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Víctor Rodríguez Cedeño

Venezuela ¿un Estado forajido?

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Las amenazas de Maduro y sus más cercanos colaboradores desde el Ejecutivo o de cualquier otra institución del Estado son  una constante en el proceder del régimen. Amenazas que van y vienen, la mayoría, por supuesto, de la manera más grosera, en contra del orden jurídico y del estado derecho, lo que funda la apreciación de muchos dentro y fuera del país de que estamos ante un régimen  forajido es decir, representativo de ese Estado -al que se refiere John Rawls en su Teoría de la justicia-  que viola las normas de convivencia, irrespeta los derechos humanos y desprecia las libertades fundamentales. Estados que desafían la evolución de la sociedad internacional y la tendencia de las relaciones internacionales que conducen, aunque en medio de dificultades y contradicciones, a la conformación de una verdadera comunidad internacional en la que los intereses de la humanidad prevalecerán antes que los individuales.

Para justificar sus atropellos y ajustarse a sus nefastos proyectos, los regímenes de esos Estados  suelen recurrir a la interpretación perversa de principios y normas que evolucionan y se adaptan a las nuevas realidades internacionales, como los de soberanía, injerencia externa, democracia, libertades individuales, solidaridad.

El régimen de Maduro reta a la comunidad internacional al irrespetar los derechos de los ciudadanos, entre ellos, el derecho a la vida y a la integridad física; el derecho a la protesta, a expresarse,  a informar y ser informado. Las brutales actuaciones diarias de sus fuerzas militares, policiales y paramilitares descubren la naturaleza de un régimen que asfixiado en su fracaso y sus contradicciones abandona definitivamente el espacio democrático y convierte a Venezuela, muy lamentablemente, en un Estado forajido o irrespetuoso del orden internacional como Corea del Norte, Cuba, Zimbabue e Irán, entre otros, cuyos regímenes irrespetan el orden jurídico y amenazan la paz y la seguridad internacionales, lo que evidentemente tiene un costo político que afecta su participación en las  relaciones internacionales, como se observa en el caso de Venezuela que hasta sus más cercanos aliados ideológicos marcan distancia, mientras que los mas separados anuncian sanciones.

Desprecia con insistencia el régimen venezolano, antes con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, la justicia internacional, las decisiones de los tribunales y órganos de derechos humanos internacionales; así como los reclamos de justicia en el ámbito interno que favorece el disfrute de los derechos humanos.

En días pasados, ante un eventual embargo de Estados Unidos, lo que nunca llegó a plantearse en realidad, a pesar de las intenciones de unos y las confusiones de otros, el régimen de Maduro, en su afán de retar al mundo y de acorralar a quienes piensan distinto en el país, amenazó con el cierre de los consulados de Venezuela en ese país, lo que significa una clara violación de las obligaciones que impone la Constitución y las Leyes de la República, entre ellas, la Ley del Servicio Exterior; y del orden jurídico internacional que garantizan la protección de sus  nacionales fuera del territorio nacional.

Ignora deliberada y perversamente el régimen venezolano que el Estado está obligado a proporcionar sin discriminación alguna a sus nacionales la debida protección  y que, en consecuencia, entendida así la estructura de la norma jurídica, todos los ciudadanos del país tienen derecho a ella. No se trata de una cuestión discrecional como parece entenderlo Maduro al hacer ese absurdo anuncio que lejos de intimidar, causa un rechazo absoluto dentro y fuera.

No sólo viola el régimen la Constitución de 1999 y la Ley del Servicio Exterior que establece las obligaciones de los funcionarios en el exterior, sino también el Derecho Internacional en la materia, codificado en  la Convención  de Viena sobre Relaciones Consulares (1963), que establece esa obligación y ese derecho a favor de los nacionales de un Estado en el territorio de otro Estado, lo que ha sido considerado no sólo por la doctrina más calificada sino por los tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia, en decisiones recientes como la adoptada en el conocido caso Avena entre México y Estados Unidos, por la condena a muerte de nacionales mexicanos a quienes no se les habría dado el derecho de recibir dicha protección consular.