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Miguel Ángel Cardozo

Temas de la crisis sanitaria (II): Licencia para matar

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El 2 de julio, bajo el título “Médicos integrales demandaron a la UCV” (http://www.el-nacional.com/sociedad/Medicos-integrales-demandaron-UCV_0_437956422.html), se reseñaba en El Nacional lo que desde ya puede considerarse como uno de los mayores dislates en la historia de las ciencias de la salud en Venezuela: la pretensión de los médicos integrales comunitarios de obligar a la Comisión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, por vía judicial, a que los admita en programas de posgrados clínicos, a sabiendas de que no reúnen las competencias mínimas requeridas para transitar exitosamente un camino de enormes exigencias –y de indiscutible excelencia– orientado a una idónea formación para la prestación de servicios asistenciales altamente especializados.

A simple vista esto podría parecer un asunto que le concierne exclusivamente a la academia y al gremio médico, pero tal apreciación además de errónea es peligrosa por cuanto la inefable acción de los demandantes no solo trasciende esos ámbitos para constituirse en un problema sectorial, sino que afecta directamente a toda la población venezolana por varias razones.

La más obvia de ellas es que con un personal no cualificado ocupando cargos asistenciales tanto en el segundo como en el tercer nivel de atención –sobre todo en este último–, en un país en el que la prevención y la promoción de la salud son escasas, solo se podría esperar una sustantiva reducción de la calidad diagnóstica y de la eficacia terapéutica en casos que se hacen cada vez más complejos y se incrementan de manera exponencial, con un negativo impacto sobre la modificación de las distintas tasas de morbilidad y mortalidad –sin mencionar los costos que tal situación acarrearía–.

De hecho, el despropósito de incorporar en esos niveles a un personal asistencial sin las competencias para abordar apropiadamente dichos casos, sería una de esas “soluciones” improvisadas sobre las que alertó la Organización Mundial de la Salud en su Informe sobre la salud en el mundo 2008: La atención primaria de salud, más necesaria que nunca (http://www.who.int/whr/2008/08_report_es.pdf?ua=1) y que se traduciría en una atención peligrosa, o lo que es lo mismo, una que produce evitables efectos adversos.

Es por ello que los que hoy acusan a las autoridades de la Facultad de Medicina de la UCV por un supuesto trato discriminatorio –en momentos en que el régimen intenta vulnerar por medios subrepticios la autonomía universitaria–, deberían recordar que la carrera de medicina integral comunitaria se creó con el propósito de impulsar y fortalecer en el país la atención primaria –o al menos eso fue lo que se dijo para justificar lo que ahora más bien luce como un intento de politizar el sistema sanitario–, y es precisamente en eso en lo que tendrían que enfocarse quienes están exhibiendo una conducta que no se apega a los principios éticos que deben guiar las acciones de todos los profesionales de la salud –sin excepciones–.

Claro que por su formación ideologizada y por haberse dejado utilizar como permanentes instrumentos de proselitismo político, tampoco hay garantías de que los médicos integrales comunitarios puedan aportar efectivamente al mencionado propósito, máxime cuando en el mundo entero se ha entendido que la atención primaria no puede dejarse en manos de un personal sin las aptitudes necesarias para el logro de la prevención de un importante porcentaje de la carga de morbilidad –de hasta 70%, según lo que se señala en el citado documento–.

En todo caso, nadie puede aspirar a convertirse en “especialista” en cualquiera de las áreas clínicas a través de atajos, no solo por el hecho de que lo que se arriesgan son vidas humanas, sino por la inequívoca relación entre la salud y el desarrollo, como bien se ha reconocido en el informe Health in the post-2015 agenda: Report of the global thematic consultation on health (http://www.who.int/pmnch/media/press_materials/pr/2013/health_post-2015_agenda.pdf?ua=1) –publicado en 2013 gracias al esfuerzo conjunto de la OMS, Unicef, el gobierno de Suecia y el gobierno de Botswana–, en el que se hace énfasis en su interdependencia.

Por tanto, quienes deseen prestar servicios asistenciales altamente especializados, que primero cursen las carreras de pregrado en las que sí se construyen sólidas bases para el ejercicio de la práctica clínica –y para llevar a cabo actividades de prevención y promoción de la salud–, en vez de intentar torcer la justicia –para favorecer sus mezquinos intereses– malinterpretando ex profeso y descaradamente la Constitución y las leyes, y anteponiendo su mediocridad al bienestar del pueblo al que dicen amar.

No pretendan que se les otorgue una licencia para matar.

 

 

* Profesor de postgrado de la UCAB e investigador.

 

** Doctorando en Gestión de Investigación y Desarrollo, UCV. Especialista y Magíster en Gerencia de Servicios Asistenciales en Salud, UCAB. Odontólogo, UCV.

 

@MiguelCardozoM