• Caracas (Venezuela)

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Vladimir Villegas

Violencia: un peligroso ingrediente

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La protesta es un derecho universal.  Es parte de la democracia, es una forma de expresión inherente al ser humano. Sin la inconformidad la humanidad no habría avanzado hacia nuevos estadios de desarrollo.  Así que no tiene nada de particular que la gente descontenta  lo manifieste, y estas expresiones también sirven de termómetro para que quienes tienen el poder sepan medir sus decisiones e incluso puedan rectificar aquellas que sean erradas, inoportunas o injustas.

El problema surge con las agendas que involucran el uso de la violencia como forma de lucha, y con lo que puede estar detrás de una protesta inicialmente concebida para lograr un objetivo de orden reivindicativo e incluso político. Por ejemplo, es absolutamente  justificable que el movimiento estudiantil exija respuestas del  Ejecutivo  frente a la inseguridad que ya ha tomado incluso las instalaciones de instituciones educativas, escuelas, liceos y universidades. Pero sería mentir si negamos que por primera vez en mucho tiempo se está haciendo un esfuerzo coherente por enfrentar la  inseguridad con el concurso de los tres niveles de gobierno, y que ello tiene su expresión en varias iniciativas concretas en las cuales participan alcaldes y gobernadores identificados con la Mesa de la Unidad Democrática.

Lo ocurrido en el estado Táchira enciende señales de alarma. El ataque violento e irresponsable contra  la residencia de Gobernadores, donde se cumplen labores de atención a personas con necesidades especiales,  es una muestra de cómo se puede ir de las manos una protesta que puede ser muy justa, pero que termina sirviendo de instrumento a sectores que apuestan a una  reedición de hojas de ruta como las que llevaron a los terribles acontecimientos de abril de 2002, y a la paralización del país meses  más tarde.

No haría tal señalamiento si en  el ambiente no estuviese tomando cuerpo la idea de que todo se resuelve con  una salida del gobierno por “vías rápidas” de dudosa consistencia constitucional, tratando de reeditar lo que se ha puesto en práctica en otras latitudes. El propio gobernador mirandino Henrique Capriles Radonski ha sido muy claro y directo al deslindarse de esas iniciativas que según él mismo ha dicho llevan a un callejón sin salida.      

Si a los graves problemas que tenemos en el país le sumamos un ingrediente  de esa naturaleza  no habría que ser un genio o adivino para pronosticar escenarios absolutamente indeseables, y por ello es que el movimiento estudiantil, sector que por su propia naturaleza e historia es cuestionador y crítico, debe  saber identificar a tiempo  la mano que mece la cuna, para no terminar siendo utilizado como tonto útil o carne de cañón de quienes nunca ponen los muertos, los presos ni los heridos.

Condeno cualquier tentativa que pueda surgir de reprimir protestas pacíficas, pero a la vez insisto en  repudiar la violencia que se alimenta para reeditar un clima de desestabilización política. Por supuesto que llamo al gobierno a propiciar espacios de diálogo con los estudiantes, incluso con quienes en su seno creen que la violencia es el camino. Esa no es una petición difícil de cumplir para un gobierno conformado en un importante porcentaje por ex dirigentes estudiantiles. Pero los factores opositores que buscan calentar la calle con el objetivo  de saciar su impaciencia por tomar el poder también están obligados a meterle buenas dosis de serenidad y responsabilidad política a sus cálculos. No basta luego condenar la violencia cuando   sea demasiado tarde para recoger  velas.