión de noticias pero amplían la hegemonía comunicacional controlada por sus propios aparatos. Así como en el pasado la censura se practicaba en forma diaria en las redacciones de los periódicos, hoy los gobiernos disponen de múltiples herramientas para alcanzar su objetivo de intentar controlar Internet. Algunas son de tipo financiero, como el establecimiento de tarifas e impuestos que los usuarios no pueden cubrir; otras son de tipo tecnológico, con el filtrado y bloqueo de los servicios disponibles; y también las hay de tipo administrativo, imponiendo la obligación de registrar los sitios web que desean operar en su territorio nacional.

Las formas de control se acentúan en países donde Internet está viviendo un crecimiento más rápido. China, cuya Constitución señala respeto a la libertad de expresión de prensa, es uno de los países donde existe el mayor control del contenido que se difunde por Internet, con la excusa de que es esencial para proteger la seguridad nacional, el orden público y los secretos de Estados.

Los ejemplos de este tipo de censura son muchos. Corea del Norte, donde todos los websites están bajo el control del gobierno; Cuba, donde Internet está disponible en puntos de accesos controlados por el gobierno; Arabia Saudita con más de 400.000 sitios bloqueados; Irán, donde los usuarios deben registrarse en el Ministerio de Arte y Cultura; Siria, lugar en el que los usuarios son detenidos si amenazan la unidad nacional; o Vietnam, donde se bloquean los sitios que son críticos al gobierno y exigen a las grandes compañías (entre las que se encuentran Yahoo, Google y Microsoft) información sobre la actividad de los usuarios.

La relatoría de la CIDH, en su informe de marzo de 2015, apuntaba la necesidad de “garantizar que no haya discriminación, restricción, bloqueo o interferencia en la transmisión del tráfico de Internet” y pide a los Estados miembros abstenerse de aplicar a Internet enfoques legislativos aplicados a otros medios como la telefonía, la radio y la televisión; algo que debe ser asumido por los defensores de la libertad de expresión.

*Julio E. Muñoz, exdirector ejecutivo de la SIP

@julioemunoz