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Simon Johnson

Verdades desde la cúpula

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No es habitual que un alto funcionario de gobierno produzca un escrito corto, claro y analítico. Es algo incluso más inusual cuando el argumento oficial va al meollo del asunto e implica una devastadora crítica a la situación existente.

En un discurso pronunciado el 24 febrero, Thomas M. Hoenig, vicepresidente de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) de EE UU, hizo exactamente eso. Estas cuatro páginas no solo son de lectura obligatoria para los responsables de políticas en todo el mundo, sino para todos quienes se preocupen por el destino del sistema financiero mundial.

Hoenig, ex presidente del Banco de la Reserva Federal de la Ciudad de Kansas, dedicó su carrera a trabajar en cuestiones relacionadas con la regulación financiera. Se comunica eficazmente con una amplia audiencia y no es necesario entender de cuestiones técnicas financieras para comprender los puntos principales que plantea.

Uno de esos puntos es que el capital social de las mayores empresas financieras del mundo solo representa 4% de sus activos totales. Como el capital social es el único amortiguador real contra pérdidas en estas corporaciones, esto significa que una caída de 4% en el valor de sus activos destruiría totalmente el valor de las acciones y llevaría a las empresas al borde de la insolvencia.

En otras palabras, se trata de un sistema frágil. Lo que es aún peor, el tratamiento regulatorio de los derivados y el financiamiento de las grandes instituciones financieras complejas –los megabancos mundiales– exacerba esta fragilidad. Tal vez estamos avanzando en la dirección correcta –es decir, hacia una mayor estabilidad–, pero Hoenig se muestra escéptico sobre la velocidad del avance.

Como destaca, los estudios relevantes muestran que los megabancos reciben grandes subsidios gubernamentales implícitos y esto los alienta a mantener su gran tamaño... y a asumir enormes riesgos. En principio, se suponía que esos subsidios se discontinuarían a través de medidas resultantes de la legislación para la reforma financiera Dodd-Frank de 2010. En la práctica, esos subsidios –y las políticas que los posibilitan– están firmemente enraizados.

Los hechos pueden resultar alarmantes. En 1984, Estados Unidos contaba con un sistema financiero relativamente estable en el cual los bancos pequeños, medianos y grandes (según el criterio de la época) tenían participaciones relativamente iguales en los activos financieros estadounidenses. (Las definiciones precisas pueden consultarse en el cuadro de Hoenig). Desde mediados de la década de 1980, la participación en la asignación de créditos de los grandes bancos aumentó dramáticamente; el significado de «grande» cambió y el tamaño de los bancos más importantes es mucho mayor respecto del tamaño de la economía (medido, por ejemplo, según el PBI anual). Según Hoenig, “si incluso solo uno de los cinco mayores bancos cae, devastaría a los mercados y la economía”.

La legislación Dodd-Frank especifica que todos los bancos –sin importar su tamaño– deben poder quebrar sin causar trastornos masivos. Si las autoridades –específicamente, la Reserva Federal y la FDIC– determinan que esto no es posible, tienen el poder legal para obligarlos a cambiar la forma en que funcionan, incluso para reducir su escala y alcance.

Pero la realidad actual es que ningún megabanco podría quebrar sin causar otro “momento Lehman”: el pánico global que se vivió en los días posteriores a la caída de Lehman Brothers, en septiembre de 2008.

Específicamente, los expertos como Hoenig que han pensado sobre las dimensiones transfronterizas de las bancarrotas enfatizan que simplemente no ocurriría en el caso de una corporación del tamaño de JPMorgan Chase (con activos por $3,7 billones), el Bank of America ($3 billones), o Citigroup ($2,7 billones).
“El pánico es una cuestión de pánico”, dice Hoenig, “la gente y los países habitualmente se protegen a sí mismos y a su riqueza antes que los demás. Por otra parte, no existen leyes internacionales de bancarrota para regular estas cuestiones y evitar la captura de los activos”. Yo agregaría que la posibilidad de que los tribunales de quiebras cooperen más allá de sus fronteras en este contexto es nula.

Por ello, la Reserva Federal y la FDIC deben actuar inmediatamente para obligar a los megabancos a convertirse en entidades legales mucho más simples. Las estructuras corporativas actuales son opacas y esconden los riesgos en todo el mundo; y distintos juegos de triles permiten a las empresas presentar el mismo capital social en más de un país.

Separar los componentes de los bancos en partes manejables tiene sentido. La Reserva Federal recientemente ha dado un paso en esa dirección al exigir que los bancos mundiales con presencia significativa en Estados Unidos operen allí a través de una sociedad controladora con buena capitalización según los estándares de ese país.

Esto no tiene que ver con evitar los flujos de capitales por el mundo. Tiene que ver con aumentar la seguridad del sistema financiero. Quien discuta esta necesidad –y muchas otras cosas– debe leer y responder a Hoenig.