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Eddo Polesel

Responsabilidad y función social

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Responsabilidad social:

La responsabilidad social, entendida como la forma de ir resolviendo uno de los problemas que en la modernidad se ha venido convirtiendo en una exigencia creciente, tanto para disminuir las diferencias en los niveles de ingresos y de vida de los distintos sectores de la sociedad, como para preservar las condiciones ambientales dentro del mundo en que vivimos; y finalmente para hacer cumplir las legítimas aspiraciones de un progreso cualitativo y sostenible de la ciudadanía en general; responsabilidad que, en términos generales, es compartida entre los factores privados de la producción y el Estado –en correspondencia– con las respectivas funciones y obligaciones acordes con el marco normativo.

 

Función de las empresas:

Sin dejar de realizar las obras sociales que estén dentro de las posibilidades de cada empresario o empresas, la fundamental función social de las empresas privadas es: 1) Crear y mantener empresas eficientes y productivas en términos económicos. 2) Cumplir con las obligaciones contractuales con sus trabajadores y las disposiciones que rigen la defensa del ambiente externo a la empresa y en el ambiente laboral. 3) Producir bienes y servicios que satisfagan al consumidor y rindan beneficio al inversionista. Para el logro de ese objetivo tanto en lo económico como en el social las empresas deben: a) Ser amparadas por un marco normativo legal estable y transparente para que su actividad no sea objeto de manipulaciones o de interferencias que obstruyan su funcionamiento. b) Las empresas deben contar con los estímulos legales que sean convenientes a los fines de lograr los objetivos de un desarrollo armónico y sostenible del país, acorde con sus potencialidades. c) Deben contar con un sistema judicial que sea capaz de resolver las controversias derivadas de monopolios públicos o privados para que se evite la competencia desleal tanto interna como externa.


Responsabilidades de los Estados:           

En los países desarrollados, regidos por el sistema democrático, que se han suscrito a las Declaración Universal de los Derechos Humanos Fundamentales, los Estados han venido asumiendo ineludibles responsabilidades en materia de servicios públicos básicos tanto para ser de apoyo a un desarrollo diversificado como para poder realizar un servicio eficiente y continuo al mantenimiento de la salubridad pública, tanto para evitar calamidades causadas por epidemias como enfermedades contagiosas, así como para impedir la degradación del medio ambiente, pues repercutiría directamente en la calidad de vida de la población en general; y, por medio de políticas sociales, dictar disposiciones legales para la creación de fondos para acumular los aportes tanto de las empresas privadas, de los trabajadores y del Estado en su condición de patrón y de empleador, para el funcionamiento cabal del sistema de salud de los trabajadores y de las jubilaciones. Es, además, función primordial, del las políticas públicas mantener los equilibrios macroeconómicos para evitar los efectos destructivos de la inflación porque es lo que más afecta el poder adquisitivo de la población de menos recursos y destruye el ahorro del país; y, mediante aportes presupuestarios, atender a aquellas personas que no disponen de medios para costearse necesidades mínimas, para que tengan una vida digna; y, finalmente, por la extensión de esos principios, los países desarrollados se han visto obligados en prestar auxilio a los países con una población incapacitada de valerse por sí misma, proporcionándoles ayudas para las necesidades más apremiantes y para la realización de programas de desarrollo que les permita salir de la situación de atraso en que se encuentran.


El aporte social:

Los venezolanos en general, como las empresas y los empresarios en particular, han dado muestra de generosidad y prontitud en atender casos de extrema necesidad que han afectado regiones o ciudades en Venezuela, como a otros países frente a calamidades naturales. Por otra parte, las empresas venezolanas han dado igualmente muestra de ser conciliadores con sus trabajadores y se han esforzado en atender sus necesidades apremiante con ayuda directas y con numerosos planes y programas de atención a la educación, la salud y para la formación profesional de sus trabajadores, a pesar de las dificultades que a partir de 1999 confrontan por la embestida del régimen en contra de las actividades privadas. Prueba de ello es que, en el sector privado, no se han producido huelgas sino en el pasado y en contadas ocasiones. Y podemos decir –sin jactancia ni exageraciones– que se da cumplimiento a los contratos colectivos y a las normas internas de cada empresa y que, a pesar de las enormes dificultades se mantiene la paz social. En cambio –como ha ocurrido en el pasado y mucho más en este periodo revolucionario– los constantes reclamos a consecuencia de la falta de servicios públicos; creciente desabastecimientos de alimentos, medicinas, insumos y repuestos; a lo cual se agrega la falta de atención en los centros de asistencia de salud y, finalmente, por los incumplimientos de las obligaciones contraídas con los trabajadores y empleados del sector público, empresas básicas y las estatizadas, se ha roto la paz social y estamos entrando en periodo de convulsión social muy riesgosa.


Por consiguiente, frente al problema social creado, las organizaciones empresariales se ven obligadas a formular un serio y fuerte emplazamiento para que el Estado cumpla tanto sus obligaciones como sus responsabilidades sociales, exigiéndole, además: 1) Vigencia de la Constitución en cuanto a lo que consagra en su Título 1, de los Principios y Derechos Fundamentales del modelo socio-político de la República de Venezuela. 2) Restituir la vigencia de la libre iniciativa que, en realidad, es el único motor eficiente que ha funcionado para hacer progresar a los países en beneficio de todos los ciudadanos, y finalmente respetar la propiedad privada y preservar la pública. 3) Restituir tanto el Estado de Derecho como asumir las responsabilidades que le son propias en un Estado democrático porque van en beneficio de todos, cualquiera sean sus condiciones sociales o posición política.

Los incumplimientos de las responsabilidades sociales de un gobierno que ha derivado en un régimen no pueden ser descargados y menos soportados por un sector privado que, según la manifiesta intención revolucionaria, está en vía de extinción porque se quiere ir sustituyendo con un Estado-empresario ineficiente y destructor de los bienes públicos y privados. Debemos reaccionar y hacerlo a tiempo.

eddopolesel.wordpress.com