• Caracas (Venezuela)

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Julia Rodríguez Larreta

Precipicio venezolano

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Ante la indiferencia cómplice de la región y declaraciones lavadas, como la emitida por el gobierno uruguayo, Venezuela sigue cayendo en una situación cada vez más trágica y preocupante. Se trata de un proceso de larga data que comenzó con el asalto a las instituciones, al derecho de propiedad, a las libertades y a la independencia de los poderes del Estado, llevados adelante por el finado Hugo Chávez. Presidente que sin disimulo alguno, aprovechó el salvoconducto conseguido en las urnas, en pos de sus propios objetivos. Lamentable demostración de que no alcanza con que haya elecciones, para que esté asegurada la existencia de un gobierno democrático y republicano.

Desde mediados de febrero, los ciudadanos finalmente salieron a las calles para transmitirle a su sucesor, Nicolás Maduro, su hartazgo y disconformidad por la manera en que se ven obligados a vivir. La falta de seguridad espeluznante, (una persona muere cada 20 minutos), un desabastecimiento inconcebible en una nación sentada sobre las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, con graves carencias de medicinas y horas de cola para conseguir un simple kilo de harina o de azúcar o inclusive papel higiénico. En respuesta, el Ejecutivo ha reaccionado brutalmente. Efectivos de la chavista Guardia Nacional y los grupos de paramilitares conocidos como los “colectivos”, bandas en moto, entrenadas por los cubanos, han provocado decenas de muertos entre los estudiantes y la gente que salió a manifestar su repudio a la conducción del país por parte de Maduro y sus adláteres. Sin el menor reparo aplican una represión extrema, al tiempo que exacerban la confrontación, organizando contra manifestaciones provocadoras de violentos enfrentamientos.

No solo hay miles de heridos y mueren los jóvenes, sino que también se ha sabido de las torturas a las que han sido sometidos muchos de ellos. Tienen preso hace ya un mes al líder opositor Leopoldo López bajo acusaciones disparatadas y ahora van por la indomable diputada María Corina Machado, a la que también quieren poner tras las rejas. Tal como acaban de hacerlo con los dos alcaldes que en diciembre derrotaron abrumadoramente a los candidatos del oficialismo.

Así como avanza la falta de libertad de expresión en Venezuela, se agranda su parecido con Cuba. Si en la isla es gracias a blogueros como Yoani Sánchez y otros, que trabajan en la clandestinidad exponiéndose con valentía, como logran que el mundo exterior se entere un poco de lo que allí ocurre, ahora desde territorio venezolano llegan audios y grabaciones demostrativos de una misma falta de libertad. Hoy no tienen otra forma de hacerse oír, ya que la prensa independiente ha sido perseguida, desbastada y solo los medios a las órdenes del poder pueden operar. Tras los cierres de las cadenas de televisión y las radios, tanto grandes como pequeñas y las prohibiciones de transmisión a la CNN y a una cadena colombiana, la prensa escrita no afín al mandamás, languidece estrangulada de diversas formas. Desde la fiscal, las persecuciones judiciales, la falta de publicidad estatal, hasta la desaparición del papel, insumo básico de cualquier periódico. Al corajudo Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario El Nacional, uno de los tres mayores de Venezuela, algunos colegas vecinos latinoamericanos le han ofrecido papel en préstamo, para que no se vea obligado a cerrar, ya que sus reservas de bobinas alcanzan solo hasta mayo. Al menos una decena de diarios han dejado de circular o han reducido sus páginas, como también lo ha hecho El Impulso, el decano de la prensa venezolana con sus 110 años de trayectoria. Según Otero, El Nacional no ha recibido desde mayo de 2013 las divisas para poder importar, a pesar de haber cumplido con los 19 trámites exigidos.

En cambio, Cuba recibe una vital ayuda para su fracasada economía, con subsidios estimados en 13.000 millones de dólares anuales, a la vez que reservistas militares en 6 municipios han sido contactados para estar listos a fin de acudir a Venezuela, a sumarse a las más de 7.000 fuerzas especiales del Ministerio del Interior cubano ya instaladas, incluidos altos oficiales.