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Beatriz de Majo

Paz para 2025 promete Santos

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Con una matriz de opinión favorable al diálogo de paz dio inicio Juan Manuel Santos a su segundo mandato en la presidencia de Colombia. Si en la anterior toma de posesión el acento estuvo puesto en las acciones sociales, en esta ocasión el foco estuvo en la paz, sin que hubiera, en este terreno, muchas novedades. Sin embargo en su discurso de toma de posesión dos otros elementos recibieron venia presidencial: educación e equidad, sus dos grandes talones de Aquiles, y los que junto con el olvido del campo le han valido las más severas críticas. Ya está claro que ni en política económica ni en política exterior habrá cambios como lo señala la permanencia de los dos titulares de esas carteras anunciadas en los días anteriores a la ceremonia. La ratificación en su cargo del ministro de la Defensa daría también a pensar que la dura agresión en contra de la guerrilla terrorista va a mantenerse. Este puede ser más un mensaje a los negociadores de La Habana que otra cosa ya que es un secreto a voces que el presidente y Juan Carlos Pinzón se habrían distanciado. Sin embargo  no parece ser el momento de cambiar de caballo, cuando se está en medio del río.

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Cuando en 2010 el presidente presentó a su país sus planes para el cuatrienio aseguró que las llaves de la paz no estaban en el fondo del mar. Dos años después este tema le ha otorgado visibilidad y aceptación dentro y fuera de sus fronteras, pero las llaves se encuentran en una balsa que flota precariamente.  En La Habana ya se habla de posconflicto cuando aún queda por dilucidar el tema más espinoso que es el de la reparación a las víctimas de guerra. Es conocida la aberrante posición asumida por los  terroristas de las FARC, quienes han comentado con inusitado sarcasmo, que esperan ellos mismos ser considerados “víctimas de guerra”.

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Antes de fines de este mes habrá un hito importante en el tratamiento de este crucial asunto. Del universo de afectados directamente por las acciones guerrilleras se escogerán casos representativos para ser llevados, por parte de sus protagonistas a la mesa de conversaciones de la capital cubana. Es este un primer enorme escollo a sobreponer de parte del gobierno y sus negociadores de cara a la sociedad colombiana: ¿cómo escoger una muestra representativa de los crímenes terroristas sin mancillar los derechos de todos los restantes afectados por el terrorismo guerrillero?

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La Corte Constitucional de Colombia, pocas horas antes de que el mandatario se terciara la banda para su segundo mandato, le allanó  a Juan Manuel Santos la tarea de la estructuración de un esquema legal post conflicto que servirá de marco para que los guerrilleros desmovilizados puedan ingresar en cargos de función pública en cargos solo  cuando los delitos por lo que están señalados no hayan sido calificados de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. De acuerdo con el dictamen del alto tribunal, la calificación de los delitos  le correspondería al Congreso de la República. Quienes hayan sido condenados por asesinato, exterminio, esclavitud, tortura, violación, explotación sexual, desaparición forzada, extorsión, y otros tantos delitos, no podrán nunca acceder a cargos públicos. Es bien conocido que los negociadores que se sientan en la mesa habanera no aceptan que tras su desmovilización, una condición para servir en la administración pública sea la de pagar con cárcel sus atrocidades.

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La herencia del Uribismo le aseguró al presidente Santos más de 90% de solidaridad parlamentaria en el periodo que acaba de concluir. Para este segundo chance, el Ejecutivo contará con el voto solidario de las izquierdas para lo atinente al proceso de paz de La Habana, pero el Centro Democrático sacará a la luz y llevará a debate cuanto tema considere el expresidente Uribe y sus copartidarios que atenta contra la seguridad y derechos de sus compatriotas.