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María Amparo Grau

Tarea prioritaria de la Asamblea: despolitizar la economía

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La Constitución de 1961 establecía que al Congreso correspondía no sólo legislar sino ejercer “también el control de la administración pública Nacional en los términos establecidos por esta Constitución”. De manera que los controles que podía realizar el Congreso sobre la administración pública estaban limitados a las disposiciones constitucionales existentes a estos efectos. La Constitución de 1999 amplió esta norma al contemplar que el control del parlamento sobre la administración pública nacional se hará en “los términos consagrados en esta Constitución y la ley”.

La ley puede, por tanto, establecer normas relativas al control que ha de ejercer la Asamblea sobre la administración pública nacional. El control por definición se verifica en la designación y en la gestión, en el nombramiento y en los actos. En este sentido, es pertinente y urgente que la Asamblea dicte reformas legislativas para hacer efectivo el control parlamentario sobre organismos y entes públicos que actúan en la vida económica, bien como autoridades administrativas bien como empresarios, para dotarlos de la necesaria autonomía e independencia.

Por esta vía, en manos de la Asamblea está la posibilidad de despolitizar la economía, poner fin a la errada conducción de lo económico con fines políticos partidistas, a través de normas que contemplen la designación de las altas autoridades de las agencias de control de lo económico y de las principales empresas públicas, por el parlamento y con una mayoría calificada que obligue a la concertación.

Así, en el ámbito económico ha de procederse a revertir lo que el presidente ha realizado con el muy reciente decreto ley para mermar las competencias de la Asamblea en materia de designaciones de directores del Banco Central de Venezuela. Revertirlo y ampliarlo a otros espectros. Lo que el Presidente ha hecho para concentrar el poder, la Asamblea debe hacerlo para evitar tal concentración.

Urge por tanto no solo reformar la ley del BCV para que se restablezca la competencia parlamentaria existente, sino para afianzarla, pasando también a su competencia la designación del presidente del BCV y de todos o la mayoría de los directores de este ente que tiene por demás rango constitucional, texto que exige su independencia y autonomía. La designación parlamentaria de estas autoridades por una mayoría calificada es la forma adecuada para despolitizarlo, pues será sobre la base de los requisitos legales y la necesaria concertación, que se producirá la escogencia de profesionales capaces que devuelvan la transparencia, técnica y desarrollo eficiente del ente que tiene la responsabilidad de diseñar y ejecutar la política monetaria del país.

También en materia bancaria hay que despolitizar la Sudeban, que deje de ser un mecanismo de presión de la banca privada para convertirse, como lo es en todos los países desarrollados, en un ente técnico de garantía de la pulcritud y transparencia del sistema bancario, en beneficio de los usuarios y ahorristas.

Las superintendencias en general tienen que ser entes independientes, solo así se garantiza que su rol no se comprometa con los intereses políticos sino con el interés general que da razón de ser a la creación de este tipo de organizaciones administrativas.

Por ello lo mismo debe realizarse respecto de otras agencias de este tipo, como el Seniat, Conatel, y las más importantes organizaciones de control de la economía, que deben desprenderse del manejo político partidista para responder a los intereses generales de toda la colectividad, que se cumplen sólo cuando sus titulares se escogen en base a credenciales y no a su condición de activistas de una corriente ideológica circunstancialmente en el poder.

Las agencias de control no deben ser agentes de presión y cercenamiento de los derechos individuales, deben por el contrario cumplir los fines que les dan origen. Una oficina de recaudación de impuestos al servicio de los intereses generales, que busque la mejora de la recaudación tributaria y el aporte de estos ingresos al tesoro nacional para su reinversión en obras y servicios públicos. Una oficina de control de las telecomunicaciones que no se instituya en mecanismo de censura política, sino en promotora de la pluralidad informativa y contenidos programáticos de interés general.

En el mismo sentido la despolitización de la economía exige reformar las leyes para otorgar independencia y autonomía a las altas autoridades de las empresas públicas de sectores de la economía vitales o estratégicos. Es el caso de Petróleos de Venezuela, con rango constitucional, principal fuente de ingresos del país, lo cual impone que la designación de su presidente y directores se haga por parte de la Asamblea Nacional con una mayoría calificada. Que Pdvsa sea en efecto de todos y no de una parcialidad política, que sus autoridades sean gerentes con conocimiento, experiencia y preparación para dirigirla y competir en el mercado internacional de forma exitosa, impidiendo el uso desviado y parcial de los recursos así como la desbordada corrupción.

También la designación de la directiva de otras grandes empresas, la de sectores estratégicos, como banca, electricidad y comunicaciones, que deben responder a criterios de eficiencia económica y de resultados, porque están llamadas a satisfacer las necesidades primordiales de los venezolanos.

En fin, que la Asamblea puede mediante la reforma legislativa rescatar las instituciones, que en lugar de servir a los intereses generales, han sido entregadas a dirigentes sin competencia en las respectivas materias y han permitido desviar los cometidos y los fondos públicos en detrimento de la población.

Si esta iniciativa parlamentaria de reforma legislativa para dar la exigida autonomía a los principales entes y organizaciones económicas constitucionales y legales, tanto en su papel de empresas como de agencias de control se cumple, podrá darse inicio a la recuperación económica que tanto ansían los venezolanos.