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Jair de Freitas

Proteccionismo en encrucijada laboral

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Desde su origen la normativa laboral ha estado impregnada de protección y tutela, siendo que con base en los principios de intangibilidad, irrenunciabilidad y progresividad se patentaron notables reivindicaciones que dan cuenta de un sentido ascendente. Al mismo tiempo, ha existido una relación directamente proporcional entre lo anterior y las variables económicas, por lo que en la medida en que los indicadores y márgenes de rentabilidad presentan signos pujantes, la mejora de los beneficios socioeconómicos acelerará su marcha. Y, al contrario, en un escenario deprimido y poco vigoroso las condiciones de prestación de servicios se estancan.

Para decirlo en criollo, los esquemas de compensación y beneficios de los trabajadores venezolanos no se comportan igual cuando tienen por delante normas como las contenidas en la Ley Orgánica de Precios Justos, restricciones severas en el régimen cambiario o cuando sorpresivamente se anuncia la ruptura de relaciones políticas y económicas con un Estado con el que existe una significativa balanza comercial. Y eso por una sencilla razón: los acuerdos individuales y colectivos entre patronos y trabajadores tienen su epicentro en cálculos de corto, mediano y largo plazo de variables económicas, jurídicas y, por supuesto, de la política laboral del gobierno. Por lo tanto, aun cuando la planificación estratégica de recursos humanos tenga grados de elasticidad para maniobrar, la armonía laboral es altamente sensible al contexto.

A finales del siglo XX, economías en crisis abrieron paso a tendencias flexibilizadoras en el ámbito del trabajo. Si bien es cierto que no en pocos casos eso se tradujo en desregulación y fomento al despido libre, en muchos otros solo se trataba de abrir válvulas de escape para aliviar la tensa relación entre lo económico y lo laboral. Esos mecanismos de flexibilización, que entre nosotros alcanzaron a formar parte de la Ley Orgánica del Trabajo derogada, fueron excluidos casi en su totalidad de la norma vigente por un motivo que el actual presidente reveló durante el primer encuentro del Mercosur Obrero: había que devolverles a los trabajadores las reivindicaciones arrebatadas por el neoliberalismo.

Por eso, mientras actualmente la zona euro explora y profundiza la flexiseguridad, esto es, un nuevo esquema de relaciones laborales fundamentado en menor rigidez en la contratación (para estimular el mercado de trabajo), mayor protección para personas con contingencias de pérdida de empleo y fomento en formación y reinserción laboral, en Venezuela optamos por cercarnos en un modelo clásico de hiperprotección con altas dosis de alergia a lo desconocido.

En un contexto de crisis como el que reina, la capacidad patronal para honrar compromisos laborales que se adquirieron en un escenario muy distinto del actual se encuentra gravemente afectada por una razón sencilla: no hay recursos para cumplir con todo eso, con lo cual todos los actores laborales tienen serios motivos para preocuparse, porque, entre otras cosas, de nada serviría una hipotética intervención de la administración del trabajo si no hay materia prima que garantice la continuidad de la actividad productiva de bienes o servicios.

Irónicamente para el régimen, el único salvavidas que se mantiene en la legislación laboral vigente tiene como autor al doctor Rafael Caldera y básicamente consiste en permitir desaplicar temporalmente (previo acuerdo entre los actores laborales) cláusulas contenidas en convenciones colectivas de trabajo siempre que existan circunstancias técnicas o económicas que pongan en peligro la fuente de empleo. Eso significa que el presidente obrero más temprano que tarde deberá optar entre defender a toda costa beneficios laborales impagables, o mutilarlos temporalmente para salvaguardar empresas y vivir con el horror de ser considerado como un traidor del movimiento obrero. Sin duda, el proteccionismo está en una encrucijada laboral.