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Oscar Hernández Bernalette

Sanciones colectivas o individuales

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El mundo se nos hizo pequeño. El planeta regido por la civilidad vigila y actúa contra la arbitrariedad, corrupción y la violación de los Derechos Humanos hasta donde le es posible y más que en cualquier otra época. Todos podemos observar, pronunciarnos y denunciar. Las redes sociales nos hicieron protagonistas, los medios de comunicación más que amplificadores de las noticias son los investigadores de la verdad que surge por cientos de fuentes inimaginables hasta apenas hace unos años. Sin embargo, son solo hasta ahora unos pocos países y organizaciones internacionales que tienen mecanismos coercitivos para actuar ante en incumplimiento del Derecho Internacional y las propias leyes que se dan los países. No es fácil que desde instancias internacionales se pueda ayudar efectivamente a revertir el estado de violaciones que recorren el planeta. Pensemos en Ruanda, Siria, Irak o Irán para que recordemos lo lenta que puede ser la comunidad internacional antes de actuar. Muchos intentos han fracasado y el uso de expedientes como sanciones económicas que incluyen el embargo son inoperantes la mayoría de las veces.

Es por esto último que me parece disparatada la posición de quienes abogan para que Estados Unidos o las Naciones Unidas sancionen a Venezuela por la actuación del gobierno en el marco de la actual crisis que vive el país. En primer lugar, debemos recordar que Venezuela en su conjunto no es solo el gobierno y que sanciones económicas  como se han implementado en algunos países a lo largo de las últimas décadas perjudican a la mayoría de los pobladores que en definitiva son las víctimas de los atropellos de sus propios gobiernos causan. La praxis demuestra que quienes más se afectan con semejante práctica son los ciudadanos en general y particularmente los más pobres, mientras que la cúpulas y los gobernantes de los países se fortalecen y mantienen por igual sus niveles de vida y acumulación de riquezas.

El mejor ejemplo lo tenemos con el embargo de Estados Unidos a Cuba que se inició desde principios de la décadas de los sesenta. La mayoría de los países del mundo, hasta la saciedad, se han opuesto a este mecanismo perverso tal como lo demuestran innumerables resoluciones y comunicados de Naciones Unidas y otros organismos, sino que además, las mismas no han servido para mucho y más bien han ayudado al régimen a fortalecerse con el argumento de la agresión yanqui. La cúpula  castrista  goza de innumerables beneficios mientras que la mayoría de la población sufre de pobreza y marginalidad.

En este sentido, la comunidad internacional busca nuevas maneras de presionar a los gobiernos  ante las violaciones de Derechos Humanos o de  agresiones internacionales  y en donde se alcance el mismo objetivo, esto es, forzar a los gobiernos infractores a repensar su actuación toda vez la vigilia internacional o aplicarles medidas individuales a los individuos responsables. Por ejemplo, en el caso reciente de Ucrania hemos visto como la Unión Europea reaccionó ante lo que se considera una violación flagrante por parte del Rusia y especialmente Putin al invadir Crimea y someter a Ucrania a una monumental humillación.

El objetivo de las sanciones es golpear económicamente al círculo interno de Putin a través de la congelación de activos y la prohibición de visados a varios funcionarios y empresarios. Las sanciones económicas fueron descartadas  y lo que sí estudian es ir ampliando paulatinamente la lista de quienes consideran directamente involucrados en la decisión de generar la crisis tras la anexión de Crimea.

El propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha refinado el diseño de las sanciones que se proponen implementar cuando se llegan a acuerdos y sin veto ante circunstancias específicas. Congelación de activos, limitación de  otorgamiento de visas, congelamiento de bienes o limitación de transacciones bancarias son algunas de las medidas que se toman especialmente para golpear a las elites políticas responsables de las violaciones del Derecho Internacional o de los derechos humanos.

Es por ello que cuando se trata el tema sobre sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos hay que coincidir con la posición que presentó la MUD a través de su secretario ejecutivo cuando afirmó que no está de acuerdo con sancionar a Venezuela ni apoyan acciones que perjudiquen “la economía y política del país”. “Nosotros, no creemos que el pueblo venezolano deba pagar los errores y las equivocaciones de sus gobernantes. No somos partidarios de medidas, de sanciones a Venezuela que perjudique la economía y a los venezolanos”.

Ahora bien, si las instituciones nacionales están sometidas por los intereses del Ejecutivo y del partido de gobierno y no son capaces de sancionar a las infractores de las violaciones de los derechos humanos, a  los corruptos que han sustraído fortunas de la nación y las han depositado en cuentas personales o a través de testaferros en el exterior, entonces es evidente que si la legislación de cualquier país contempla sancionar por ello a quienes usan su sistema financiero o territorio para tales fechorías, es válido apoyar sanciones individuales  para quienes infringen la ley y que  por muy poderosos que sean  encuentren un detente externo ante sus desafueros.

Sobre estos mecanismos coercitivos internacionales los países que las implementan deben hacerlo con firmeza pero con prudencia. Hay que fundamentar las razones objetivas por las cuales se toman las medidas.  Elegir debidamente los comprometidos en conocimiento de sus responsabilidades ante los hechos y si los mismos pueden  efectivamente influir en el cambio de actitud del gobierno o de las personas involucradas en las respectivas violaciones.

Habrá que evitar que medidas de esta naturaleza no confluyan en  empoderar políticamente  a los responsables  y contribuya a  deteriorar las condiciones de vida de los propios pobladores que se trata de defender. No es una decisión tan fácil y tan clara como algunos abogan.

@bernalette1