• Caracas (Venezuela)

Opinión

Al instante

Miguel Ángel Cardozo

Contra la aniquilación

autro image
  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

En su cuenta de Twitter, @MiguelCardozoM, quien esta columna para ustedes escribe, señaló recientemente que “regular el uso de armas de fuego para el ‘control’ de manifestaciones, sería como regular una agresión sexual ‘progresiva y diferenciada”, añadiendo luego que “sería, en otras palabras, un aberrante respaldo a la comisión de terribles crímenes”.

Esto viene a cuento porque da la impresión de que para aquellos que hoy ocupan puestos clave en instancias del poder público nacional y, por ello, están obligados a cumplir y hacer cumplir todo lo establecido en la Constitución –la venezolana–, no parece tener relevancia la prohibición del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones que claramente se estipula en el artículo 68 de esta.

Incluso algunos, como el ministro de la “Defensa”, pretenden constituirse ahora en las máximas autoridades en lo que a interpretación de la carta magna se refiere, dando a entender con sus declaraciones ante la opinión pública que esa expresa prohibición no es tal y que la inefable Resolución 008610 sí recoge el espíritu constitucional.

Quizás lo que ocurre en realidad es que, a excepción de los funcionarios del régimen, los ciudadanos venezolanos no son capaces de aprehender ese espíritu dadas sus limitaciones para el desempeño de la intrincada labor hermenéutica en cuyos secretos únicamente han sido iniciados los primeros, lo que explicaría que, sin dudarlo un instante y sin objetar la promulgación de la mencionada resolución, el “defensor” del pueblo solo espere una “adecuada” regulación del uso de armas de fuego para el “control” de las manifestaciones que en lo sucesivo se realicen, a fin de que el empleo de la fuerza en estas sea “progresivo y diferenciado”.

Pero más allá de cualquier ironía y del posmoderno oscurantismo socialista, hay una cosa que sí ha quedado muy clara desde hace tiempo y es por ello causa de un profundo y generalizado asco: progresiva –aunque indiferenciada– solo ha sido la franca violación de los derechos humanos en la Venezuela de los tres últimos lustros.

Así que tanto esa nueva trasgresión como los últimos embates contra el empresariado nacional deberían terminar de despertar la conciencia ciudadana de los venezolanos, dado que tales acciones, junto a los otros desmanes que de un modo cada vez más acelerado se han ido sumando a la ya de por sí extensa lista de las atrocidades del régimen, podrían significar la aniquilación de la posibilidad de un futuro decente, próspero y democrático si no se asume de una vez y conjuntamente la tarea de poner coto a los desafueros neototalitarios de quienes, por su avieso proceder, se han revelado indignos de llevar las riendas del país.