• Caracas (Venezuela)

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Alexandra Palmieri Di Iuro

Piratería renovable

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La Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía nació en 2011 como un intento por mantener vigentes varias de las medidas que se implementaron como acciones para maximizar el uso eficiente de la energía eléctrica, en el contexto del “estado de emergencia” en la prestación del servicio eléctrico nacional decretado por el Ejecutivo Nacional el 8 de febrero de 2010.

Se supone que el objetivo de la ley es promover y orientar el uso racional y eficiente de la energía en todos sus procesos, así como en su consumo final, a fin de preservar los recursos naturales y minimizar el impacto ambiental y social. Prevé expresamente el compromiso del Estado venezolano de promover el establecimiento y desarrollo de industrias de producción que empleen nuevas tecnologías, dando prioridad al aprovechamiento de energías renovables. También hace énfasis en la necesidad de desarrollar programas nacionales, regionales, estadales y municipales sobre educación ambiental y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, particularmente de los renovables. Y adicionalmente, indica que el Estado podrá aprobar programas que contemplen beneficios fiscales, de precios, patrocinio y apoyo a la investigación e innovación tecnológica en la materia.

A simple vista, pareciera que la ley constituye un primer esfuerzo legislativo nacional vinculado al fomento de energías renovables. Sin embargo, allí quedó, en un aparente y precario esfuerzo legislativo que aunque se entienda por ley, poco puede calificarse como un instrumento regulatorio o normativo. Su reducido contenido se limita a establecer incentivos que el Estado “podría” adoptar si le da la gana, no prevé obligaciones ni objetivos. Su norte es promover y orientar el uso racional y eficiente de la energía en todos sus procesos, pero no dice cómo lograrlo. Más que una ley, parece una declaración de intenciones o una ligera e informal invitación para formar parte (aunque sea en apariencia) de esa nueva moda renovable.

Una ley que fue dictada para aparentar, como casi todas las leyes venezolanas con títulos innovadores o vanguardistas. Sin contenido, sin propuesta, sin obligaciones ni consecuencias. Una ley más para el montón, para que el mundo se coma el cuento del “ecosocialismo bolivariano”. Es una farsa tan obvia que la ley es inconsecuente con los objetivos del propio Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 (aún vigente como legado), cuyo contenido en materia energética se encuentra enfocado en insistir sobre la importancia del liderazgo mundial de Venezuela en la producción del petróleo. El plan de la patria plantea como objetivo acelerar la producción del petróleo, cuando la tendencia mundial es satisfacer las necesidades de la forma menos contaminante posible. Lo más paradójico es que el mencionado plan pretende hacer compatible ese aceleramiento en la producción petrolera con la preservación ambiental, ya que el “modelo de producción capitalista” es el único responsable de la degradación del medio ambiente. Incoherencias tras incoherencias.

En Venezuela es muy común encontrarnos con leyes aparentemente progresistas, cuyo verdadero contenido normativo es casi nulo. También es usual el clásico discurso paradójico, en el cual por un lado, se defiende un interés desmesurado por la producción y la exportación del petróleo, y por el otro, se asumen falsos compromisos en materia ambiental: ¿existe el Plan Nacional de Desarrollo de las Fuentes Renovables de Energía? ¿Dónde está y dónde se aplica?

Lo que sí existe es la cómoda costumbre del país productor y consumidor de energía de origen fósil a un precio subsidiado, que no incluye los costes relacionados con la degradación ambiental presente en cada una de las etapas de producción, distribución y consumo de los combustibles fósiles. Venezuela es uno de los países más atrasados en materia de energías renovables, así como en políticas públicas regulatorias y económicas tendentes a luchar contra el cambio climático y la degradación ambiental. Un país empeñado en nadar contra la corriente mundial: el futuro pospetrolero.

Es muy vergonzoso contar con tantas leyes rimbombantes y huecas. “Digna” producción legislativa del gobierno venezolano, para el que lo único renovable es la piratería.