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Héctor Faúndez

¿Quo vadis Venezuela?

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Mientras el gobierno y la oposición discuten sobre los problemas nacionales, quienes estamos al margen de ese diálogo tenemos derecho a preguntarnos qué se puede esperar de este proceso, qué es lo que está dentro de lo posible, y qué es lo que tiene una importancia meramente tangencial, sin que pueda alterar el actual estado de cosas y la percepción que unos y otros tenemos de este gobierno.

Desde luego, tenemos derecho a preguntarnos por qué el hecho de que el gobierno y la oposición se sienten en una misma mesa y puedan dialogar tiene que ser visto como un acontecimiento extraordinario. Aunque en la Venezuela de hoy pueda ser algo curioso, eso es normal en una sociedad democrática, en la que existe un diálogo permanente entre gobernantes y gobernados; entre los partidos políticos que están en el poder y aquellos que están en la oposición. Nada tiene de extraño que un gobierno democrático escuche las angustias y preocupaciones de compatriotas que desean un país diferente. Pero sí es extraño que este diálogo no sea el resultado de protestas sociales pacíficas, sino de la mediación internacional de Unasur y el Vaticano.

Es inquietante que un proceso de diálogo como este no sea el fruto de convicciones democráticas sino que sea impuesto por la comunidad internacional y que, desde el inicio, se anuncie que “no hay negociación”. Resulta sorprendente que, desde un comienzo, el gobierno rechace peticiones legítimas, que tienen que ver con el respeto a la disidencia, la calidad de nuestra democracia y la convivencia civilizada. Precisamente por eso es que nos preguntamos adónde va a conducir este diálogo.

Si de estas reuniones saliera una ley de amnistía que pusiera en libertad a los presos políticos y les permitiera reencontrarse con sus familias, ciertamente habríamos dado un paso positivo. Esa sería una señal que indicaría si hay voluntad de que las cosas cambien o si, por el contrario, todo sigue igual. Pero un hecho de esa significación tampoco puede ser visto como el objetivo único de ese diálogo, ni como el elemento central que va a marcar el fin de una etapa de persecución y discriminación en Venezuela. Si el gobierno va a seguir haciendo uso de los recursos del Estado para perseguir a la disidencia, no habremos avanzado mucho ni habremos cambiado el modelo de gobernar que rechazamos.

Si de estas reuniones salieran acuerdos para encauzar la economía creando empleos, generando riqueza, garantizando el abastecimiento de productos básicos, dando mantenimiento a la infraestructura eléctrica y a la red vial, y mejorando nuestra calidad de vida, bienvenido sea. Pero eso no va a alterar el sistema político que la mitad de los venezolanos se resisten a aceptar y que es incompatible con los requerimientos de una sociedad democrática.

Mientras la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, el TSJ y todos los poderes públicos continúen al servicio de un proyecto político determinado (cualquiera que este sea), sirviendo de brazo ejecutor de los odios y resentimientos de quienes están en el gobierno, penderá sobre nuestras cabezas la amenaza de nuevos presos políticos y no se desactivará el fermento de las protestas sociales. Mientras la Fuerza Armada Nacional continúe siendo la guardia pretoriana de quienes hoy nos gobiernan, no se habrán erradicado las raíces del descontento social y político.

Sería lamentable que el gobierno no haya entendido el mensaje de la gente de la calle y que se desperdiciara una oportunidad más para restablecer la independencia de los poderes públicos y la vigencia de la Constitución. Si no somos capaces de volver al diálogo civilizado y de restablecer el Estado de Derecho, no vamos a ninguna parte.