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Luis Pedro España

Totalitarismo constituyente

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El Gobierno necesita crear una mayoría diferente de la que obtuvo el pasado 7 de octubre. La razón es simple, no se puede instaurar un modelo hegemónico, que pretende ignorar y reducir a espacios mínimamente definidos geográfica, económica y jurídicamente a la parte que se le opone con sólo algo más de la mitad de las voluntades y los acuerdos.

Cuando esta administración comenzó tuve una conversación, de esas que sólo con la distancia se aprecia lo reveladora que fue, con unos profesores del posgrado de la UDO, en la cual varios de ellos sostenían que si en el país la pobreza era de más de 80% (con esa cifra fabricada por los medios de comunicación fue que llegamos a donde estamos), y ese pueblo estaba a favor del proyecto bolivariano, pues, entonces esa minoría de privilegiados no pobres que adversaban el proceso podían ser prescindibles.

Tal afirmación, con argumentos más diversos pero igual de perversos, la hemos escuchado repetidamente a lo largo de estos 14 años, sin que hasta ahora se haya legitimado (ni siquiera con los caudales electorales que le han favorecido en el pasado) ese intento de desconocer la diversidad del país.

Para lograr esa pretensión totalitaria, la mayoría aplastante debe convertirse en la totalidad. Como bien se define el totalitarismo, la parte (en nuestro caso, quienes propugnan el proyecto gubernamental) se pretende como el todo, y para ello debe reprimir o al menos desaparecer políticamente a las partes que son diferentes. Sólo así la parte circunstancialmente mayoritaria puede suplantar a un todo que siempre será más grande y diverso que la parte que lo pretende sustituir.

Pues bien, como en las urnas electorales no se logró la meta de una robusta mayoría a la cual endosar la radicalización del proceso que se planea, entonces hay que apelar a otra forma de construir la mayoría totalitaria, de allí el galimatías del llamado proceso constituyente para la discusión del plan 2013-2019 que presentará el Gobierno a comienzos del próximo año.

Desentrañar el concepto sobre el cual se pretende legitimar el desconocimiento de la opinión y el rechazo de 44% del país es una ociosidad que sólo confunde, y se presta a la retorcida empresa de hacer creer que el respaldo al proyecto radical que se nos presentará en enero es mucho mayor del que efectivamente obtuvo.

El supuesto debate que está teniendo el poder originario no es más que una nueva forma de empacar la patraña de la democracia asamblearia. Esa en la cual unos pocos activistas y argumentadores de oficio se constituyen en asamblea para conformarse como una mayoría superior a la obtenida por los votos. Es lo mismo que el parlamentarismo de calle, como recurso para complementar la representatividad de la Asamblea Nacional donde la oposición se abstuvo, o las decisiones a mano alzada, propias de las asambleas populares, como fórmula para intimidar o atemorizar al disenso.

Convenientemente, este intento de escamotear la realidad política del país se adereza con la figura del poder comunal y su versión concreta de los consejos comunales. Mientras los vecinos ven en los consejos comunales una oportunidad de resolución de los problemas, el Gobierno ve en ellos un instrumento de control político y base organizada para erigirse como mayoría superior a la que en verdad es.

Vamos a una nueva puja política supraelectoral. Como acostumbra la práctica totalitaria lo que no se obtiene con los votos se arrebata en las asambleas de calle. Vamos a un intenso proceso de discursos y mensajes para legitimar un radicalismo que el país, estoy seguro, no se va a tragar.