• Caracas (Venezuela)

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Héctor Faúndez

El acordeón

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En la estructura constitucional, la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole tiene una importancia fundamental. La Constitución de Venezuela prohíbe expresamente la censura, y no permite que la libertad de información se pueda suspender ni aún en casos de estado de excepción, cuando la seguridad de la nación pueda estar en peligro. Pero, ignorando todo lo anterior, basándose en el artículo 234 de la Lopna y con el pretexto de proteger a los niños, una juez, cuyo nombre no interesa, acaba de dictar una sentencia prohibiendo que El Nacional y Tal Cual publiquen, entre otras cosas, imágenes de contenido violento. No está claro si esa prohibición incluye imágenes violentas de actos terroristas, que tengan lugar en Venezuela o en el exterior, o si incluye imágenes de torturas practicadas por algún Gobierno extranjero, como Estados Unidos o Israel.

Es innecesario recordar que, en Venezuela, se cometen alrededor de veinte mil asesinatos por año, y que esa violencia no es responsabilidad de los fotógrafos que la registran en imágenes, ni de los medios que reproducen esas imágenes. Tampoco hay que recordar que esa violencia ha sido estimulada desde la cúpula del Gobierno, con un discurso de odio que no tiene parangón en la historia de Venezuela. Esa violencia, de la que no están exentos los niños, es un asunto del mayor interés público; ella no va a desaparecer porque alguien pretenda ignorarla. El Estado tiene el deber de combatirla y garantizar la seguridad de todos; pero, como sociedad, los ciudadanos tenemos derecho a conocer sobre sus causas y sus dimensiones, así como sobre la ineptitud de quienes deberían erradicarla.

La fotografía cuestionada no solo daba cuenta de la violencia que azota a Venezuela, sino de la forma en que el Estado trata a las víctimas de la misma y del estado de abandono en que se encuentra la morgue de Bello Monte. Todo eso es de interés público, y una fotografía lo explica mejor que mil palabras; esa imagen respaldaba y le daba credibilidad al texto de la información. Las fotografías son una forma de expresión y, como tal, están protegidas por la Constitución nacional; además, los niños también tienen derecho a la información, por desagradable e incómoda que ésta pueda ser. Los niños no son ciudadanos de segunda, que deban permanecer ignorantes de lo que les espera en el mundo real.

Aparentemente, la juez no se percató que la disposición legal invocada en la sentencia que comentamos es aplicable a medios radioeléctricos, con modalidades que no implican censura previa y que, por ende, en ese aspecto no violan la Constitución. Además, al dar primacía a una disposición legal por encima de la Constitución y de tratados ratificados por Venezuela, esta sentencia desconoce los principios relativos a la jerarquía de las normas jurídicas. Pero cuesta creer que un fallo de esta naturaleza, incapaz de distinguir entre la regulación de los medios radioeléctricos y los medios impresos, que ignora principios de hermenéutica y disposiciones constitucionales básicas, sea el producto de la mera ignorancia y de una formación jurídica deficiente.

Pareciera que, durante este gobierno, muchos jueces se han sentido tentados a interpretar la Constitución como si fuera un acordeón, que se puede estirar o encoger a placer; pero una Constitución es un pacto para la convivencia democrática, que no se puede utilizar acomodaticiamente para complacer al Gobierno de turno. Charles Evans Hughes sostenía que la Constitución es lo que los jueces dicen que es; pero en esa afirmación no había ni cinismo ni ironía; sin duda, él estaba pensando en jueces con una sólida formación jurídica, y no en escribientes al servicio de un proyecto político.