• Caracas (Venezuela)

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Marianella Salazar

Venezuela inconstitucional

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Maduro y Cabello decidieron darle el palo a la lámpara. Les resbala que los llamen dictadores, que la comunidad internacional se haya enterado de la verdadera naturaleza del régimen de fuerza militar que impera en Venezuela, donde el dúo perverso aplica el terrorismo de Estado. Precisamente, en los estados donde los ataques a los estudiantes y la sociedad civil han sido más violentos y espeluznantes, tienen gobernadores militares –Táchira y Carabobo– o provienen de los brazos paramilitares que apoyan la revolución, como el gobernador tupamaro del estado Mérida.

Han ido demasiado lejos en su depravación de la justicia, no guardan siquiera las formas; metieron presos sin juicio previo ni derecho a la defensa a los alcaldes de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y Enzo Scarano, de San Diego (Carabobo), en juicios exprés amañados, realizados por un envilecido Tribunal Supremo de Justicia que no respeta el Derecho.

Al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, preso ilegalmente en Ramo Verde, también le han negado las pruebas a la defensa en el juicio. Es el fin de Venezuela como Estado constitucional. La autonomía universitaria es violada por contingentes militares que ametrallan con sus bombas lacrimógenas el recinto de la Universidad Central de Venezuela y por los colectivos armados, que no solo impidieron marchar a los estudiantes el pasado 13 de marzo, siguieron sembrando el terror posteriormente al desnudar y herir gravemente a un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, que estaban reunidos en una asamblea.

El incendio planificado en la sede de la Unefa, en San Cristóbal, para culpar a la oposición y denunciarla ante organismos internacionales es un burdo montaje, no podrán valerse del incendio para su propia ventaja, porque se trata de una universidad militar fuertemente custodiada en una ciudad que se encuentra militarizada.

Además de los asesinados con certeros disparos a la cabeza, hay heridos, desaparecidos, detenidos y torturados, casos muy bien documentados por el Foro Penal Venezolano que serán llevados a instancias internacionales, donde algún día se hará verdadera justicia.

 

Caso María Corina

El linchamiento contra la valiente diputada opositora María Corina Machado, el grosero despojo de su inmunidad parlamentaria, la prohibición de entrar en el hemiciclo de la Asamblea Nacional y la advertencia de que será detenida y enjuiciada por traición a la patria, entre otros cargos, no solo es un pase de factura por ir a la OEA a denunciar la violación de los derechos humanos en el país, es parte de un antiguo plan diseñado en La Habana para neutralizarla y silenciarla como líder. No tiene nada raro que al capitán Diosdado Cabello se le ocurra revocarle la nacionalidad venezolana por aceptar la representación de Panamá en la OEA.

El artículo 191 de la Constitución empleado contra María Corina también es aplicable al propio Cabello, que aceptó el ascenso a Capitán y se reincorporó como activo a la Fuerza Armada Nacional, o al diputado del PSUV Abdel el Zabayar, que el año pasado se sumó a las tropas sirias para defender el régimen del dictador Bashar al Assad y no perdió su cargo de diputado.

María Corina no debe entregarse como hizo Leopoldo López y quedar reducida a una celda, exponiéndose a sufrir los horrores que vivió la jueza María Lourdes Afiuni, ni distanciarse con un exilio. Debería analizarlo bien y pasar a la clandestinidad, para que desde allí organice la resistencia conjuntamente con el general Antonio Rivero y el dirigente Carlos Vecchio, que les hacen honor a los grandes líderes democráticos que desde la clandestinidad se enfrentaron con la dictadura perezjimenista.