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Víctor Rodríguez Cedeño

Premio al castigo

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El sistema internacional de protección de los derechos humanos está en crisis. Años de lucha y de progreso en materia de derechos humanos se derrumban, en perjuicio de la dignidad del hombre y del derecho que tiene a la protección de su vida y de su integridad. La denuncia por Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 es una muestra de este retroceso que contraría la evolución del Derecho Internacional y del pensamiento, una bofetada al progreso en materia de protección. Pero más grave aún es la respuesta que da la comunidad internacional a esta aberración jurídica y política, al aprobar en días pasados el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

El régimen de Chávez se ha caracterizado por la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos. Los presos políticos que se pudren en las cárceles del régimen son una muestra clara de ello, aunque los “analistas políticos” chavistas desprecien esa realidad. También lo muestra claramente el amedrentamiento y la persecución de los opositores o disidentes, especie de apartheid político que recuerda las odiosas prácticas segregacionistas en Suráfrica, del siglo pasado, ante lo cual el mundo se rebeló.

Ni hablar de la violación de la libertad de expresión, del derecho de informar y de ser informado, de la libertad de pensamiento que se traduce en el cierre de medios, RCTV siempre en la mesa; la persecución de periodistas, la imposición de multas para amedrentar, y tantas otras.

Se violan los derechos fundamentales, se centraliza el poder de manera ilegal, se intenta violar la Constitución y el orden jurídico, se alejan del Estado de Derecho, en pocas palabras, se incurre en un autogolpe continuado ante los ojos y la complacencia de muchos fuera que se niegan a ver las realidades y los infortunios de los venezolanos.

Se cometen, además, delitos electorales de la manera más descarada, ante un sistema de justicia inoperante y la complicidad de las instituciones, el defensor del pueblo en particular, cuyas responsabilidades por tales acciones y omisiones serán algún día consideradas por los órganos de justicia. La imprescriptibilidad de estos crímenes no sólo tiene una fundamentación internacional claramente establecida, sino que ella está recogida en la Constitución de la República que se elaboró para ser violada, ahora amenazada de enmiendas ilegales e ilegítimas que buscan un mayor centralismo, es decir, una simple y pura dictadura, para llamarla por el nombre que le corresponde.

Paradójicamente, mientras el régimen “castiga” a los venezolanos que se oponen a sus arbitrariedades y a sus ilegalidades, la comunidad de Estados le “premia” permitiendo su ingreso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero ello, aunque puedan pensar lo contrario, no afecta los procesos que se puedan abrir o se hayan abierto para establecer responsabilidades por la realización de crímenes internacionales, no sólo la “simple” violación de los derechos humanos, sino por crímenes de lesa humanidad u otras que en todos los casos afectan la vida y la integridad física y moral de las personas.

Ningún “premio internacional” impedirá que los procesos sigan su curso y que tarde o temprano se haga justicia y se castigue a los responsables de los crímenes que se han llevado a cabo en el país a nombre de un proyecto simplemente militarista. El “reconocimiento” que se ha hecho a la “democracia” venezolana no afectará, sin duda alguna, la denuncia presentada hace un año, el 18 de noviembre de 2011, ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, en contra del coronel Hugo Rafael Chávez Frías, por la presunta ejecución de crímenes de trascendencia internacional.