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Marcos Tarre

Represión…

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La esencia de un gobierno democrático se manifiesta en la forma en que maneja protestas. El uso gradual y proporcional de la fuerza para controlar el orden público es una prerrogativa del Estado, siempre que se hayan agotado previamente instancias de diálogo y disuación, las circunstancias lo ameriten y se utilicen equipos y armas no letales permitidas. Igualmente, al momento de realizar detenciones, trasladar a los detenidos y accionar el marco legal correspondiente, se deben cumplir estrictamente acordes con el marco legal vigente y al respeto de los derechos humanos.

En las manifestaciones recientes ocurridas en Venezuela hemos podido ver que la actuación de las fuerzas del orden público no han cumplido a cabalidad con el deber ser de sus funciones. Los videos, fotografías y testimonios de abusos, excesos, torturas, vejaciones y violaciones de los derechos humanos abundan y las autoridades, lejos de censurar y ponerle coto a estas desviaciones, aplauden y felicitan a los jefes responsables.

En Chile, durante los años 2011 a 2013 ocurrieron fuertes protestas estudiantiles motivadas por la reforma del sistema de educación superior que el presidente Sebastián Piñera intentaba adelantar. Fueron las protestas más fuertes desde el retorno de la democracia en ese país, con saldo de heridos, detenidos y daños a la propiedad. La noche del 25 de agosto de 2011, un estudiante resultó mortalmente herido de un balazo en la comuna santiagueña de Mocul. Unos días después el propio cuerpo de Carabineros de Chile reconoció que el disparo lo había hecho uno de sus funcionarios. El culpable fue dado de baja del cuerpo y enjuiciado por homicidio. El ministro del interior Rodrigo Hinzpeter removió de su cargo al general Sergio Gallardo, jefe de Zona de los Carabineros y el director general de esa institución renunció alegando razones de salud.

En España, durante los años 2011 a 2013 se generaron infinidad de protestas, toma de instalaciones y edificios públicos, acampadas, ocupaciones de oficinas de gobierno y actos de desobediencia civil que movilizaron entre 6 millones y 8 millones de personas en lo que se conoció como el movimiento de los “Indignados”. Si bien los cuerpos policiales actuaron fuertemente casi a diario, con saldo de heridos y detenidos, no se produjeron muertes ni se vio o se supo de ningún funcionario usando armas de fuego…

El día 12 de febrero, cuando las protestas estudiantiles llegaron a Caracas, casi lo primero que hacen los cuerpos policiales es asesinar al estudiante Bassil Alejandro Dacosta, de 24 años de edad, de un tiro en la cabeza. Para el 5 de marzo ya suman 19 los muertos en las manifestaciones, muchos por tiros, perdigones disparados a quemarropa o por las palizas efectuadas por uniformados. Quienes hoy gobiernan y que se dicen “socialistas” parecen olvidar dos axiomas fundamentales cuando ellos eran los que manifestaban en las calles: el primero es la promesa de nunca más “reprimir” como se hacía en el pasado. El segundo es que la muerte de un solo estudiante por parte de los cuerpos policiales es más que suficiente para multiplicar, con toda razón, las manifestaciones. La única manera de detener la violencia es llevar ante la justicia, de forma inmediata y transparente, a los culpables de los homicidios, para luego intentar echar las bases de un diálogo que implique escuchar, negociar y realizar concesiones entre ambos bandos.

Las enfurecidas protestas que estallaron en Brasil en 2013, por el aumento de tarifas del transporte público y otras demandas sociales, con saldo de 8 muertos, solo se atenuaron cuando la presidente Dilma Rousseff convocó a un plebiscito nacional para realizar reformas políticas.