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Vladimir Villegas

Volver a la política

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La derrota de la violencia y el retorno a la política tienen que ser al menos dos de los saldos que deje esta dolorosa coyuntura que vive Venezuela, marcada por la muerte de más treinta personas, la absoluta mayoría jóvenes, cuyas vidas no podrán recuperarse jamás, y por un recrudecimiento de una polarización que asume ribetes de peligrosa irracionalidad.

Estamos en una hora terrible, con muchos tropiezos que impiden el inicio del diálogo entre el gobierno y los factores sociales y políticos que han venido manifestando en las calles su inconformidad con el estado de cosas en el país. Ha habido represión, y no pocos casos de abusos contra los derechos humanos, de detenciones arbitrarias, y de agresiones tanto a manifestantes como a periodistas, tal y como lo han denunciado tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas. Eso no se puede tapar con un dedo. Y esperamos que sean señalados, capturados y enjuiciados todos los responsables de cada una de las muertes ocurridas desde el 12 de febrero.

En días recientes conversé con la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, sobre el caso de seis estudiantes detenidos el 12 de febrero, el cual está rodeado de un conjunto de irregularidades que deben ser investigadas exhaustivamente. Hay elementos preocupantes en cuanto a maltratos físicos y manipulaciones de las actas policiales. Ese y todos los casos similares tienen que ser investigados con rigurosidad.

La semana pasada fueron detenidos los alcaldes Enzo Scarano, de San Diego, Carabobo, y Daniel Ceballos, de San Cristóbal, estado Táchira. El primero de ellos ha sido condenado a diez meses de cárcel y destituido del cargo. No soy abogado, pero el más elemental sentido de la lógica y de la justicia indica que su derecho a la defensa y al debido proceso ha quedado en entredicho. No creo que destituir un alcalde electo con los votos del pueblo pueda decidirse mediante procedimientos expeditos. Ambos, al igual que cualquier venezolano, merecen un juicio justo y que no arroje ninguna sombra de dudas.

En medio de este cuadro tan complejo es necesario hacer puntualizaciones. Es inaceptable que una protesta pacífica reciba el mismo trato que una dominada por formas de lucha violentas. La manifestación pacífica es un derecho constitucional y el gobierno tiene que respetarla. Y las manifestaciones violentas, en las cuales se irrespetan derechos del resto de los ciudadanos y se causan daños a bienes públicos y privados, y se promueven salidas no democráticas ni constitucionales, no pueden ser justificadas o minimizadas bajo el justificativo del descontento. El uso de armas de fuego en manifestaciones no puede quedar impune. Eso vale tanto para los casos de civiles y militares víctimas de disparos.

Aquí una parte del liderazgo opositor le da aliento a la violencia con subterfugios retóricos, y otra se ha desmarcado pero sin la suficiente contundencia, tal vez con la idea de que debe preservarse la unidad incluso con esos factores extremistas que utilizan el chantaje político contra quienes, aun siendo adversarios claros y decididos del gobierno, no comparten la idea de promover palos a la lámpara. Por fortuna, creo que ya viene ganando terreno la idea de impedir que una minoría radicalizada siga imponiéndose y repitiendo errores que han sido altamente costosos para los partidos y movimientos cuestionadores del chavismo.

El diálogo tiene enemigos en los extremos. No ha sido ni será fácil generar un espacio de confianza que permita procesar las diferencias en un clima de respeto y reconocimiento del otro. Pero hay que seguir insistiendo. Ojalá que la llegada de los cancilleres de Unasur contribuya decididamente a alcanzar ese objetivo. El tiempo, en situaciones como las que vivimos en Venezuela, no se cuenta en días y horas, sino en muertes que han podido evitarse. No demoremos más el inicio del diálogo.