• Caracas (Venezuela)

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Maritza Izaguirre

Violencia y derrumbe institucional

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Las cifras no mienten, como país estamos atravesando una etapa oscura, marcada por una violencia inusitada que condena a los venezolanos al enfrentamiento diario, con agresiones de todo tipo: la verbal, contenida en las declaraciones oficiales, donde todo el que piensa distinto es atacado y condenado. Los robos, asaltos y secuestros que acompañan el tránsito cotidiano y los cada vez más frecuentes homicidios, acciones en las que se pierden vidas y patrimonio, todo ello marcado por la elevada impunidad ante el delito cometido.

Los diagnósticos realizados indican que entre los diversos factores presentes en el problema destaca el deterioro de nuestras instituciones, en especial aquellas relacionadas con la transmisión temprana de los valores que constituyen las reglas básicas de la convivencia ciudadana.

Así, la fractura de la estructura familiar, el rompimiento de la estrecha relación que existía entre vecinos, la falta de una educación inicial de calidad, con docentes calificados y comprometidos, la ausencia de autoridad y el deterioro del entorno, impiden a los niños y jóvenes habitantes de nuestras comunidades, entre otros, la adquisición de los patrones de conducta que aseguren el compartir las normas y reglas que faciliten la vida en común. Resolviendo en forma civilizada los problemas que surgen de la convivencia, sancionando las conductas violentas y premiando el buen comportamiento.  

De allí la urgencia de lograr acuerdos básicos como sociedad para enfrentar el problema existente. Exige, por lo tanto, el diseño de una estrategia concertada entre todos, en especial con los que detentan la autoridad. Las acciones a tomar van más allá de la convocatoria a reuniones formales. Lo relevante es establecer un verdadero diálogo, que facilite conocer diversas experiencias, aprender de ellas y lograr los consensos necesarios para compartir una estrategia común, que permita acordar el contenido del marco institucional, objetivos y metas, medios a utilizar, organizaciones responsables, y lo más importante, con qué recursos humanos se contará para ejecutar programas y proyectos complejos por las múltiples dimensiones que deben abarcar.

Lo anterior exige el compromiso del alto gobierno, puesto que la seguridad, como responsabilidad constitucional, implica la debida coordinación entre los poderes públicos, responsables de la seguridad ciudadana, y para ello se requiere actuar con serenidad, sin odio y desprecio al que piensa distinto, ya que se requiere del esfuerzo compartido por todos para atacar el problema que nos aqueja.