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Enrique Sánchez Falcón

El Poder Judicial en Venezuela, hoy

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Ponencia en el foro “Los caminos perversos de la Justicia”

La mayoría de las desviaciones presentes en la administración de justicia en la Venezuela de hoy tienen su causa fundamental en el estado actual del Poder Judicial en nuestro país, al cual puede describirse con una simple frase: los jueces en Venezuela carecen de la autonomía e independencia requeridas para el ejercicio de esa función. Carecen de la autonomía e independencia necesarias para decidir con imparcialidad, con base en su conciencia y en lo que dispone la ley.

Y esa ausencia de autonomía e independencia de los integrantes del Poder Judicial tiene -a nuestro juicio- dos causas eficientes. Por una parte, está el hecho cierto de que en el máximo tribunal de la República, que además, es el órgano supremo de dirección de ese poder, se ha confundido el activismo judicial con el activismo político. El activismo judicial, contrario a la autorestricción judicial, es una postura de los jueces, en su relación con la ley, que les permite, en los casos difíciles, buscar el sentido de la norma más allá del texto o letra de la ley, pero siempre sin salirse del marco de los principios y  valores que están implícitos en la ley.

No se puede negar que el activismo judicial ha obtenido logros importantes, por ejemplo, en el Poder Judicial norteamericano. Bastaría pensar para evidenciarlo lo que ha ocurrido en ese país en materia de derechos civiles, libertad de expresión o respeto a la diversidad de orientación sexual. El activismo político, por el contrario, es una simple operación que busca dar ventajas a una determinada preferencia política y es, obviamente, la acción de operadores políticos. Lógicamente, cuando se instala el activismo político entre los jueces, estos actúan, no como tales, sino como operadores políticos. Por otra parte, es un hecho absolutamente incontestable que la mayoría de los jueces de los tribunales de la República desempeñan sus funciones en ausencia de un régimen de carrera judicial que les asegure condiciones de ingreso, permanencia y retiro adecuadas y los proteja frente a las presiones extrañas a la función judicial.

Así las cosas, si quisiéramos demostrar la verdad de nuestras anteriores afirmaciones, sería suficiente, en relación a lo primero, recordar las decisiones políticas -que no sentencias- por las que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se negó a reconocer la falta temporal del Presidente Chávez y luego permitieron que el señor Nicolás Maduro pudiera presentarse como candidato y Presidente, simultáneamente, en las elecciones de abril de 2013; o las que decidieron el encarcelamiento de los Alcaldes de San Diego y San Cristóbal en juicios express y por una Sala Constitucional configurada como tribunal penal ad-hoc; o la que despojó de su condición de diputada a María Corina Machado por decisión del presidente de la Asamblea Nacional y sin permitirle derecho a la defensa; o la que interpretó la Ley de Partidos Políticos, Reuniones y Manifestaciones para someter el derecho a la protesta al requisito de la previa autorización; o, en fin, la que admitió que los militares en servicio activo puedan realizar actividades de proselitismo y política partidista. En cada una de esas decisiones es perfectamente reconocible la operación política correspondiente.

Es visible el accionar de un operador político. Y obviamente, un operador político no es ni autónomo ni independiente, decide en función del sector político a quien sirve la operación. De otro lado, la inexistencia de una carrera judicial en nuestro país y por consiguiente la ausencia de estabilidad de los jueces en Venezuela, es un hecho que tiene como indicadores indiscutibles los siguientes: los concursos para la designación de jueces están suspendidos en Venezuela desde el año 2003. Las designaciones las hace la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, sin sujeción a las disposiciones constitucionales sobre la materia. Y, además, no existe un régimen disciplinario único para los jueces. El régimen previsto en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, se aplica a una minoría de jueces considerados titulares. A la gran mayoría, constituida por los jueces provisorios o temporales, no se les aplica dicho régimen, según lo ordenado en la sentencia de la Sala Constitucional de 07-05-2013(N° 516).

Obviamente, un juez sin derecho a la estabilidad es un juez que ejercerá su función temeroso de perder su empleo y sensible a las presiones externas de quienes pueden tener poder de decisión sobre su empleo. Cabe destacar que la irregular actuación de los jueces, derivada de la ausencia de estabilidad, fue recientemente reconocida públicamente por el diputado presidente de la Comisión de Política Interior quien declaró, a propósito de una eventual reforma del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, lo siguiente:“… tener dentro del sistema judicial jueces con cargos provisorios ha ocasionado que muchos de ellos no tengan la estabilidad emocional, a la hora de tomar decisiones apegadas totalmente a derecho, muchos de estos jueces se cuidan de no tomar decisiones que les acarreen algunas sanciones, debido a que no gozan del mismo procedimiento que los jueces ordinarios”. Cabe, finalmente, destacar que esta situación de la inestabilidad de los jueces, como causa de la ausencia de autonomía e independencia de los miembros del Poder Judicial en Venezuela, ha sido denunciada, reiteradamente, no solo por juristas venezolanos, como el profesor Allan Brewer Carías, uno de cuyos últimos trabajos al respecto se denomina “Sobre la ausencia de independencia y autonomía judicial en Venezuela a doce años de vigencia de la Constitución de 1999” (Acienpol, Acceso a la Justicia,Funeda y Unimet, Caracas 2012) También organismos internacionales y ong’s imparciales han hecho la misma denuncia. Así lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, año 2009, que además consignó una detallada relación de casos de destituciones de jueces con tinte político (páginas 72 y siguientes). Y más recientemente, hizo lo propio la Comisión Internacional de Juristas, reputada organización con estatuto de consultor de la Organización de las Naciones Unidas, en el Informe de Junio de 2014, denominado Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela, contentivo de un interesante cuerpo de recomendaciones para corregir a futuro las desviaciones de la administración de justicia en nuestro país.

A este último informe puede accederse en el sitio de internethttp://www.icj.org/venezuela-weak-legal-system-threatens-democracy-and-human-rights-reforms-urgently-needed-new-report-says/

esafal@hotmail.com

@esafal