• Caracas (Venezuela)

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Alexandra Palmieri Di Iuro

Salud: no hay

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La salud es un derecho social fundamental que el Estado tiene la obligación de garantizar como parte del derecho a la vida. Para el cumplimiento de su deber, el artículo 84 de la Constitución establece que el Estado debe crear y gestionar un sistema público nacional de salud gratuito, universal, y solidario, que debe dar prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno. La Constitución también establece que el sistema público nacional de salud debe ser costeado a través de los recursos fiscales, las cotizaciones de la seguridad social y un presupuesto específico que el Estado está obligado a garantizar.

Estas premisas no son inventadas ni sacadas de un libro, y tampoco forman parte del ordenamiento jurídico de otro país. Son verdaderos derechos y deberes constitucionales reconocidos y garantizados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No obstante y sin sorpresa, en la práctica vemos una realidad distinta, consecuencia de la ineptitud, la mediocridad y la crueldad del actual gobierno nacional. En los últimos 15 años de improvisación e ineficiencia, en Venezuela todavía no existe un sistema nacional de salud pública. Su descentralización fue revertida como tantos otros sectores, siendo el gobierno nacional el acaparador de todas las competencias, con el objetivo de controlar y destruirlo todo.

El ciudadano que vive y trabaja en Venezuela debe ser lo suficientemente creativo para lograr que el escueto salario afectado por la inflación rampante, alcance para comer, trasladarse diariamente, y para no morirse en un hospital por falta de insumos, viéndose obligado a pagar un costosísimo seguro privado que tampoco suele garantizar demasiado, considerando que en las clínicas privadas también hay escasez de insumos, y médicos. Me atrevería a asegurar que casi todos tenemos un conocido, un familiar o un amigo fallecido en un hospital, y nos ha quedado la duda sobre si su muerte ha podido evitarse en una clínica privada.

Actualmente la situación es peor: más de 7.000 niños esperando por intervenciones quirúrgicas en el Hospital J. M de Los Ríos; recién nacidos de la Maternidad Concepción Palacios no cuentan con un servicio de neonatología; a escala nacional 60% del sistema de atención Barrio Adentro se encuentra cerrado; escasea gran parte de los medicamentos para el tratamiento del cáncer; escasean insumos básicos en clínicas y hospitales como gasas, guantes, analgésicos, antibióticos y antisépticos por la falta de divisas y presupuesto del Estado; las protestas de médicos y pacientes son cada vez más recurrentes; así como también es cada vez más recurrente la búsqueda de soluciones creativas y riesgosas, como el tráfico de medicamentos desde el extranjero a través de familiares y amigos; y podríamos seguir mencionado miles de ejemplos sobre la crisis actual del sistema de salud pública y privada en Venezuela.

La Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales ha pedido recientemente que con urgencia se decrete emergencia humanitaria en el sector salud por la falta de insumos y medicamentos, debido a la insuficiente fluidez de divisas y tardanza en los procesos de importación. Y al respecto, la defensora del pueblo (uno de los cargos más hipócritas del gobierno), se limitó a reconocer que hay algunas “fallas” con la importación y distribución de medicamentos, desconociendo por completo la función de su cargo: la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Recordemos que según la Constitución, la Defensoría del Pueblo forma parte del Poder Ciudadano, aunque en la práctica simplemente cobre por aplaudir las vagabunderías del gobierno actual. Este tipo de pronunciamientos cínicos ya no sorprenden, pero nunca dejan de hacernos reflexionar acerca del hundimiento del Estado de Derecho en nuestro país. Porque no es solamente la incapacidad intelectual, la ineptitud o el cinismo de un funcionario público concreto, ya que si fuera así, tendríamos la alternativa de acudir ante el Poder Judicial para hacer valer la defensa de nuestros derechos, y exigir su respeto y garantía. Lo grave es que esto tampoco es posible por la evidente parcialidad y corrupción del sistema judicial venezolano. Se trata de un absoluto desamparo de nuestros derechos fundamentales. Se trata de la perversa quinta república, que pareciera que sólo mata y enferma.