Nunca como ahora la destrucción de las instituciones había pesado tanto. Nunca como ahora la carencia de Estado (secuestrado, claro está, por un gobierno parcializado) la habíamos extrañado tanto. Sí, un Estado, esa majestad de la democracia moderna que se guía por leyes y tradiciones institucionales. Como todo lo hemos cooptado, ahora nos hemos quedado sin árbitros. Esto ya lo sabíamos de antes, pero también antes las grandes diferencias aplacaban el reclamo y lo reducían a gestos de crío. Para sorpresa de sí mismo, el Gobierno es víctima de sus propias temeridades: no puede apelar al Estado que se ha encargado de destruir (un Estado que, dadas las circunstancias, hubiera podido venir en su auxilio, sobre todo cuando todo parece indicar que el Gobierno es minoría). Lo que le quedan son morisquetas institucionales, mascarones de proa: un Tribunal Supremo que sólo representa intereses particulares o un Consejo Electoral que siempre fallará a favor de sus mandantes. Conclusión: la politización de las instituciones ha sido la muerte de las instituciones. Y entonces en períodos de división perfecta entre dos mitades sociales, cuando se tendría que apelar al Estado para dirimir diferencias, sólo nos encontramos con un Gobierno, es decir, con una de las partes. No existe hoy en Venezuela una sola tribuna imparcial que nos auxilie, no existe un solo árbitro. Por eso acudimos a las instancias internacionales, a las muy débiles e interesadas instancias internacionales, que hoy hacen una diplomacia de pacotilla, o más bien de bolsillo: la política se coloca en la despensa, lo más al fondo posible, porque lo que en verdad nos interesa son los negocios.

La nueva mayoría democrática venezolana, cuyo triunfo se ha desconocido porque no tenemos Estado sino Gobierno, sólo se tiene a sí misma. Es, en definitiva, una criatura desamparada, pero con todo y desamparo ha construido lo que ha construido, y a pulso de derrotas y aprendizajes, entendiendo cada vez más que lucha contra un enemigo omnipotente, omniabarcante. Es posible que algún diputado sureño se pronuncie a favor de sus logros, o que algún representante de la OEA recomiende una moción tardía, pero el juego de hoy no es el de los representados (esa mayoría que se decide a cambiar el destino del país) sino el de los representantes, esto es, el de los poderes instituidos, que son los que se sientan en las poltronas y frente a los micrófonos fijan los destinos del continente.

Las instancias internacionales están lejos de entender que los fueros de esta nueva mayoría están en la historia y en la cultura venezolanas, una historia de logros y tenacidades, y una cultura de sacrificios y solidaridades. Esto sólo lo pueden ver o sentir los que se labran un futuro para sí mismos y sus hijos, los que reconocen la tradición institucional que hemos tenido, los que saben que el hiperrentismo es una figura anacrónica, los que entienden que el país todo lo tiene para crear una república de iguales, tanto en lo político como en lo social. Lo demás es asunto de camarillas, de desalmados, de los que ven en las arcas públicas la fuente para llenar sus bolsillos: una tara que nos persigue desde el siglo XIX y que los que hoy nos desgobiernan han convertido en objetivo único.

Los árbitros no los tenemos ni adentro ni afuera. Lo que tenemos más bien es el libre arbitrio de una sociedad decidida a dejar sus lastres históricos, que en mucho la han inmovilizado, para abrazar la causa republicana y conquistar la prosperidad económica. Quien no haya leído el mandato de las urnas, que el Gobierno de facto ha enterrado, también se entierra en las ruinas de la Historia.