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Pedro Conde Regardiz

Sidor, Guayana y el desarrollo

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Desde el plan de Barranquilla, 1931, hasta los más recientes que se plasmaron en la Constitución de 1961, casi todos los programas políticos presentados a los venezolanos prometían un Estado activo, no contemplativo, al establecer que la promoción del desarrollo económico y social sería una de sus funciones principales para superar el subdesarrollo, utilizando, en parte, la explotación y aprovechamiento por los venezolanos de la dotación de minerales estratégicos.

El Plan de Barranquilla era taxativo en su punto VII: “Revisión de los contratos y concesiones celebrados por la nación con el capital extranjero (se refería a las concesiones petroleras otorgadas por el gomecismo). Control por el Estado de las industrias que por su carácter son monopolios de servicios públicos”. Se nota la fuerte cultura antiimperialista.

Ya para 1939, el Partido Democrático Nacional (PDN) afirmaba: “En lo internacional, nuestra política será de un nacionalismo revolucionario amplio. Lo que de una parte quiere decir lucha realista y consciente contra la sujeción al imperialismo… El nacionalismo es para nosotros creación y defensa de la industria nacional; explotación de nuestras cuantiosa riquezas naturales en bien del pueblo venezolano”.

El punto 17 de la sección “Reconstrucción Económica de Venezuela” de este programa reza así: “Establecimiento de corporaciones estatales para la explotación directa de nuestro subsuelo. Estimulación del capital privado nacional para la explotación de nuestras riquezas naturales”. En el discurso de Rómulo Gallegos, 1941, con motivo de su candidatura simbólica afirmó: “Política de producción nacional, mediante un apoyo eficaz a la iniciativa privada, de acuerdo con la acción impulsora del Estado, inspirada en el empeño de echar las bases de una economía nacional saneada y próspera con providencias de defensa nacionalista de nuestras fuentes de producción”.

Hacia 1947, la Asamblea Constituyente discutió el anteproyecto de Constitución, cuyo artículo 76 establecía: “Se garantiza a los habitantes de la república la libertad de trabajo, industria y comercio que no podrá ser limitada sino por causa de interés público y de conformidad con la ley... El Estado podrá reservarse el ejercicio de ciertas industrias, servicios y explotaciones cuando lo considere conveniente para la comunidad…”.

Cuando el constituyente aprobó en 1961 la Constitución que estuvo vigente hasta 1999 (38 años, rompiendo el ciclo perverso de reformas o de nuevas constituciones de acuerdo con el antojo del dictador de turno), dejó asentado en su Art. 97: “El Estado propenderá a la creación y desarrollo de una industria básica pesada bajo su control…”; esto es: se dio un paso más afirmativo y concreto, pues se ordenó al Estado, de manera no opcional ni condicional, a ejecutar ese mandato de aquella fecha en adelante. He leído y releído la Constitución vigente de 1999 y no he encontrado expresiones semejantes o parecidas; es decir, la pretendida “mejor constitución del mundo” es un retroceso respecto a la de 1961 en cuanto al rol activo, no contemplativo, del Estado para auspiciar que el desarrollo económico y social como una de sus principales funciones. Esta Constitución de 1999 es menos nacionalista, menos progresista, menos patriota, pero más patriotera.

En realidad, fue Pérez Jiménez quien le dio impulso a las tales empresas básicas por ser “octubrista”, como decía el Dr. Ramón J. Velásquez, pues compartía el programa de la revolución de octubre de 1945, al fundar un instituto petroquímico y una empresa siderúrgica con el apoyo tecnológico de la empresa italiana Inoccenti, contrato rescindido por el advenimiento de la democracia. Al tomar posesión del mando, Rómulo Betancourt fundó la Corporación Venezolana de Guayana, ente llamado a establecer empresas para cumplir el ideario que una vez estipuló en el Plan de Barranquilla y subsiguientes textos constitucionales. Ahí nació Sidor; esto es, se transformó la institución pérezjimenista, se actualizaron los altos hornos y arrancó, siendo la primera colada creo, si mal no recuerdo, en 1961. Tuvo un gran empuje en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien amplió las actividades con el llamado Plan IV, pero fue financiado, sobre todo, con endeudamiento a pesar de importantes ingresos petroleros percibidos por el aumento de los precios desde 1973. Fue uno de los primeros errores este financiamiento.

Posteriormente, decayó Sidor por pésima gerencia, politización e indeseable corrupción. Siendo ya diputado al entonces Congreso de la República pasaron por mis manos numerosas solicitudes de créditos adicionales, endeudamientos, muchos objetados, pero aprobados después por decisión “política”, generalmente para refinanciar deudas, pagar utilidades y dividendos sin que la empresa los generase. La ineficacia la hundió, máxime con una nómina de 15.000 obreros y empleados cuando no debía tener más de 5.000, como se demostró a raíz de la privatización en 1997. Por imposibilidad de generar fondos para honrar las obligaciones, era de Sidor gran parte de la deuda de las empresas e institutos autónomos que pasó, en 1984, al Fisco Nacional por haber sido avalista.

Al privatizar Sidor, en 1997, cometiendo garrafales errores legales, económicos, políticos, sociales, estratégicos, sin exigir que continuase vinculada estrechamente a la estrategia de desarrollo nacional como fue el caso cuando no hubo garantía de suministro a la industria venezolana, se regresó a las industrias enclaves y del desarrollo extravertido, dirigido hacia el exterior, al llevarse las multinacionales las barras de acero para procesarlas, creando valor agregado y empleo, en detrimento de la expansión nacional, en otros países, de donde entrarían en la forma de productos semiterminados, terminados, herramientas, etc., a las corrientes del comercio mundial. Muchas industrias nacionales languidecieron y tuvieron que comprar en el exterior lo que antes compraban aquí para realizar sus procesos productivos lo cual fue realmente surrealista, pues la manufactura nacional vinculada a dichos conglomerados tuvo que importar teniendo el país los recursos minerales y las empresas para proveerla. Situación similar parece que sucederá otra vez.

En realidad, existía y existe una corriente de pensamiento antinacional que forma parte de la conspiración contra Venezuela y que ahora toma auge con este gobierno, según la cual nuestro país no debería aspirar a explotar y transformar el mineral de hierro, el aluminio, sino que, de acuerdo con una nueva división internacional del trabajo, es mejor especializarse en actividades complementarias para ajustarse a las exigencias de los centros económicos del mundo, a saber: la producción agrícola exótica de exportación, el turismo, para convertir al venezolano en sirviente del acaudalado del norte y ahora de los emergentes, y dejar a los monopolios internacionales que manufacturen nuestros minerales de acuerdo con su estrategia y la de las naciones de donde provienen, mejor dicho, mediante las privatizaciones de nuestras empresas que explotan y manufacturan minerales estratégicos, las multinacionales, y otros países serían los que en gran parte disfrutarían del hierro, aluminio que posee Venezuela.  

La idea central subyacente en toda la tradición constitucional hasta 1961 referente a la explotación, transformación y aprovechamiento por los venezolanos de la dotación de recursos minerales estratégicos, explotación que, además, prometía cuantiosos ingresos fiscales, la creación de economías externas y echar las bases de una industrialización autocentrada y autodinámica; esto es, producida por fuerzas internas, desatando así ligaduras de la dependencia para construir una nación independiente, con menos inconvenientes y condicionamientos para actuar dentro de la interdependencia de la economía y la política internacionales. En mala hora, esta noción la soslayó el constituyente de 1999, casi renunció a esa indispensable base económica donde se asienta el progreso económico, social, científico y cultural. Y como se rumorea la entrega de la empresa al voraz panda chino, se aleja tal vez por mucho tiempo esa bella idea. ¡Qué tragedia! El país está algo así como huérfano, a la deriva. No hay un movimiento político que recoja “la bandera abandonada”. Están pendientes, con algunas excepciones, de aumentar el patrimonio a costa de lo que sea.

Sidor atraviesa otra vez una crisis existencial. Dicen los sindicalistas que produce a 20% de su capacidad. Tiene nuevamente una nómina excesiva, parece que 14.000 obreros y empleados. Cunden la ineficacia, mafias oficiosas de la cabilla, corrupción, desvío de mineral de hierro. Y en estas condiciones el movimiento sindical exige que la firma de una nueva contratación colectiva que tiene inexplicablemente, como en otros casos, 5 años de atraso, lo cual parece insensato dadas las vicisitudes de la empresa. No se trata de “matar la gallina de oro” sino de que siga viva.

Para ello es indispensable seleccionar un buen equipo gerencial, despolitizado, redimensionar la nómina de una manera menos traumática, reconstituir los mercados nacionales y externos, establecer una política de precios competitivos, aprovechar las ventajas comparativas naturales y tecnológicas, financiar la expansión de la utilización de la capacidad instalada que reducirá costos y generará ganancias, aumentará la productividad, y en esa medida pueden ir estudiándose, analizando las solicitudes laborales sin contradecir el objeto de la empresa. ¿Cómo puede esta, estimados compañeros de Sidor, complacer todas las demandas si ella esta postrada, languidece? Hay que reconstruirla primero y luego el esfuerzo dará sus frutos. De su conducta depende, en parte, que Sidor vuelva a ser uno de los apoyos imprescindibles del desarrollo nacional. Eso sería como lanzar un dardo y alejar al dragón chino, adalid en la corrupción, como lo reseña la prensa internacional, y en la represión de sus nacionales que disienten del implacable régimen policíaco, llamado por los franceses “comunismo capitalista”. Permítanme recomendarles que piensen bien su estrategia en sentido geopolítico como avanzada del auténtico movimiento obrero. El gobierno debería apaciguar las tensiones, resolver los problemas, pero tiene dificultades gerenciales.

La nefasta política macroeconómica del gobierno ha creado situaciones ya casi intolerables en el nivel de vida, al triplicarse con creces los precios de los bienes y servicios incluidos en la cesta alimentaria, en presencia de ingresos congelados y ya corroídos por la inflación. Se ha decretado, impuesto, mediante erradas políticas públicas, el empobrecimiento de los venezolanos, creándose cierto desespero que es tal vez lo que oprime, mortifica en la parte que le toca, al abnegado trabajador sidorista.

psconderegardiz@gmail.com