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Héctor Faúndez

Paz y tortura

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Una vez más, la defensora del pueblo ha salido en defensa del gobierno, minimizando la represión. Poniendo de relieve su falta de sensibilidad, de preparación y de condiciones para ocupar ese cargo, la señora Ramírez ha expresado que la tortura solo es aquella mediante la que se “inflige sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión” y que hay que diferenciarla de lo que es “un trato excesivo” (sic) o un uso desproporcionado de la fuerza. Una vez más, con estas declaraciones, la señora Ramírez se ha puesto al lado de los represores y no de las víctimas; no ha tenido tiempo para visitar y mostrar su solidaridad a quienes han sido maltratados; pero sí se ha atrevido a demostrar su desconocimiento de los textos internacionales por los que Venezuela se ha comprometido a erradicar y combatir la tortura.

La señora Ramírez ignora la definición de tortura proporcionada por la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que ciertamente menciona entre sus fines el obtener información o una confesión, pero que también señala el castigar a una persona por un acto que ha cometido o se sospecha que ha cometido, intimidar o coaccionar a esa persona o a otra, o “cualquier otra razón basada en cualquier tipo de discriminación”. La señora Ramírez desconoce que la Convención contra la Tortura está diseñada para evitar los dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, que ella causa. Ponerse a buscarle cinco patas al gato, a sabiendas de que solo tiene cuatro, para eludir la condena de cualquier acto de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, es una demostración de insensibilidad frente al dolor de las víctimas; es trivializar un hecho que, por su gravedad, se ha elevado a la categoría de crimen de lesa humanidad.

La señora Ramírez ignora que, según el artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin entrar a examinar el sexo de los ángeles, se prohíbe, en cualquier tiempo y lugar, “los atentados contra la integridad corporal, especialmente las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios”. La defensora del gobierno tampoco está enterada de que el artículo 4 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra prohíbe, también “en todo tiempo y lugar”, los atentados contra la integridad física o mental de las personas, “incluyendo los tratos crueles tales como la tortura… los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes”.

La defensora del gobierno también ha pasado por alto la definición de tortura proporcionada por el artículo 7, párrafo 2 e), del Estatuto de Roma, que entiende por tortura “causar intencionalmente dolor o sufrimiento graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control”. Y, para los efectos de que una persona pueda ser juzgada por la Corte Penal Internacional, como responsable de crímenes de lesa humanidad, la defensora del gobierno olvida que el autor de la tortura no es solamente quien la comete, sino también quien la instiga, la consiente o da su aquiescencia para que ella se cometa.

Estas torpes declaraciones de la defensora del gobierno han ocurrido en los mismos momentos en que el gobierno intenta impulsar una supuesta “Conferencia de Paz”. Y ese diálogo para la paz debe darse con la represión más brutal, con la suspensión de hecho de las garantías constitucionales, con Leopoldo López en confinamiento solitario (en violación de su derecho de ser juzgado en libertad), con dirigentes políticos de oposición perseguidos, con Iván Simonovis languideciendo en una prisión por un delito que no cometió, y con un centenar de estudiantes detenidos (y torturados) por atreverse a protestar.