• Caracas (Venezuela)

Opinión

Al instante

Manuel Donis

El Poder Municipal y su significación

autro image
  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El cabildo o ayuntamiento fue el elemento fundamental del ordenamiento territorial durante el período colonial. Jurídicamente no había ciudad si no existía cabildo. En el cabildo recayó el gobierno municipal. De los vecinos surgieron los regidores y los alcaldes ordinarios. Los regidores aplicaban el ordenamiento jurídico de la ciudad, otorgaban tierras, bienes propios, permisos de comercio, pesas y medidas, abasto de la población, ornato, trazado y limpieza de calles, educación primaria, acueductos; etc. A los alcaldes correspondió la justicia de la localidad y conocer en primera instancia los asuntos civiles y criminales, juzgados luego por el gobernador.

El cabildo tuvo una conformación clasista; sólo vecinos, habitantes libres, propietarios de oficio, cabezas de familia, generalmente pobladores fundadores y sus descendientes llenaron los cargos. Este fue el espíritu que recogió Simón Bolívar en el mensaje con que presentó el proyecto de Constitución de Bolivia (1826) para todos los cargos a ocupar en la naciente República. El Libertador creyó en la soberanía del pueblo expresada en el sufragio, pero este derecho no podía ser ejercido por todos; sólo por los “ciudadanos activos”.

Los cabildos se convirtieron en un factor de integración y de desarrollo económico y poblacional. El de Caracas obtuvo por Real Cédula de Felipe II el derecho de gobernar toda la provincia en caso de muerte o ausencia del Gobernador. Este privilegio fue ratificado por Reales Cédulas de Carlos II.
Los cabildos en América, debilitados en tiempos de los reyes católicos, cobraron vigor en las nuevas tierras descubiertas. Perdieron fuerza -y fueron cuestionados- con la llegada de las instituciones borbónicas a partir de 1776, particularmente con la Intendencia de Ejército y Real Hacienda, pero al final el cabildo fue la palestra que permitió a los blancos criollos iniciar el  movimiento de Independencia a partir del 19 de abril de 1810.

La historia de todo el siglo XIX puede visualizarse como una lucha entre la autonomía de las provincias y el centralismo caraqueño. José Tadeo Monagas en 1857 inició la práctica de modificar la división político-territorial en la Constitución para perpetuarse en el poder; pero continuó la lucha de las provincias recogidas por la ley de 28 de abril de 1856 por hacer valer su autonomía; y en 1864 se puso en práctica nuevamente el sistema federal en 1864, entendido por la mayoría como la solución a sus problemas. Fue la lucha de los estados, de las provincias y sus regiones, de sus cabildos, para hacer la nación. No obstante, el centralismo se fortaleció aun más bajo los gobiernos de Antonio Guzmán Blanco

La lucha concluyó a comienzos del siglo XX cuando desde la región más desvinculada de Caracas llegaron los tachirenses. Y el país entró en una férrea dictadura bajo la cual se creó el Estado moderno. No obstante, los estados de la República se obligaron a reconocer en sus respectivas constituciones “la autonomía del municipio y su independencia del Poder Político del Estado, en todo lo concerniente á su régimen económico y administrativo”. No olvidemos que  los concejos municipales eligieron a Cipriano Castro para el período presidencial 1902 -1908.

A la muerte de Gómez de nuevo se miró hacia la provincia. La Constitución de 1947 contempló  “el principio de la autonomía municipal” y aunque mantuvo la ficción del sistema federal, dejó abierta la posibilidad de su acentuación en el futuro. Mayor cabida tuvo el régimen municipal en la Constitución de 1961. Se regiría por leyes orgánicas nacionales, habría diferencias entre sus regímenes según la geografía, población y desarrollo económico; y podrían formar mancomunidades para determinados servicios en zonas metropolitanas.

En 1989 se realizaron las primeras elecciones municipales. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 el territorio se organizó en municipios. La división político-territorial sería regulada por ley orgánica, garantizándose la autonomía municipal y la descentralización político-administrativa. Los municipios se reconocieron como la unidad política primaria de la organización nacional, gozando de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley. Las actuaciones del municipio en al ámbito de su competencia se cumplirían “incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados, en forme efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley”.

El pasado 8 de diciembre de 2013 se efectuaron las octavas elecciones municipales. Y una vez más  se consagró  el cabildo o ayuntamiento como la columna vertebral de la integración territorial del país -y no cualquier otra figura de organización del poder popular- de acuerdo a la Constitución.