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Mitzy Capriles de Ledezma

Petición al papa Francisco

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Esta semana por intermedio del Nuncio Apostólico en Venezuela, monseñor Aldo Giordano, le hice  llegar una comunicación al secretario de Estado del Vaticano, monseñor Pietro Parolin, extensiva a su santidad el papa Francisco,  para que disponga de sus buenos oficios a fin de que sea puesto en libertad mi esposo, Antonio Ledezma, preso político del régimen. En la comunicación reseño la forma arbitraria como fue detenido el alcalde metropolitano de Caracas.

Refiero allí que Nicolás Maduro adujo que la detención de mi esposo tuvo lugar por órdenes del Ministerio Público, olvidando que conforme a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos carece este de competencia para detener a ningún ciudadano sin un previo mandato judicial razonado. Pero acto seguido, por si fuese poco, esgrime su razón de fondo, a saber, que mi marido es firmante de un manifiesto que se había publicado una semana antes en el diario El Nacional que solo lo lee más tarde –así lo confiesa– y lo entiende como desestabilizador de su gobierno. Lo acusa al efecto de golpista.

Las actuaciones sucesivas y apresuradamente realizadas por la fiscal general de la república y un juez penal, tratando de purificar las graves violaciones constitucionales ejecutadas, intentan ahora decir algo distinto a los hechos objetivos ocurridos. Pero no sorprende que sea así.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde su informe de 2009, ha hecho constar la gravedad de la judicialización de la política en Venezuela, afirmando que “no solo en el marco de las contiendas políticas se establecen restricciones para quienes se identifican con la oposición, sino que en general los ciudadanos y las organizaciones que hacen público disenso con las políticas del gobierno son víctimas de represalias y, en algunos casos, son perseguidos por la justicia y privados de libertad”. El Comité contra la Tortura de la ONU, igualmente, con vista a la actual y gravosa circunstancia nacional venezolana, ha dicho claramente, en informe aprobado el pasado 19 de noviembre de 2014, que se “muestra seriamente preocupado ante la falta de independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo”.

En suma, Nicolás Maduro desconoce la condición de mi esposo como representante de la soberanía popular; desconoce jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre su derecho a antejuicio de mérito; violenta las garantías constitucionales de derecho que tiene todo ciudadano al atropellarse su libertad personal y la inviolabilidad de su recinto privado sin mediación judicial; se inmiscuye directamente en asuntos que corresponden a otros poderes del Estado; y, además, viola la libertad de expresión y de prensa como columna vertebral de la democracia.

El documento que lleva las firmas de mi esposo Antonio Ledezma, de Leopoldo López (también preso político) y de la diputada María Corina Machado, dice concretamente que Venezuela vive bajo un régimen antidemocrático en medio de la más grave crisis de su historia contemporánea. Por ello urge al país a avanzar hacia la democracia, buscando caminos constitucionales y electorales para la superación de esa crisis que amenaza las bases de la paz nacional.

Señala ese documento que la agenda para la transición y el diálogo nacional es, necesariamente, restablecer el Estado de Derecho y la separación de los poderes, y atender la grave crisis social; en fin, pedirle al país que dialogue sobre un modelo económico y político que nos permita a los venezolanos avanzar hacia la reconciliación y la modernidad. Es una declaración política, una opinión que no puede criminalizarse en una democracia.

En la comunicación al secretario de Estado del Vaticano, muestro además mi agradecimiento por la sensibilidad y preocupación mostrada por la Santa Sede hacia las luchas democráticas del pueblo venezolano, y finalmente le solicito encarecidamente al papa Francisco que disponga de sus buenos oficios para que por su intermedio sea puesto en libertad el alcalde metropolitano de Caracas, a fin de que la ciudad que gobierna restablezca su sosiego y orden constitucional.