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Jair de Freitas

Vuelta al tripartismo laboral

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Actualmente en Venezuela coexisten 129 normas vigentes que directa o indirectamente refieren al derecho laboral y seguridad social. Esto sin contar, Convenios y Recomendaciones de la OIT, otros Tratados Internacionales, ni las normas técnicas sobre seguridad y salud laboral. Prácticamente 95% de esas normas tienen una vigencia inferior a 15 años y totalizan más de 150 obligaciones para el patrono o empleador. Del total de decisiones dictadas en el mismo período por las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia más de 4.000 interpretan de modo directo el régimen jurídico laboral con una alarmante tasa de contradicción que ronda 8%.

Todo ese tinglado jurídico ha servido de poco para evitar el deterioro en el ámbito de las relaciones de trabajo. En efecto, un sistema laboral eficiente fomenta la creación permanente de plazas de trabajo, en condiciones de prestación de servicios dignas, con salarios justos que permitan el acceso a la propiedad privada, generando desarrollo y bienestar entre los habitantes de un país con un sistema autosustentable de protección frente a las contingencias de la Seguridad Social. Nada de eso está pasando en nuestro país.

La verdad es que el diseño, implementación, seguimiento y ajustes de la política laboral no debe sujetarse a la comunión ideológica de sus recipiendarios, filiación partidista, ni hacerse de espalda a los actores laborales. Por eso es que durante el año 2013 el Comité de Libertad Sindical, consideró preocupante “la aprobación sin consulta tripartita de numerosos decretos-leyes presidenciales o leyes que afectan a los intereses de los empleadores y sus organizaciones” y la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT no titubeó en afirmar que la LOT vigente colisiona con el Convenio 87 relativo a la Libertad Sindical.

En días pasados, la 320ª Reunión del Consejo de Administración de la OIT hizo público el informe de la misión tripartita de alto nivel que estuvo presente en Venezuela durante la última semana del mes de enero de este año. Más allá de las evidentes diferencias que los actores laborales tienen sobre el país, el documento destaca el llamado que se hace al Gobierno Nacional para que retome la senda del diálogo social tripartito, muy especialmente con Fedecámaras, cuestión especialmente difícil de cumplir para un régimen que le tiene alergia al término y que descalifica cualquier fórmula de disidencia.

Sin embargo, esta vez las variables económicas no permiten el lujo de actuar sin el concierto de voluntades de patronos y trabajadores. Piense usted en las interrupciones productivas asociadas a la crisis actual y cómo esto mantiene en jaque a los empleos existentes, o en la acentuada inflación que acaba de renovar sus votos con los recién aparecidos productos de la canasta alimentaria en ajustes que oscilan entre 165% y 300%. O en el nuevo lunes negro que tras la aplicación de la tasa de cambio del Sicad II, reafirma lo que he sostenido sobre el salario mínimo nacional en otros artículos publicados en El Nacional: nuestra posición en Latinoamérica es la decimoctava entre veinte países y solo estamos por delante de Cuba y Haití.

Añada a lo anterior que el ajuste de la unidad tributaria de este año se hizo de espaldas a la normativa vigente, lo cual se tradujo en que el beneficio de alimentación promedio mensual de los trabajadores oscile entre 700,00 bolívares y 1.400,00 bolívares cuando en realidad tendría que estar entre 900,00  bolívares y 1.800,00 bolívares. La conclusión es obvia: el presidente obrero toma decisiones que empobrecen el bolsillo de todos.

Ante este panorama, es probable que la nueva fijación del salario mínimo coincida con la próxima efeméride laboral: el primero de mayo. Lo irónico es que aun cuando el actual artículo 129 de la LOT le permite al Ejecutivo Nacional decretar ajustes salariales sin concertación social, al menos por esta vez, todo hace suponer que experimentaremos la vuelta al tripartismo laboral.