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Orlando Luis Pardo Lazo

El castrismo mata y no miente

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El castrismo es, ante todo, biopolítica. Poder sobre la vida y la muerte de cada uno de los individuos, dentro y fuera de las fronteras nacionales de la islita inicua del mar Caribe. El castrismo es necropolítica o no es nada: muerte o perdón de vida, a veces con viso legal y a veces en un suculento secreto.

La pena de muerte fue restituida en Cuba tan pronto como se instauró la guerrilla de Fidel Castro en la Sierra Maestra. A Ernesto Ché Guevara y Raúl Castro, dos “líderes” que no causaron ni una sola baja en combate al ejército constitucional de Fulgencio Batista, les encantaba matar hombres maniatados, especialmente cuando el acusado provenía de las filas del propio Ejército Rebelde. Así ganaron sus grados, sus charreteras relucientes de cadáveres condenados por “convicción”.

En el llamado “llano”, en el clandestinaje violento urbano de 1957 y 1958, la pena de muerte revolucionaria era aplicada alegremente en plena calle cubana por los tiratiros —no confundir con los terroristas— del Movimiento 26 de Julio (M-26-7).

Luego del apoteósico triunfo del 1° de enero de 1959, el gobierno hizo de la muerte su primera ley, y fusiló en masa a varias generaciones de exbatistianos y neocastristas. Hay documentadas miles de “penas máximas”, pero la cifra real seguirá siendo un misterio hasta después del fin de los tiempos. No hay actas. No porque un orwelliano aparato de inteligencia los destruyera, no. No hay actas porque en la mayoría de los casos nunca las hubo. Se fusilaba mediante designaciones a dedo. Antes del juicio incluso. Por decreto. Como castigo ejemplarizante. Por prevención. Por odio al pueblo cubano y su anticomunismo natural. Una y otra vez, por “convicción”: es decir, por los cojones del comandante.

En esta lista hay muchos crímenes, con bombas verdaderas y con infartos inverosímiles, cometidos en el exilio. Algunos de mano de los propios diplomáticos cubanos, que portan armas y las disparan en paz, incluso en la más conservadora capital de la civilizada Europa, como hizo Carlos Medina Pérez en el Londres de 1988.

En esa Lista de Castro cayó, en octubre de 2011, en el hospital habanero Calixto García, la líder fundadora del movimiento pacífico pro-democracia Damas de Blanco, la entrañable Laura Pollán, traicionada acaso hasta por los más cercanos a ella. En esa Lista de Castro también cayó, en julio de 2012, en una carretera cerrada al tráfico de las provincias de Camagüey o Las Tunas o Granma —eso nunca lo sabremos, pues nadie tiene el derecho de creer en el reporte forense estatal—, el líder fundador del pacífico Movimiento Cristiano Liberación, el intelectual Oswaldo Payá, junto a su joven colaborador Harold Cepero. Tanto Oswaldo como Laura habían ganado para Cuba el Premio Andrei Sajarov para la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo, en 2002 y 2005 respectivamente.

Eso Fidel no lo perdona. Como no perdona la esperanza de una liberación. Como no perdona que exista un futuro después de él.

Ahora contamos con un testimonio vivo de aquel doble atentado en el oriente cubano, el domingo 22 de julio de 2012. Ese testimonio lo acaba de publicar la editorial madrileña Anaya [http://www.anayamultimedia.es/libro.php?id=3273521].

El libro se llama Muerte bajo sospecha (2014), y es la crónica del crimen en voz del joven político español Ángel Carromero (de las Nuevas Generaciones del Partido Popular), testigo directo de la tragedia, que iba manejando el Hyundai de turismo cuando sobrevino la ejecución extrajudicial, junto a las víctimas mortales Harold Cepero y Oswaldo Payá, y junto al político sueco Jens Aron Modig: otro sobreviviente, pero éste aún negado a decirlo todo, tras declararse “amnésico” de este “accidente” causado, según el Estado cubano, por la “imprudencia” de un chofer “sin licencia de conducir”.

Los hechos. Poco después del mediodía del 22-7-2012, el Hyundai fue sacado de la carretera por otro auto, tal vez en una clásica maniobra PIT. Nadie resultó herido. Enseguida se les encimó un grupo de hombres no identificados y en ropa civil. Los extranjeros fueron reducidos con golpes técnicos y llevados en furgonetas independientes al hospital de Bayamo, ya para entonces tomado por oficiales del ejército y la policía nacional. De los cubanos, poco más se supo. Pero unas horas después, sin atención médica, Harold Cepero y Oswaldo Payá eran los últimos cadáveres del castrismo.

Nada se supo, ni se sabrá nunca, de la identidad de esos “anónimos héroes” que transportaron a los dos sobrevivientes extranjeros. Ni siquiera se indagó por ellos en el juicio que se hizo en Bayamo, acaso pactado entre la Plaza de la Revolución y el Palacio de la Moncloa, donde, meses después, se condenó a cuatro años de cárcel a Ángel Carromero por “homicidio imprudente”. El sueco para entonces ya se paseaba por Suecia, renunciando a su carrera política, mientras que su testimonio era desestimado como “no relevante” por una corte cubana para este “caso común”. De manera que nunca lo llamaron a declarar.

Todo esto se supo desde el inicio, pues Carromero y Modig transmitieron varios sms justo después del crimen, incluso lograron llamar a sus respectivos jefes en Suecia y España —hoy en sospechoso silencio—, antes de que les quitaran los teléfonos extranjeros en el hospital y los mantuvieran incomunicados, a pesar de los reclamos de la familias Payá y Cepero de entrevistarse con ambos.

Lo más siniestro de Muerte bajo sospecha es que se trata del testimonio de un condenado a muerte, pues Ángel Carromero cuenta que, antes de ser finalmente deportado a su patria para expirar su condena en España (en diciembre 2012), un oficial de la Seguridad del Estado cubana le advirtió que si alguna vez contaba la verdad, él también sería ejecutado extrajudicialmente, como Harold Cepero y Oswaldo Payá.

Pueden creerle o no ahora a Ángel Carromero. No importa. Pero hay miles de muertos para sí creerle a ese oficial cubano del horror.

El castrismo únicamente miente en público. En privado, jamás.