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Natalia Springer

Respuesta para “Iván Márquez”

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Hace unos días recibí una carta de alias ‘Iván Márquez’, en reacción a la columna titulada ‘Cómo acabar con el proceso de paz’. Esta es mi respuesta:

Las amnistías y los indultos han sido considerados medidas de la justicia transicional solo de manera limitada y específica, siempre en procura de un bien colectivo superior, que es la paz. Como tales, son instrumentos de maniobra política de muy restringida validez en el derecho internacional. Contra lo que sugiere, la jurisprudencia de los tribunales internacionales no ha avalado estas medidas. Por el contrario, v. gr., la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en casos como Barrios Altos vs. Perú, 2001; Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 2006; Gomes Lund y otros vs. Brasil, 2010; Gelman vs. Uruguay, 2012, y Masacre de El Mozote vs. El Salvador, 2012) ha expresado que estas leyes de amnistía sobre graves violaciones de los derechos humanos no son compatibles con el derecho internacional ni con las obligaciones internacionales de los Estados.

Acusar a otros para evadir la propia responsabilidad tampoco es una táctica nueva. El Tribunal de Núremberg respondió con absoluta claridad al tu quoque (tú también): en ninguna circunstancia la responsabilidad por la comisión de crímenes internacionales puede evadirse con la defensa de que los enemigos también violaron las mismas normas. Esta jurisprudencia fue luego reforzada por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia en los casos Kupreškic y otros (2000), y Limaj y otros (2005), donde la defensa basada en la reciprocidad fue declarada “falsa e inadmisible”.

Como defendí en su momento, a propósito del proceso de paz paramilitar, los máximos responsables no deben ser ni amnistiados ni perdonados bajo ninguna consideración, y tengo la certeza de que la justicia no ha terminado su trabajo en ese caso. Hoy le digo a usted que los crímenes de otros no justifican los de las FARC, ni los compensan, ni empatan, ni los esconden, ni eliminan su responsabilidad. Es MÁS justicia, y no MÁS impunidad, lo que hará posible una paz cierta y sostenible en Colombia.

Argumentar que los crímenes de extrema gravedad son el resultado inevitable de una lucha noble no solo es falso, sino doblemente ofensivo para las víctimas y para el país. Aterrorizar a la población por décadas, revivir la esclavitud a través de la compraventa de la libertad de las personas con el secuestro (linkhttps://www.youtube.com/watch?v=5773mA3Wi0k), minar el campo causando el desplazamiento de miles de campesinos, detonar bombas que casi invariablemente han afectado la vida y los bienes de los más vulnerables, disparar cilindros de gas a y desde escuelas e iglesias, reclutar niños, promover el genocidio (link https://www.youtube.com/watch?v=2lPijLNRv-c&feature=youtu.be) y usar el ataque sexual como arma de guerra (link https://www.youtube.com/watch?v=X7KGf1Gg-8E) no tienen justificación ni pueden leerse como conexos al delito político; tampoco prescriben y su jurisdicción es ilimitada porque ofenden a toda la humanidad. Es por eso por lo que tampoco son sujetos de amnistía, ni de indulto, especialmente en el caso de la desaparición forzada, que es una de las conductas comunes al secuestro.

Si la lucha de las FARC alguna vez tuvo una justificación, la perdió hace décadas, señor “Márquez”. De existir un verdadero compromiso con una paz que no será perfecta, pero sí debe ser decente y coherente con el compromiso de nunca repetir el horror que hemos vivido, empiece por el derecho: reconozca el dolor causado y pida perdón a las víctimas. Por ahí se comienza a construir la respuesta al complejo desafío legal y moral de la paz.