• Caracas (Venezuela)

Opinión

Al instante

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El Poder Ciudadano sólo será legítimo si sus miembros son designados de forma legítima y transparente, virtudes que no existen en la decisión de la Asamblea Nacional,  a través de la cual se designó y juramentó a Tareck William Saab como defensor del pueblo, a Manuel Galindo Ballesteros como contralor general de la República, y a Luisa Ortega Díaz como fiscal general de la República.

El artículo 279 de la Constitución señala el camino correcto. Lo primero que indica el texto constitucional es que el Consejo Moral Republicano deberá convocar a un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano. Dicho Comité está integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad, que adelantan un proceso público de cuyo resultado se obtiene una terna por cada órgano del Poder Ciudadano, la cual es sometida a la consideración de la Asamblea Nacional.

El 25 de septiembre de 2014, el Consejo Moral Republicano publicó en la Gaceta Oficial las Normas Relativas para la convocatoria y conformación del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano,  que establece el procedimiento para evaluar a los aspirantes y permitir eventuales objeciones de parte de cualquier interesado.

Pero el pueblo venezolano no supo cómo fue ese proceso (que debe ser público) para obtener la terna por cada órgano del Poder Ciudadano, que sería sometida a la consideración de la Asamblea Nacional. No se supo cómo se evaluaron los requisitos de los aspirantes, cuáles fueron los objetados, por quién ni por qué.

Sin mayores motivaciones, el 27 de noviembre de 2014 la presidente del Consejo Moral Republicano, (la fiscal Luisa Ortega Díaz), que también estaba aspirando a repetir, a modo de juez y parte, declaró que no hubo consenso para elegir a los miembros del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, y remitió su terna a la Asamblea Nacional para designar a los miembros del Poder Ciudadano.

La Asamblea Nacional puso en evidencia el pecado original del Consejo Moral Republicano: reconoció que había incumplido su obligación de designar a los miembros del Comité de Evaluaciones, y como consecuencia de tal omisión, el 2 de diciembre de 2014, designó a los miembros del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano.

Una vez designados “a la carta” los miembros del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional adelantó que la designación de los miembros del Poder Ciudadano se haría por mayoría simple, ignorando que el artículo 279 constitucional alude a una mayoría calificada de las dos terceras partes, y a una consulta popular.

Lo más grave es que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en una interpretación sobrevenida del artículo 279, determinó que: “como el segundo párrafo del artículo 279 constitucional no especificaba cuál mayoría se requería para designar a los representantes del Poder Ciudadano, debía entenderse que esa designación era por la mitad más uno de los diputados y diputadas presentes en la sesión parlamentaria que corresponda. Tal argumento es artero, pues el artículo 279 sí determina  que la designación se debe hacer por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional.

La Constitución establece una serie de garantías para asegurar la transparencia en la selección de las autoridades de los poderes públicos y de quienes llevan las riendas del aparato jurídico del Estado. Sin embargo, las garantías se han desdibujado progresivamente.

Lo ideal es que el Consejo Moral Republicano hubiera designado transparentemente a los miembros del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano. Lo ideal es que, de no haber habido consenso para elegir a los miembros del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, los venezolanos nos hubiéramos enterado por qué no lo hubo, y cómo  fue la deliberación. Lo ideal es que la designación de los miembros del

Poder Ciudadano se hubiera hecho por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, como lo dice la Constitución. Lo ideal sería que los miembros del Poder Ciudadano sean refractarios a presiones indebidas de cualquier sector de la sociedad. Lo ideal es que puedan exigir al Presidente de la República que se abstenga de darles órdenes.. Lo ideal es que los miembros del Poder Ciudadano sean autónomos para prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo.

Lo real es que se violó la Carta magna. Lo real es que, en forma artificiosa, se eligieron a los miembros del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, y no se hizo la consulta popular que ordena la Constitución. Lo real es que se eligieron por mayoría simple de los integrantes de la Asamblea Nacional. Lo real es que la Sala Constitucional del TSJ, más que interpretar, modificó el artículo 279 de la carta magna para avalar la designación de los miembros del Poder Ciudadano por mayoría simple. Lo real es que la mayoría de los nuevos miembros del Poder Ciudadano están evidentemente comprometidos con el oficialismo. Lo real es que el relevo de autoridades Poder Ciudadano adolece de una gran falla de origen.