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José Rafael Revenga

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”

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“La vergüenza es ira

Vuelta contra uno mismo

Si

Una nación entera se avergüenza

Es león que se agazapa

Para saltar”

 

Octavio Paz

(Nueva Delhi, 03.10.1968)


Uno hubiera pensado que una masacre tan innecesaria y despiadada como aquella  infame  Noche de Tlatelolco  del miércoles 2 de octubre de 1968 nunca jamás volvería e enlutar a México.

Trágicamente, a casi medio siglo de aquella, la conciencia del pueblo mexicano así como la  de quienes se ubican en  cualquier longitud y latitud, se estremece con una nueva matanza casi imposible de comprender y que, de ser posible, supera en su inhumanidad a la anterior.

La noche de Tlatelolco

Aquella fue dirigida contra unos 10.000 estudiantes, vendedores ambulantes, transeúntes, amas de casa, ferrocarrileros concentrados en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México,  convocados por el Consejo Nacional de Huelga en aquel año agitado por revueltas de los jóvenes desde París hasta Tokio pasando por Berkeley y Praga.

El relato temporal de la tragedia en Tlatelolco se inicia con la confusión y temor generados por unas luces de bengala que desencadenan el pánico entre los manifestantes y la instintiva reacción de los 5.000 soldados apostados quienes “sin advertencia ni previo aviso comenzaron a disparar... Los disparos surgían por todos lados, lo mismo de lo alto de un edificio de la Unidad Tlatelolco que de la calle donde las fuerzas militares en tanques ligeros y vehículos blindados lanzaban ráfagas de ametralladora casi ininterrumpidamente…”.

En total, más de 300 muertos y miles de heridos y una herida profunda e imborrable laceración en el sentir colectivo de los mexicanos.

¿Por qué? 

La reconocida autora mexicana Elena Poniatowska, Premio Cervantes 1963, reflexiona en su libro de 1971 sobre el por qué de la violencia ciega:

“Posiblemente no sepamos nunca cuál fue el mecanismo interno que desencadenó la masacre de Tlatelolco. ¿El miedo? ¿La inseguridad? ¿La cólera? ¿El terror a perder la fachada? ¿El despecho ante el joven que se empeña en no guardar las apariencias delante de las visitas?... Posiblemente nos interroguemos siempre junto con Abel Quezada. ¿Por qué? La noche triste de Tlatelolco —a pesar de todas sus voces y testimonios— sigue siendo incomprensible. ¿Por qué?  Tlatelolco es incoherente, contradictorio”.

La decisión ultima la toma de manera casi totalmente aislada el presidente Gustavo Díaz Ordaz. El escritor mexicano Enrique Krauze,  al consultar los documentos personales inéditos del presidente, es quien se ha acercado más a la verdad histórica  que permite una primera respuesta al  por qué.

La lección no aprendida

 En la lectura dos motivos impresionan a Krauze:

“La marcada inclinación de Díaz Ordaz a ver huellas de una conjura contra México en cada minucia y la mala información con que contó para tomar sus decisiones. En el marco de un sistema  que concentraba el poder absoluto en el presidente, ambas condiciones –la paranoia y la distorsión- contribuyeron decisivamente a la tragedia”.

“Pero para Díaz Ordaz la conspiración era un hecho incontrovertible, peligrosísimo e  inminente. A partir de esa premisa, tomo la resolución de llegar hasta las últimas consecuencias, como informo con ominosa claridad el 1º de septiembre”.

“Pero la desinformación o, peor aun, la distorsión informativa no fue solo responsabilidad suya sino de sus ministros, y muy en particular del secretario de Gobierno, Luis Echeverría, (presidente 1970-1976) que era –según los más diversos testimonios e indicios- su principal fuente de noticias. Díaz Ordaz no manejaba idiomas, desconfiaba de la prensa internacional, desprecia a la mexicana y escuchaba a muy pocas personas. Estaba aislado, pero el secretario de Gobernación tenía su confianza. Por desgracia, la información que le transmitía no era fidedigna, y con toda probabilidad no lo era a sabiendas”.

Las anteriores reflexiones de Paz, Poniatowska y Krauze han debido quedar como lecciones primarias para cualquier aspirante a ejercer la primera jefatura de la nación mexicana.

No ha sido así.

Los 43 desaparecidos

El pasado 26 de septiembre desaparecen 43 jóvenes estudiantes de magisterio  de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado mexicano de Guerrero secuestrados por la policía de Iguala. Siete semanas más tarde, hasta el día de hoy, ese el único dato cierto en una asombrosa secuencia marcada por una total indiferencia y desatención de parte de las autoridades locales y federales a pesar de una tempestad de indignación que sacude a la opinión pública.

Finalmente,  a seis semanas de la desaparición,  la irrealidad, debida a la inacción de las autoridades haciendo caso omiso del acontecimiento, toca tierra en una rueda de prensa dada por el procurador general de la República el viernes 7 de noviembre en la cual relata lo que supuestamente sucedió en base a las declaraciones de dos de los detenidos cuya culpabilidad no ha sido probada.

Sin embargo, nada queda esclarecido a pesar de los macabros detalles expuestos.  A ciencia cierta no hay pruebas y las presentadas no logran vencer la incredulidad  de los padres ni la de la gran mayoría de los mexicanos. La supuesta incineración de los cadáveres en el basurero de Cocula convenientemente hace imposible la identificación científica de los restos calcinados.

La única información fehaciente es que los 43 normalistas rurales fueron secuestrados el 26 de septiembre por la policía de Iguala y Cocula  en el estado de Guerrero, y entregados a una banda –los Guerreros Unidos- de las que ahora los comentaristas denominan “ultraviolentas” en obvia complicidad con los uniformados en materia de extorsión.

El “crimen” cometido por los maestros era haber organizado una protesta pública en contra del alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. Los estudiantes, en ese entonces, argumentaron que se dedicaban a recaudar fondos para la escuela. Solo seis semanas después del acontecimiento fue detenida, en Izatapalapa, Ciudad de México, la pareja Abarca/Pineda.

La irresponsabilidad del presidente

La responsabilidad fundamental recae sobre el actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Su gestión iniciada en 2013, después de haber sido gobernador del estado de México,  marca el regreso del PRI al poder después de un intervalo de 12 anos. Se ha caracterizado por una lasitud en domar a una violencia estructural enraizada en la vida diaria de la mexicanidad y desatada por los narcotraficantes y secuestradores para quienes cavar una fosa y arrojar en  ella un centenar de víctimas es un protocolo de acción sin miramientos y sin consecuencias.

El resultado es un estado de crispación que los medios titulan “México en llamas”.

La consternación popular ha llegado al extremo de una manifestación en la plaza del Zócalo el sábado  8 de noviembre la cual degenera en un intento de quemar una puerta del Palacio Nacional. 43 organizaciones civiles, número correspondiente al de los desaparecidos, han organizado el movimiento 43x43 el cual se desplazó en caravana durante seis días para recorrer los 200 km desde Iguala hasta la capital.

La opinión pública se resiste a creer en la muerte de los desaparecidos y exige al Gobierno el rescate de los jóvenes los cuales casi ciertamente si fueron asesinados. El pedimento radical de los familiares surgido de una tragedia colectiva,  hace casi imposible la resolución satisfactoria del caso policial de identificar las supuestas víctimas, apresar y juzgar a los secuestradores potenciales asesinos. Por lo menos, el procurador reveló con fundamento que los cadáveres encontrados en otras diez fosas no correspondían a ninguno de los 43 desaparecidos.

Al final de su intervención, el funcionario se expresó con la frase más verosímil de toda su exposición: “Ya me cansé”.

Mientras tanto, numerosas movilizaciones tienen lugar en varias ciudades. Por ejemplo, en Chilpancingo, capital del estado Guerrero, personas encapuchadas atacaron las instalaciones del Palacio de Gobierno y unos 600 maestros incendiaron la sede del Congreso y la Contraloría de la Secretaria de Educación.

Con la multiplicación y radicalización de las protestas el turismo empieza a verse afectado gravemente: la tasa de ocupación hotelera en Acapulco ha descendido a 20%  y las visitas de los cruceros en 2014 ha caído a cinco en comparación con las 180 hace 3 años.

El representante de los padres de los estudiantes desaparecidos dio a conocer la lógica que fundamenta la esperanzadora expectativa:

“No creemos en el gobierno mexicano porque definitivamente pues si en verdad los estuvieran buscando ya los hubieran encontrado. Son 43 muchachos. Es imposible no saber con todo el poder y los elementos que tiene el gobierno federal”.

El miércoles 12 de noviembre el Equipo Argentino de Antropología Forense contratado por las familias de los desaparecidos, reveló que los restos hallados no pertenecen a los normalistas. El equipo está integrado por especialistas provenientes de  Argentina, México, Uruguay, Colombia, Francia y Estados Unidos.

Obviamente, la tragedia de los normalistas da lugar a una grave crisis política en México la cual parece no ser percibida por el presidente Peña Nieto quien por primera vez se refiere al caso 11 días después del suceso y se toma 33 días para celebrar un primer encuentro con los padres de los desaparecidos sin todavía haberlos visitados en el estado de Guerrero.

La respuesta del presidente ha sido vaga y convencional frente a una indignación colectiva que aumenta en intensidad y profundidad. Peña Nieto se ha limitado a convocar a todos los poderes oficiales, los partidos políticos y las organizaciones humanitarias a un diálogo para realizar “cambios de fondo” no especificados: “Como lo he reiterado en distintos espacios, no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”. 

Es motivo de debate cuantas nuevas fosas han de ser cavadas para que el Estado mexicano actúe con eficacia frente a lo que el Papa Francisco calificó, en su audiencia general del 12 de noviembre, como la “dramática realidad” y la “criminalidad” que subyace al tráfico de drogas.

La irresponsabilidad y/o la complicidad cavan fosas para las víctimas

El caso del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, con la complicidad de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, era bien conocido. El apoyo del crimen organizado junto con el Partido de la Revolución Democrática para su candidatura en las elecciones municipales de julio de 2012 era asunto presente en la opinión pública.

Desde 2009 la información de los nexos de los dos hermanos de María de los Ángeles con uno de los más poderosos narcocarteles -Guerreros Unidos- de México se encontraba registrada en la Procuraduría General de la República. No obstante, ni las autoridades federales ni el PRD, liderado por Andrés Manuel López Obrador (candidato presidencial en el 2006 y 2012) actuaron. El PRD surge en 1989 producto de una amalgama inestable de expriistas, trotskistas, socialistas e izquierdistas pragmáticos liderados por la Nueva Izquierda.

Este caso demuestra trágicamente como la narco-corrupción penetra los procesos electorales y genera complicidades que terminan en todo tipo de pestilencias. La inacción gubernamental derivada de la indiferencia o de la ineptitud promueve  los peores abusos contra los derechos humanos.