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Perkins Rocha

¿Cuánto callar?

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Siempre he sostenido la importancia que representa para una sociedad como la nuestra que sus integrantes activos, los que estén dispuestos a no doblegar su visión democrática de República, sepan utilizar eficazmente los mecanismos constitucionales que nos permiten no legitimar las prácticas abusivas del régimen. Esos mecanismo, los cuales en algunas oportunidades se han convertido en algo menos que formas jurídicas y más formas de desahogo frente a la impotencia que nos genera la actual gobernabilidad, van más allá de las protestas y de la resistencia pacífica y exigen comprender, la dimensión de lo que enfrentamos. 

Frente a la creciente situación conflictiva que se respira en el ambiente, el gobierno ha ido afinando una batería represiva -en lo material y conceptual- que le permita mantenerse a flote en el tsunami social que presagia. Ha venido imponiendo, sin mayor rechazo social, formulas jurídicas terribles, apartadas diametralmente de la naturaleza democrática, haciendo evidente la construcción progresiva de un Estado paralelo al previsto en  la Constitución vigente. Desconsolador como abogado, es presenciar como nuestro más alto Tribunal ha participado activamente en esta fatídica construcción jurídica. Desde aquella sentencia, en la que eufemísticamente se refirió al Estado global (Sentencia Nº 1049, 23/07/2009), cuando en el fondo es el tristemente conocido “Estado total”, el cual puede intervenir directa y abruptamente en cualquier área que así lo considere, “(...) incluso en aquéllas que la doctrina liberal en alguna de sus fases consideró excluidas de la regulación o de la intervención estatal (...)”; hasta la reciente donde consideró que los militares pueden participar en actos políticos pues eso “(...) no constituye un menoscabo a su profesionalidad, sino un baluarte de participación democrática y protagónica (...)”, (Sentencia Nº 651,14/06/2014); el papel cumplido por nuestro máximo órgano jurisdiccional, no ha sido el de poner a la justicia al lado del ciudadano, sino el de maquillar con un barniz de aparente legalidad, la creación de un modelo de estado autoritario, militarista y represivo. Esa estructura pretendida contraria a la democracia, garantiza aliento al fracasado modelo político deseado por el gobierno.

Se ha permitido judicialmente la instauración no del imperio de la ley, sino el imperio de las “medidas administrativas y asegurativas” que directamente el gendarme al frente de este nuevo estado dispone. Así, ayudado por la información de los “patriotas cooperantes” (derivación política del “agente encubierto” que según la Ley Contra la Delincuencia Organizada es “un funcionario de seguridad del Estado que se infiltra en un grupo de delincuencia organizada con el fin de recabar información incriminatoria”) ejecuta detenciones, arrestos, comisos, prohibiciones de ingreso o de salida al país; todas ellas auténticas penas aplicadas al margen del marco constitucional y siendo muchas veces, el cargo más relevante para iniciar estos procedimientos, la previa calificación que de “rebelde” se haga del ciudadano. ¿Rebelde a qué?, pues al modelo político en construcción.

¿Cómo detenerlo? Los civiles tenemos pocas herramientas para ello, pero no por ello menos eficaces. No legitimar, significa no aceptar, no convalidar, no tolerar. Solo mediante conductas materiales que patenticen nuestra voluntad expresa de rechazo a prácticas deleznables y atentatorias a nuestro acervo humano, es como puede evidenciarse esa no legitimación, pues, el silencio de un pueblo, políticamente convalida. En este terreno, vale aquello de que quien calla otorga.