• Caracas (Venezuela)

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Alberto Arteaga Sánchez

Periodistas y Abogados

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Esta semana que pasó se ha celebrado el día del abogado -23 de Junio- y el día del periodista -27 de Junio-. Se trata de dos profesiones asediadas por el poder ante las denuncias por el atropello a los derechos ciudadanos y, en particular, ante las violaciones a la libertad de expresión, garantía del ejercicio de otros derechos.

Los abogados, según la Constitución, formamos parte del sistema de justicia, hoy acorralado, mediatizado, utilizado como instrumento para perseguir, no a los delincuentes sino a los disidentes; y los comunicadores sociales son voceros de la comunidad, en su papel irrenunciable de denunciar los abusos del poder, enfrentados al aparato de la justicia que pretende cobrarles su actitud crítica, de censura y justo reclamo, por el simple hecho de informar sobre lo que ocurre.

La justicia penal, triste y lamentablemente, ha sido utilizada, en estos tiempos, como uno de los más efectivos recursos para silenciar la libertad de opinar, la crítica a las instituciones del Estado, las denuncias de hechos graves que afectan la vida de la comunidad o la simple transmisión de noticias que tienen que ver con la actuación de funcionarios, cuya vida personal y participación en asuntos públicos a todos interesa, por lo cual debe entenderse que al optar por el desempeño  de sus cargos, han aceptado limitar la esfera de protección de su propia privacidad.

Ante estos abusos y amenazas al derecho a la libre expresión del pensamiento y  la exigencia de la comunidad de estar informada, derechos que se constituyen en el mejor escudo para salvaguardar otros derechos, se impone la reacción clara y contundente de quienes estamos del lado de la legalidad y al servicio de la justicia, apabullada, ante los embates del poder; y se impone también redoblar los esfuerzos de los comunicadores sociales, en su notable tarea de hacer efectiva la difusión libre y plural de las opiniones que contribuyen a formar la conciencia ciudadana y a trasmitir con responsabilidad las informaciones que interesan a la colectividad.

Por lo demás, debemos tener claro que no obtendremos la respuesta adecuada de la justicia ante los conflictos que puedan surgir con motivo del ejercicio de estos derechos.

La justicia deja de serlo cuando se convierte en instrumento para perseguir a quienes luchan por el derecho o simplemente los ejercen; cuando se sirve de grabaciones ilegales, denunciantes anónimos o delatores de oficio; cuando oculta el rostro de testigos; o cuando los jueces son amenazados o se pretende su utilización como aparatos de poder para someter a otros.

En este contexto no resulta difícil el desconocimiento del derecho que nos permite denunciar la tragedia que vive una sociedad que no puede expresarse libremente y ante lo cual, a pesar de las amenazas y de los injustos procesos penales incoados contra directivos de medios de comunicación, contra periodistas, contra usuarios de redes sociales, se impone resistir con inteligencia, levantar la voz de la denuncia con los recursos legítimos a disposición y sensibilizar a la opinión pública sobre el peligro inminente de quedar aislados, incomunicados y silentes para que los atropellos y la violación a los derechos humanos no sean del dominio público.

 

aas@arteagasanchez.com