• Caracas (Venezuela)

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Mauricio Vargas

Salió ganando Santos

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A pesar del aguacero de insensateces que cayó tras la destitución del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, por decisión del procurador Alejandro Ordóñez, algo va quedando claro a medida que amaina la tormenta: gústele a uno o no la decisión de Ordóñez, la Constitución lo faculta de manera expresa para adoptarla. Por cierto, fueron los delegados del M-19 en la Constituyente del 91 quienes con fervor defendieron esas atribuciones del Procurador, como arma para combatir la corrupción.

Y así yo albergue dudas sobre un mecanismo que permite que un funcionario elegido por voto popular sea destituido por uno que no lo es, lo cierto es que Ordóñez las ha usado para combatir la corrupción: olvidan quienes más duro lo han criticado que, en uso de esas mismas facultades, destituyó por el escándalo del ‘carrusel’ de contratos al entonces alcalde capitalino, Samuel Moreno, y a su hermano Iván, el senador.

Ordóñez también las ha usado para remover a alcaldes y gobernadores de los partidos de centro y de derecha. Y a varios funcionarios de la administración Uribe, como el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, por el escándalo AIS, y el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, por el de las ‘chuzadas’. Días antes de sancionar a Petro, destituyó al superintendente financiero, Gerardo Hernández, por el caso Interbolsa, en medio de protestas de los gremios que representan a los ricos.

A mí tampoco me gustan las godísimas ideas del Procurador sobre el matrimonio gay, pero la lista de funcionarios uribistas y de los partidos tradicionales que Ordóñez se ha cargado le quita piso a la tesis de que tumbó a Petro porque el alcalde es un exguerrillero. Dejémonos de vainas: Petro resultó un pésimo administrador, y la aventura en que se metió hace un año, contra todas las advertencias, en el tema de las basuras, generó un caos descomunal que costó decenas de miles de millones de pesos a los contribuyentes capitalinos.

¿Que no hubo corrupción? La compra apresurada de camiones de basura en pésimo estado lo pone a uno a dudar. Pero, en gracia de discusión, ¿acaso en la vida real a la gente solo la botan del puesto cuando roba? ¿No será que también la botan cuando sus decisiones desatan un caos que cuesta millones?

Repito: no me convencen esas facultades del Procurador. Pero están en la Constitución. Y Ordóñez las ha usado contra tirios y troyanos. Por eso, me impresiona la ligereza del delegado de la ONU, Todd Howland –a quien en buena hora le paró el macho el ministro del Interior, Aurelio Iragorri–, la del recién nombrado embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, y la de muchos otros que, al opinar, demostraron lo poco que conocen nuestro ordenamiento jurídico.

Hasta el fiscal Eduardo Montealegre, por lo general sensato, perdió los papeles. Es su deber investigar la actuación del Procurador en el caso Petro, pues pesa una denuncia penal contra Ordóñez. Pero ello mismo lo obliga a no prejuzgar, como tal vez lo hizo al aseverar que la decisión del Procurador fue “inquisidora”.

En medio del tropel, el presidente Juan Manuel Santos optó por la vía institucional y la ponderación. Rechazó las intromisiones de la ONU y del nuevo embajador de EE.UU., y también el pedido de Petro de que no haga efectiva la destitución. Mantiene canales de diálogo con el Alcalde y con los demás protagonistas, en un intento por impedir que el incendio se propague.

Santos puntea con comodidad las encuestas sobre su reelección, y su imagen favorable viene en alza. Es, en consecuencia, el primer interesado en que el ambiente no se deteriore. En una semana como la que pasó, la gente se confunde y se asusta y, por ello mismo, con esa moderación que en otras ocasiones ha resultado en falta de liderazgo, Santos esta vez salió ganando.