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Jesús Ollarves Irazábal

De una amenaza en ciernes, a una amenaza en ejercicio

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La resolución 008610 que establece las Normas sobre la Actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana  (FANB) en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones es incompatible con la Cartamagna.

A pesar de su clara inconstitucionalidad, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, la ha calificado como“un documento hermosísimo" y de "profundo respeto a los Derechos Humanos, a la vida y a los manifestantes".  Además ha dicho que "algunos medios de comunicación se han encargado de  descontextualizar" la citada resolución.

Podría ser útil preguntarnos por qué tanto rechazo. Lo primero que debemos considerar es que la indignación proviene de la base social que protesta. Hombres, mujeres, estudiantes, amas de casa y periodistas que son tradicionalmente quienes han manifestado y han sido reprimidos de forma brutal por la FANB. En segundo lugar, pareciera intrascendente que el “documento hermosísimo” haya sido descontextualizado por algunos medios de comunicación, pues la mayoría de ellos están bajo el control del gobierno; hay un blackout  informativo tan severo que el ciudadano ha tenido que apelar a medios alternativos como twitter y Facebook para formular las denuncias por violaciones a derechos humanos, entre ellas las cometidas por funcionarios militares.

Por cierto, general Padrino, es tan cruenta la persecución contra los venezolanos no alineados con el gobierno que a algunos los hanencarcelado por el simple hecho de aparecer en internet. No son exageraciones, recordemos el caso de Ronny Navarro, el  militante del partido Alianza Bravo Pueblo que fue acusado por la fiscal Andrimar Ramírez Lozano sobre la base del resultado de una información obtenida en Google, el 25 de junio, por el funcionario Eduardo Vargas adscrito al Sebin. Demostrando una extraordinaria habilidad investigativa, pero al margen de la ley, Vargas testificó:  “Se pesquisó (sic) los eventos de calentamiento de calles o presentaciones donde ha estado involucrado el referido ciudadano, realizando un informe detallado de cada una de las actividades donde resalta el ciudadano”.

Tampoco son producto de nuestra imaginación los procedimientos desplegados durante la madrugada del 8 de mayo de 2014 en Caracas por la Guardia Nacional Bolivariana para desmantelar los campamentos de activistas opositores, mayoritariamente estudiantes. Ese operativo militar sin participación del Ministerio Público o la Defensoría del pueblo tuvo como resultado detenciones masivas y arbitrarias de 243 estudiantes.

Fue una razzia indiscriminada. Y usted, general Padrino,  actuando como jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, escribió con en Twitter,: “la operación militar restableció el orden público y el libre tránsito con respeto a los derechos humanos.”

También recordamos el caso de Marvinia Jiménez, aquella joven brutalmente agredida en la urbanización La Isabelica por una funcionaria de la Guardia del Pueblo; del estudiante tachirense Gerardo Carrero, quien acusó al director de investigaciones estratégicas del Sebin, Carlos Calderón, de torturarlo, o el caso de Juan Manuel Carrasco quien fue detenido en Valencia por protestar y acusó públicamente a funcionarios Militares adscritos a la Guardia Nacional de haberlo torturado y metieron por el ano el cañón de un fusil.” 

No se trata de que su “documento hermosísimo" haya sido descontextualizado, el tema es que la sabiduría del pueblo la interpretó en su contexto sociológico e histórico, y como dice el refrán: el picado de culebra cuando ve bejuco se asusta. El  artículo 21 de la Resolución, refiere en su último punto el uso de “armas potencialmente mortales, y los artículos 15 ordinal 9  y  24 el uso de armas de fuego cuando ello sea inevitable. Ambas disposiciones  son indudablemente inconstitucionales.

General Padrino, quizás usted tenga buenas intenciones en cuanto al "profundo respeto a los derechos humanos, a la vida y a los manifestantes” pero el infierno está empedrado de buenas intenciones y de malas acciones. El asunto es que usted estigmatiza al ciudadano que protesta como un enemigo. Como si estuviera en una guerra formal, su objetivo es aniquilar al ciudadano que protesta.

Recordemos el acto de conmemoración del 203 aniversario de la firma del Acta de Independencia que se llevó a cabo el 5 de julio en la Asamblea Nacional. En aquel evento proselitista donde participaron  otros militares, usted fue el orador de orden. Recordemos que, precisamente, utilizó la palabra “enemigos”, y citó a don José de Sata y Bussy, a quien identificó como un sargento de artillería firmante del Acta de Independencia: “Dichoso el Estado militar si sus armas se enmohecen en medio de una profunda e inalterable paz, dichoso él si jamás necesita la patria de su funesto ministerio, pero si el destino lo ordena de otra suerte, si los enemigos exteriores o interiores se oponen a tus santos designios, él protesta ser el apoyo de la libertad, el terror de la ambición y el destructor de la tiranía”.

Era una clara amenaza, que luego complementó con una frase que se supone era de su autoría: “Cuando la conciencia revolucionaria es frágil, cuando los intereses individualistas se imponen, cuando el Estado se debilita, cuando los antivalores penetran las bases, nuestras bases de la juventud, surgen hombres y mujeres que vacilan, las opiniones se dividen, las pasiones las agitan y los enemigos los animan para triunfar. Tengámoslo presente”. 

Aquel discurso era una amenaza en ciernes, pero hoy la resolución 008610 es una amenaza en ejercicio, una amenaza concreta. Se nos está diciendo que, no obstante el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, se utilizarán armas de fuego en contra del ciudadano que manifieste su descontento en la calle.

En mi artículo titulado “Los enemigos de Vladimir Padrino” publicado por este diario el 10 de julio 2014, me preguntaba quienes eran los que el general pretendía aniquilar. En mis especulaciones incluía  a los ex ministros y hasta hace poco incondicionales chavistas Jorge Giordani y Héctor Navarro, que osaron cuestionar el liderazgo del presidente Nicolás Maduro; a los jóvenes que mediante una educación de calidad se podían convertir en escuálidos; a los ciudadanos hartos de hacer cola para conseguir papel toilette, y a los promotores de la protesta ciudadana. Hoy todo está más claro y peligroso: sus enemigos somos y seremos quienes nos atrevamos a ejercer la protesta social.

Antes de que se publicara la resolución, la  FANB no fue capaz de garantizar los derechos humanos, el orden público, ni la paz social. Por el contrario, un grupo de funcionarios militares violadores de derechos humanos la han avergonzado. Muchos se olvidaron de la sentencia del Libertador Simón Bolívar: “Maldito el soldado que dispare contra su pueblo".

Los venezolanos no necesitamos “documentos hermosísimos” para garantizar el respeto a los Derechos Humanos, a la vida y a los manifestantes. En esta materia hay documentos verdaderamente admirables: la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las resoluciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones, las sentencias de tribunales nacionales e internacionales contra bárbaros como Klaus Barbie, Augusto Pinochet, Jorge Videla, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Estos  si son instrumentos preciosos que han permitido que las víctimas de torturas y violaciones de derechos humanos logren justicia y que no se perpetúe la impunidad.

Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cantoral Benavides Vs. Perú, estableció que “los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.

General Padrino su militancia con el PSUV lo tiene omnubilado, lo ha colocado como promotor del aniquilamiento del ciudadano que protesta en ejercicio de su legítimo derecho a hacerlo.