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Mariano De Alba Uribe

Venezuela: Colonia china

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El súbito e improvisado viaje de Nicolás Maduro a China deja entrever la magnitud de la evidente crisis económica que enfrenta y afrontará Venezuela en el 2015. En ese sentido, es conveniente analizar diversos puntos de las consolidadas relaciones comerciales entre la nación asiática y nuestro país.

Durante estos últimos días, el vicepresidente Jorge Arreaza trató de rescatar la legitimidad de los acuerdos entre Venezuela y China expresando dos ideas: la primera, que China no nos impone condiciones y segundo, que los acuerdos para la realización de proyectos no son “deudas” sino “financiamientos”.

Evidentemente, el vicepresidente miente. En primer lugar, si bien podría ser cierto que a diferencia del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, China y sus empresarios no exigen que se realicen reformas de administración o políticas públicas, lo cierto es que sí cuidan hasta el más mínimo detalle los aspectos económicos de los acuerdos que suscriben.

En otras palabras, China y sus empresarios pueden quizás obviar exigencias como que el gobierno de Venezuela reduzca el gasto público o lleve adelante reformas estructurales del sistema de justicia, pero no dejan de imponer condiciones tales como el pago de cuantiosos intereses (incluso en algunos casos más elevados a los que solicita el Fondo Monetario Internacional). Asimismo, varios de esos acuerdos exigen que la materia prima y la mano de obra de los distintos proyectos únicamente adquirida en China y cancelada a precios iguales o superiores a los del mercado internacional.

En consecuencia, una de las principales razones por las que el gobierno ha acudido a China es porque ello lo ha eximido de verse obligado a realizar mejoras estructurales que ataquen de raíz nuestros problemas, aunque ello al final suponga que no entre a las arcas de la nación el mismo dinero que ingresaría en caso de que esos acuerdos no existiesen. Al mismo tiempo, el gobierno sacrifica la generación de empleos en Venezuela porque trabajos que pudiesen ser realizados por venezolanos, son realizados – por disposición de los acuerdos – por mano de obra china, trasladada al país con ese único propósito.

Todo ello significa que estamos ante “financiamientos” muy costosos que generan una “deuda” pues obligan a Venezuela a comprometer cuantiosas sumas de dinero (o barriles de petróleo) en el pago de intereses, mano de obra y tecnología, mientras que se limita seriamente el dinero que ingresaría si se realizare una venta regular de petróleo en el mercado internacional.

Mención aparte merecen los préstamos de dinero en efectivo que es lo que le urge al gobierno para poder financiar las importaciones de bienes de consumo al país. Expertos estiman que al menos se requieren 20 mil millones de dólares. Sin embargo, Maduro anunció que obtuvo ese mismo monto pero en proyectos de inversión social a largo plazo y se desconoce si el gobierno chino finalmente acordó prestarle al país (comprometiendo a cambio más petróleo a futuro) divisas en efectivo. Por ende, si se consideran las necesidades del gobierno, el viaje a China puede ser considerado como un fracaso.

Al final, lo cierto es que China no tiene la llave para verdaderamente solucionar la crisis económica de Venezuela. El problema que afronta nuestro país es mucho más profundo que una mera falta de flujo de divisas. La realidad es que estamos ante un modelo equivocado y fracasado. Esto es evidente cuando en la comunidad internacional se observa que no todos los países mono-productores están sufriendo las consecuencias de la importante disminución de precios de los recursos que exportan. Los países que no están sufriendo, como por ejemplo Chile o Ruanda, es porque: (i) creen y respetan la inversión privada y (ii) administran el gasto público con mucho rigor. Dos elementos que no casualmente, son claro reflejo de todo lo contrario que profesa y practica el actual gobierno venezolano. Por si fuera poco, los términos y condiciones que este gobierno ha acordado con China lo que logran a largo plazo es que no se desarrolle nuestra industria nacional, sino que simplemente vendamos nuestra materia prima para que sea transformada en China o por empresas de propiedad china y luego nos sea revendida a precios muchos más costosos.

Todo esto nos lleva a un último pero importante tema: ¿podrán ser desconocidos eventualmente los acuerdos con China? Según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, los Estados no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir un acuerdo internacional. Esto quiere decir que la posible falta de aprobación por parte de la Asamblea Nacional de considerables empréstitos recibidos de China, no podría ser alegada por un eventual gobierno para desconocer esos acuerdos.

No obstante, esa misma Convención en su artículo 46 dispone que si el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado es realizado en violación manifiesta de una disposición de su derecho interno que tenga relación a la facultad para celebrar tratados, ello podrá ser alegado por ese Estado si afecta una norma de importancia fundamental de su derecho interno.

Aunque rara vez la invocación de esa norma ha tenido éxito en el ámbito internacional, lo cierto es que en el futuro podría ser utilizada por un nuevo gobierno de Venezuela para al menos obligar al gobierno de China a sentarse a renegociar los términos de los acuerdos que sean sumamente perjudiciales para los venezolanos. Después de todo, ya el gobierno chino ha sido advertido por la diputada María Corina Machado que los empréstitos podrían estar “fuera de toda norma constitucional venezolana” y no cabe duda de que la Constitución es la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico.

@marianodealba