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Pedro Conde Regardiz

Tratado de Westphalia y derechos humanos

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Se discute generalmente la Primavera Árabe en términos de perspectivas para las libertades y derechos humanos. Igualmente significante es el creciente llamado – el más reciente fue en el caso Siria– a intervención externa para cambiar de régimen, lo cual perturbaría las nociones generalmente aceptadas del “orden internacional”, cuyo moderno concepto surgió en 1648 con el Tratado de Westphalia, mediante el cual las partes en las hostilidades pusieron término a la Guerra de los 30 años, surgida por la competición entre las dinastías que enviaron ejércitos irrespetando las fronteras políticas para imponer sus conflictivas normas religiosas y cambio de régimen, cuya versión, en el siglo XVII, acarreó la  liquidación tal vez de un tercio de la población de Europa Central.

Para evitar la repetición de esta matanza, con el Tratado de Westphalia hubo separación de la política internacional respecto de la interna. Los Estados, construidos, fundamentados en unidades culturales y nacionales, fueron considerados soberanos en el interior de sus fronteras. La política internacional fue confinada a su interacción al través de los límites establecidos. Para los fundadores, los nuevos conceptos de “interés nacional” y “equilibrio de poder” significaban una limitación, no una expansión, del rol de la fuerza; sustituyó la conversión forzosa de las poblaciones por la preservación del equilibrio.

Por todo el mundo se expandió el sistema “westphaliano” gracias a la diplomacia europea. Bien que maltratado por las dos guerras mundiales y el advenimiento del comunismo, el Estado-nación soberano sobrevivió a duras penas como la unidad básica del orden internacional.

Este sistema nunca se aplicó completamente al Medio Oriente, donde solo tres Estados musulmanes tienen bases históricas, a saber, Turquía, Egipto e Irán. Las fronteras de los demás reflejan la división sufrida por el difunto Imperio Otomano entre los victoriosos de la Primera Guerra mundial sin considerar la etnicidad o divisiones en sectas. Estos límites siempre han sido cuestionados, a menudo militarmente.

La diplomacia surgida de la Primavera Árabe reemplazó el principio westphaliano de equilibrio por una doctrina generalizada de “intervención humanitaria”. Es en este contexto que se observan internacionalmente los conflictos internos, civiles, mediante prismas relacionados con preocupaciones democráticas, promoción de las libertades y respeto de los derechos humanos. Las potencias externas demandan, exigen, que los gobiernos negocien con sus oponentes a fin de transferir el gobierno. Pero, como para ambos lados el problema generalmente es sobrevivir, estos llamados caen casi siempre en oídos sordos. Donde las partes tienen fuerzas comparables, cierto grado de intervención externa, incluyendo la militar, se invoca para superar el impasse.

Esta forma de intervención humanitaria es distinta de la política exterior tradicional que alegaba el interés nacional y el equilibrio de poder, pero, aceptada por tener una dimensión moral, cual es, promover la libertad, justicia y dignidad del hombre. Ella se justifica en sí, aunque no sea una amenaza estratégica, al pretender remover condiciones consideradas como violaciones consuetudinarias de los derechos humanos y restricciones acentuadas de las libertades.

Si se adopta como principio de política exterior, esta forma de intervención implica una serie de interrogantes para una gran potencia como para cualquier país que pretenda difundir ciertas ideas políticas que animen su acción interna y tengan aceptación en otros países. Por ejemplo: ¿puede considerarse una nación obligada a apoyar cualquier descontento popular contra cualquier gobierno antidemocrático, principalmente cuando se trata de aquellos que contribuyen al funcionamiento del sistema internacional? Al contrario, ¿debería haber solidaridad incondicional con una nación cuyo gobierno cuestione los derechos humanos por el solo hecho de afinidad ideológica? ¿O estaría más bien obligado a apoyar los movimientos que se le opongan? Lo que todo esto significa es que podría resultar en una autorización a todo Estado para intervenir en cualquier parte en favor de correligionarios, motivaciones étnicas, ideológicas o de otro orden, todo lo cual podría desembocar en cierta anarquía. Otro ejemplo: ¿cambiaría la política de Venezuela hacia Cuba si se instala un gobierno democrático en cualquiera de los dos? ¿Deja un país de ser aliado cuando surge un movimiento contestatario de su gobierno  y se le apoya?

Un cambio de régimen mediante una “intervención humanitaria” exige, casi por definición, un imperativo de reconstrucción posterior. Si esto fracasa, se fragiliza el orden internacional y se generan fuerzas desintegradoras. Espacios donde no existe el imperio de la ley podrían llegar a ser muchos, a dominar el mapa, como ha ocurrido en Yemen, Somalia, Mali, Libia, norte de Paquistán y podría suceder en Siria, Cuba o aquí en nuestro país, donde, por lo demás, la ley se utiliza para combatir opositores, no es imparcial, como se demuestra en la impunidad que cubre numerosos y escandalosos casos de corrupción. El colapso del Estado arrojaría que su territorio se convierta en una base para el terrorismo, tráfico de armas, drogas, por la ausencia de una autoridad central que los contrarreste. Mejor dicho: los imperativos estratégicos tradicionales no desaparecen. Es más, todo esto puede suceder, como en efecto ha sido, sin necesidad del colapso del Estado, esto es, cuando la política de ciertos gobiernos estimula esas actividades para promover una presunta revolución nacional y continental.

En Siria, se entrelazan los llamados a una intervención estratégica y humanitaria. En el corazón del mundo musulmán, Siria, bajo la hegemonía de Bashar al-Assad, ha complementado la estrategia de Irán en el Mediterráneo y Medio Oriente. Ha apoyado a Hamas, que rechaza el estado israelita y perturba la cohesión libanesa. El mundo democrático alega tener razones humanitarias y estratégicas para auspiciar la caída de Assad mediante la conjunción de una estrategia diplomática. Por otra parte, no todo interés estratégico es motivación suficiente para una guerra; donde lo es, no hay espacio para la diplomacia.

En todo caso, es muy importante aproximarse al conocimiento de quién reemplazará el liderazgo opresor cuando se realiza una intervención humanitaria. ¿Qué se sabe de él? ¿Acaso el resultado mejorará las condiciones democráticas, humanas y la seguridad? Podría suceder, como en el caso de Estados Unidos en Afganistán, es decir,  aquel armó a los talibanes para combatir al invasor soviético, pero luego se voltearon y constituyeron un problema de seguridad nacional.

Por ello, relevante es distinguir entre una intervención estratégica y una humanitaria. Por un lado, el mundo define una intervención humanitaria por consenso, lo cual es bastante difícil lograr y generalmente limita el esfuerzo. Por el otro, una intervención unilateral o fundamentada en una coalición genera resistencias en muchos países que temen la aplicación en el futuro a ellos mismos, como sucede con Rusia, China. Por tanto, es más difícil encontrar apoyo interno para tal iniciativa en los países de la coalición. La doctrina de la intervención humanitaria corre el peligro de desaparecer por las condiciones para su realización y carencia de habilidad para instrumentarla. En contraste, la intervención unilateral tiene un alto costo político internacional e interno.

Pienso que la intervención militar, humanitaria o estratégica, tiene como mínimo dos prerrequisitos: primero, es crítico lograr un consenso en cuanto a la gobernabilidad una vez reemplazado el status quo represivo y antidemocrático. Si el objetivo es simplemente “tumbar” un dictador, una guerra civil podría ser la continuación a raíz del vacío creado, ya que grupos armados podrían manifestar su descontento con la situación sucesora y diferentes países se alinearían de modo distinto. Segundo, el objetivo político tiene que estar muy claro y viable durante un lapso de tiempo prudencial, pues no se trata de salir de una tragedia humana para caer en otra. La ausencia de claridad en los conceptos estratégicos difícilmente justifican la erosión de las fronteras con “intervenciones humanitarias” y el riesgo de guerras civiles e internacionales.

Tal vez el punto más neurálgico de las susodichas intervenciones y el reto más difícil para el mundo democrático es el de permanecer como un “convidado de piedra” ante gobiernos que masacran la ciudadanía, saquean el erario público, torturan, infringen la constitución y las leyes, arrinconan las libertades, empobrecen la población, con el pretexto de que se trata de un asunto interno y que cualquier comentario externo, intervención se califica de “injerencia”, escudándose en la soberanía conceptualizada por el pacto de Westphalia. Evidentemente, la lucha interna casi siempre será desigual, puesto que el desgobierno cuenta con las armas confiadas por el pueblo soberano, las cuales armas siempre son utilizadas perversamente en contra de la voluntad popular que se vuelca hacia la intranquilidad social, la protesta de diversas formas y acarrea finalmente ingobernabilidad.

Entonces, ante la ineficacia de las instituciones internacionales existentes y como cunden gobiernos usurpadores  de las competencias otorgadas en las respectivas cartas magnas, se deberían crear nuevas instancias, mecanismos internacionales que faciliten salidas democráticas y evitar sufrimientos innecesarios y prolongados a las poblaciones involucradas. Esas nuevas instituciones serían  sostén de las iniciativas internas auspiciadoras del establecimiento de un régimen de libertades. Pero, deberían establecerse criterios, requisitos para juzgar cuándo sería preciso tal estímulo externo para evitar conductas antojadizas, irresponsables.

Se propaga en los medios internacionales la tesis según la cual conviene intervenir militar o estratégicamente cuando la nación en cuestión es un reservorio de cuantiosas riquezas naturales que por extensión son de la humanidad y convendría utilizarlas óptimamente dada la ineficacia de la población interna para aprovecharla y generar bienestar sustentable, o cuando un desgobierno pacta con nuevos imperialismos y entrega desigualmente sus reservas de recursos, vendiéndose como Judas “por un plato de lentejas” con tal de oxigenar la permanencia en el poder y continuar el desbarajuste generalizado, convirtiéndose en objeto de burlas  en el exterior, desprestigiando el gentilicio y la nacionalidad. 

De modo que la ingobernabilidad podría tener dos fuentes: una, la corrosión de las libertades; y, otra, la incapacidad colectiva para transformar sustentablemente la reserva de recursos naturales y proveer bienestar generalizado, permaneciendo injustificadamente en la pobreza, acrecentando las desigualdades y la vida precaria, sobre todo, cuando casi toda la dirigencia busca por doquier modelos de desarrollo como si fueran enlatados importables, despreciando las capacidades formadas internamente. En última instancia, se trata de una gran pereza mental.  No es excluyente que se registren ambas causales y sean aún más agudas, tal vez crónicas, las vicisitudes políticas, económicas y sociales que desembocan en la ingobernabilidad, demandando la intervención externa diplomáticamente.

Al final siempre vale la pena moralmente luchar por las libertades cuando permanecen sojuzgadas por desgobiernos y sus acciones totalitarias. Si consultamos a Maquiavelo aconsejaría tal vez que por cualquier medio hay que restablecerlas. Mejor dicho: la pretendida inmoralidad que pudiese existir al apelar a ciertos medios cuestionables quedaría compensada por la obligación moral que exige dedicación incansable para recobrar las libertades. Detenerse a pensar en la moralidad de los medios implica estancamiento, irresponsabilidad, máxime cuando generalmente el adversario no se detiene en consideraciones moralistas.

psconderegardiz@gmail.com