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Víctor Molina Valladares

Venezuela necesita un fondo de reparaciones para víctimas de violaciones de DD HH

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Teniendo presentes las denuncias de graves abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos durante las protestas que tuvieron lugar en 2014, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y demás poderes públicos del Estado, deben garantizar la reparación integral y rehabilitación adecuada a todas las víctimas suscitadas en dicho contexto. Un camino para garantizar la necesaria y urgente reparación sería crear un fondo fiduciario dedicado específicamente para ello.

El referido fondo serviría tanto a los familiares de las 43 personas fallecidas, a las personas heridas de gravedad, como a los familiares y víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos del pasado y que pudieran cometerse a futuro.

En una reciente visita a Venezuela, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, manifestó que el Estado venezolano tiene la responsabilidad de garantizar una reparación integral para las víctimas de violaciones de los derechos humanos durante las protestas de 2014, que incluya a los familiares de las personas que murieron, las que resultaron heridas y las que sufrieron daños a sus bienes. Estas reparaciones, además de una compensación financiera, deben incluir la garantía del derecho a la salud, a la educación y al trabajo.

El artículo número 30 de la Constitución venezolana establece que “el Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios” y que “adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo”. Un fondo fiduciario sería una manera de materializar este derecho que por ahora se encuentra únicamente en papel.

De igual manera, el fondo fiduciario para la reparación de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y otros delitos graves debe ser extensible a las víctimas de tortura y otros malos tratos por parte de funcionarios del Estado. En este sentido, y para poder identificar correctamente a quienes tengan derecho a una reparación de este tipo, se debe garantizar la implementación de las normas internacionales de protección contra la tortura, tales como la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y la aplicación del Protocolo de Estambul, asegurándose, entre otros, que se incluya la interpretación de los hallazgos de peritos expertos, y que los reconocimientos médico-forenses se realicen de manera exhaustiva y con arreglo a los principios de confidencialidad y privacidad.

Más allá de realizar investigaciones independientes, exhaustivas e inmediatas en todos los casos de violaciones de derechos humanos y hechos de violencia causantes de pérdidas de vidas humanas o lesiones, es importante remarcar la necesidad de brindar apoyo integral a todas las personas que necesiten de tratamientos médicos y cuyas lesiones les hayan causado un grado de discapacidad, así como a los heridos y familiares de las personas fallecidas que eran un sostén de familia, incluso cuando no se haya logrado llevar a los responsables directos ante la justicia, entendiendo la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la vida e integridad física de las personas. 

El fondo fiduciario podría ser una institución pública para indemnizar, reparar y rehabilitar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, según lo determinen los tribunales nacionales y los organismos internacionales.

*Jefe de Comunicaciones de Amnistía Internacional Venezuela