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Plinio Apuleyo Mendoza

Retos del nuevo Congreso

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¿Será el nuevo Congreso un campo de batalla entre el Centro Democrático, los partidos amigos del Gobierno y un díscolo alfil, el Polo? Nada sería más grave. Los casi siete millones de votos obtenidos por Zuluaga deben ser tomados muy en cuenta por Santos en su segundo gobierno. Es un voto de opinión movido por legítimas alarmas. La mayor de ellas se relaciona con la justicia, seguida por temas como la seguridad, la salud, la educación, el campo, la infraestructura y, desde luego, el proceso de paz. Todo esto requiere sustanciales acuerdos entre los miembros de las diferentes bancadas y no ciegas controversias.

En momentos en que se busca un acuerdo de paz con inevitables beneficios y concesiones para la guerrilla, no puede dejarse de lado la alarmante situación que viven las Fuerzas Armadas tras el fatal desmonte del fuero militar. Es, sin duda, una realidad que afecta a la moral de las tropas. En el mundo entero ese fuero sustituye a la justicia ordinaria cuando se trata de investigar, juzgar y eventualmente condenar a un miembro de las Fuerzas Militares. Tal fuero tiene su razón de ser: los jueces civiles desconocen los avatares propios de una operación.

En Colombia, anulado el fuero, la justicia ordinaria ha cometido graves equivocaciones. Unas veces por falta de conocimiento del accionar militar y otras –desafortunadamente la mayoría–, por causa de procesos amañados, falsos testigos e intereses oscuros. En un sistema judicial donde, al lado de jueces y fiscales honestos, hay otros contaminados por desvaríos ideológicos o por el poder corruptor del dinero, las injusticias contra los militares son flagrantes.

Por un elemental desconocimiento de la justicia ordinaria, se ha hecho responsable al general Uzcátegui de un delito de omisión en el caso de la masacre de Mapiripán, ignorando por completo que este municipio no dependía de su jurisdicción, la Séptima Brigada, en Villavicencio, sino de la Brigada Móvil 2, cuya base era el batallón Joaquín París, en San José del Guaviare. Tan extravagante error ha provocado una condena de 37 años al general. Otra condena imputable a la ignorancia de jueces civiles es la que se dio en el caso de Santo Domingo (Arauca). Dieron ellos por cierta la versión de que la FAC había bombardeado este caserío, cuando en realidad sus descargas cayeron en una mata de monte donde se ocultaba un numeroso grupo de guerrilleros que atacaba al Ejército.

De falsos testigos han sido víctimas el coronel Plazas Vega, el general Arias Cabrales, el coronel Mejía Gutiérrez, el general Rito Alejo del Río y otros muchos, pero muchos más. La más reciente barbaridad judicial –de la cual haremos un informe aparte– es la que ha condenado al general Óscar Peláez Carmona a pagar al Estado 1.200 millones de pesos por haber detenido a tres personajes que en un primer momento aparecieron como sospechosos de haber participado en el magnicidio de Luis Carlos Galán.

¿Qué solución puede encontrar el nuevo Congreso para reparar estos errores? Se trataría, en primer lugar, de revivir el fuero. En segundo lugar, una verificación de procesos y condenas a militares. ¿De qué manera? Mediante una Sala Penal Militar similar a las salas de Casación Civil, Penal, Laboral y Plena que tiene hoy la Corte Suprema de Justicia. Harían parte de ella oficiales en retiro con título de abogados y con experiencia en operaciones militares.

Este proyecto bien merece el apoyo de los congresistas –sean del Centro Democrático, del Partido Conservador, del liberalismo y demás agrupaciones políticas cercanas al Gobierno–, pues da sustento al proceso de paz, como parte de una justicia transicional que, si bien brindará una importante rebaja de penas a los guerrilleros, no puede dejar de lado las injusticias cometidas contra los militares. El reto está sobre el tapete.