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Jesús Ollarves Irazábal

El agua no es una dádiva es un derecho humano

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El acceso al agua potable es un tema del mayor interés público que nos concierne a todos, y al cual no se le ha prestado suficiente atención. La población de la gran Caracas ya tiene casi tres meses soportando su escasez. No se trata de un simple racionamiento derivado de las sequías, es una crisis de abastecimiento que obedece a la falta de planificación del Gobierno Nacional, al incumplimiento del plan de racionamiento de Hidrocapital y, a la falta de inversión para ampliar el servicio del vital líquido.

Es un servicio que tenemos que pagar, y paradójicamente, es más caro que la gasolina; no es un lujo del que podamos prescindir, sino una necesidad vital que debemos satisfacer todos los días.

La escasez de agua potable y la falta de adopción de políticas públicas correctas ha incidido en el menoscabo de otros derechos fundamentales del ser humano, por ejemplo: la vida, salud, alimentación y educación, ello se evidencia cuando en los hospitales se limitan los servicios de atención primaria y las cirugías, en los centros educativos las clases son suspendidas, en los lugares de almacenamiento, distribución y mercadeo de alimentos se paralizan las actividades por el riesgo a ser contaminados.

La crisis se convirtió en un negocio. Los usuarios para lograr el abastecimiento de un poco de agua, se ven obligados a comprar los escasos tanques y equipos hidroneumáticos, existentes en el mercado, cuyos precios oscilan entre 5.000 y 15.000 bolívares. Los que tienen menos poder adquisitivo deben pagar hasta 1.500 bolívares por un camión cisterna o 35  bolívares por llenar un pipote mediano con agua que les dura, en el mejor de los casos, medio día.

El agua no es una mercancía. Es un derecho humano reconocido en la Constitución venezolana, y el 8 de abril de 2011 el Consejo de Derechos Humanos señaló que se deriva de los derechos a un nivel de vida adecuado y a la salud física y mental, a la vida y la dignidad humana.

El Estado debe garantizar que todas las personas dispongan de agua suficiente, limpia, y accesible para el uso personal y doméstico. El derecho a disponer de agua potable está relacionado con la cantidad de agua necesaria para cubrir las necesidades básicas de subsistencia, dada la evidente importancia del agua para la supervivencia básica y la necesidad de ejercer derechos humanos como el de la alimentación y el de disponer de un nivel de vida adecuado.

Las autoridades venezolanas, y muy especialmente Hidrocapital deben atender los requerimientos de la población, sin discriminación, y con especial cuidado a las comunidades vulnerables y marginadas, pues la falta de acceso al agua potable pone en peligro la vida de las personas. No se debe ignorar que el agua, las instalaciones y servicios deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población.

El Estado venezolano está en la obligación de impedir que particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al acceso al agua potable, y lo conviertan en un negocio.

Lo que se espera en realidad es que todas las personas puedan acceder a un suministro de agua suficiente, y no contaminada en cada hogar, institución educativa, lugares de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Para ello, el Estado deberá ampliar el sistema de abastecimiento de agua, incorporar fuentes adicionales a los sistemas existentes, incrementar el trabajo técnico y la inversión. Por su parte, Hidrocapital deberá garantizar con eficiencia el suministro, administración, y rehabilitación de los sistemas de distribución de agua potable.

No hay que olvidar que frente a un problema tan apremiante para nuestra sociedad, los aspectos relativos al agua potable deben comprenderse no como un lujo sino como una necesidad básica; el acceso al agua limpia no es una dádiva ni una concesión del Estado, es un derecho humano fundamental que se debe respetar y garantizar.