• Caracas (Venezuela)

Opinión

Al instante

Jesús Ollarves Irazábal

Terrorismo de Estado, una costumbre del chavismo

autro image
  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

De tanto repetirlo durante más de una década, los venezolanos nos hemos acostumbrado a escuchar las denuncias del oficialismo sobre “planes terroristas para derrocar al gobierno, auspiciados por el imperio norteamericano”. Lo nuevo, y muy grave, es que se haya llegado al extremo de calificar la protesta social que se profundizó a partir de febrero de 2014 como “actos de naturaleza terrorista”.

Estamos frente a un régimen antidemocrático que utiliza los mecanismos del terrorismo de Estado con la pretensión de acallar hasta la más mínima e inocua expresión de disidencia. El Estado, que en la práctica se confunde con el Partido Socialista Unido de Venezuela, olvida que tiene la obligación de garantizar a todas las personas, sin exclusión alguna, el disfrute y respeto de sus derechos humanos, conforme a lo que establecen la Constitución de la república y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos debidamente ratificados.

Se trata de un terrorismo institucionalizado, de una institucionalidad sin contrapesos democráticos, de una renuencia contumaz al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, bajo la anacrónica y absurda excusa de la soberanía nacional. La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigencia el 10 de septiembre de 2013, constituye el mayor atropello contra el derecho a una tutela judicial efectiva, habida cuenta de la falta de independencia y autonomía del sistema de administración de justicia venezolano.

El gobierno utiliza el derecho penal como instrumento de persecución política y trata a sus adversarios y críticos como enemigos. En efecto, se ha instaurado en Venezuela el derecho penal del enemigo. A la par, reivindica la intolerancia que caracterizó el mandato de Hugo Chávez, a través del uso reiterado de expresiones estigmatizantes que persiguen el desprestigio social y aniquilamiento moral de cualquier persona u organización que no aplauda las ejecutorias de la revolución ni se haga eco de las supuestas bondades del socialismo del siglo XXI. El gobierno ni siquiera tolera la imparcialidad, pues aspira a que tirios y troyanos estén alineados en sus filas y contribuyan a su perpetuación en el poder. 

Estamos ante un terrorismo de Estado porque se ejecutan actos arbitrarios desde los poderes públicos, porque se emplean métodos represivos ilegítimos en contra de la ciudadanía en general, porque el uso desproporcionado de la fuerza pública ha degenerado en brutalidad extrema, fuerza y pone en peligro la vida de la gente.

La excusa del terrorismo de Estado es preservar el orden constitucional y la paz y, en forma maquiavélica, se realiza un ataque despiadado e inescrupuloso de los que, según el gobierno, pretenden alterar la tranquilidad y el normal desarrollo de las actividades en el país.

Cuando una de las técnicas aplicadas por el Estado convertido en terrorista es el blackout informativo el peligro es inmenso: la sociedad pudiera acostumbrarse a ser víctima de la arbitrariedad.

 

*Doctor en Derecho, profesor de la UCV y la UCAB. Fue juez superior penal del área metropolitana de Caracas.