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Manuel Donis

Primero la solución a la controversia terrestre, luego el mar

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El pasado 31 de enero el embajador retirado y experto en asuntos fronterizos Kaldone Nweihed dijo en una conferencia que dictó en la Universidad Simón Bolívar: “A cada Teknik Perdana le saldrá su Yekuana”, en clara alusión a la detención de la nave Anadarko Petroleum el 10 de octubre de 2013 en la zona económica exclusiva venezolana por el patrullero Yekuana de la Armada Nacional Bolivariana. De nuevo saludamos y reforzamos este acto soberano.

En su conferencia, el doctor Kaldone señaló que los actos soberanos de Venezuela en el mar crearán las condiciones para que el gobierno de Guyana reflexione y llegue a un acuerdo satisfactorio con Venezuela en cuanto se refiere a la reclamación del territorio Esequibo y el consecuente espacio marítimo que le corresponde. Al preguntársele sobre si era posible la demarcación marítima en la zona en reclamación, es decir, entre Punta Barima y el río Esequibo en su desembocadura en el océano Atlántico, enfatizó: “(…) Pero si existe un diferendo sobre el punto y no hay manera de llegar a un acuerdo, la respuesta es no, no y no se puede delimitar con un punto inexistente”.

Kaldone tiene razón en cuanto a que si no se resuelve la reclamación territorial previamente no se puede delimitar en el mar. La tierra es la que genera derechos en este caso. Y este asunto debe tenerlo muy presente el gobierno venezolano. El especialista en fronteras advirtió que la Convención del Mar insta a los Estados a negociar fórmulas provisionales mientras se llega a acuerdos, pero cualquier acuerdo provisional “no podría tomar cuerpo sin tocar el punto neurálgico terrestre”. Y el caso es que el gobierno guyanés no ha salido de su posición de 1966 cuando se firmó el Acuerdo de Ginebra: Venezuela debe demostrar que la decisión arbitral de 1899 es nula e írrita, mientras que en nuestro país parte de los firmantes del acuerdo aceptaron buscar soluciones prácticas a la controversia. No perdamos de vista que Venezuela es la víctima del despojo territorial ante Gran Bretaña que ocurrió en París el 3 de octubre de 1899, representado en 159.500 kms2 de nuestra frontera oriental.

En diversas ocasiones Guyana ha tomado decisiones unilaterales en el territorio en reclamación, tanto en tierra como en el mar. En 1977 promulgó un acta extendiendo la anchura de su mar territorial de 3 a 12 millas náuticas, estableció una zona de pesca hasta las 200 millas y definió su plataforma continental. El gobierno venezolano, atento a estas decisiones, emitió la protesta oficial correspondiente. Al año siguiente, por ley de 3 de julio de 1978, Venezuela estableció una Zona Económica Exclusiva a lo largo de sus costas continentales e insulares. Venezuela no firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (noviembre de 1994), pero esta no impone criterio alguno para la delimitación de mar territorial, plataforma continental o zona económica exclusiva entre Estados adyacentes. Mediante Decreto de la Zona Económica Exclusiva de fecha 23 de febrero de 1991, Guyana amplió su competencia en la zona de pesca. En 1996 se produjo la detención de embarcaciones pesqueras en el espacio marítimo del territorio Esequibo; pero también dentro del espacio marítimo jurisdiccional venezolano, lo cual originó la protesta oficial de nuestra Cancillería de fecha 29 de febrero de ese año.

Guyana otorgó concesiones a petroleras internacionales en áreas marinas y submarinas correspondientes a la zona en reclamación y al Delta Amacuro. Venezuela protestó el 15 de  julio de 1999. Lo más grave fue que el gobierno guyanés decidió poner como límite occidental de dos de esos otorgamientos –Exxon y Century– la delimitación marítima alcanzada a través de un acuerdo bilateral entre Venezuela y Trinidad, colocando así una barrera marítima y negándonos nuestro derecho legítimo a la prolongación marítima del estado Delta Amacuro y su gran plataforma continental, producto de los sedimentos arrastrados por nuestra gran arteria fluvial: el Orinoco.

Al iniciarse el primer gobierno del presidente Hugo Chávez, el canciller José Vicente Rangel visitó Georgetown (30 de marzo de 1999) y firmó con su homólogo guyanés, Clement Rohee, los términos de referencia de la Comisión Bilateral de Alto Nivel, orientada a “lograr un mayor entendimiento ante los diferentes puntos de vista y posiciones de ambas naciones” y estrechar relaciones en diversas áreas. Pero el gobierno venezolano en 2004 abandonó unilateralmente lo que había sido política de todos los gobiernos anteriores a partir del Acuerdo de Ginebra: oponerse a las concesiones unilaterales guyanesas a empresas trasnacionales, tanto en la tierra como en el mar, en la zona en reclamación.

Saludamos la frase de Kaldone y apoyamos nuevamente a la Armada. Venezuela ejerce jurisdicción y soberanía sobre las áreas marinas y submarinas en el litoral del estado Delta Amacuro y así debe continuar. Pero Venezuela debe obligar a Guyana a buscar una solución práctica en el territorio continental.