• Caracas (Venezuela)

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César Pérez Vivas

El Parlamento envilecido

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En toda sociedad democrática el parlamento es el foro político de la nación. El centro de concurrencia de todas las fuerzas integrantes de la comunidad que representan. Desde el mismo momento de la redacción de la vigente Constitución de 1999, los promotores del nuevo orden constitucional, buscaron reducir el peso y la influencia de la institución parlamentaria en la estructura política de nuestro país. El balance de poderes del texto constitucional vigente es abiertamente desfavorable al Parlamento. Históricamente la institución presidencial, fruto de nuestra historia de caudillos y dictaduras, ha prevalecido en el orden político, y de ello han dado cuenta nuestras 18 constituciones.

Lo más grave ha ocurrido ya en la vida de esta débil institución. A su limitada capacidad política institucional, se añade el progresivo deterioro de sus mismas limitadas funciones, por el empeño creciente de limitar, hasta impedirlo, la voz de quien disienta de la política oficial. Precisamente, es en el Parlamento el lugar donde tienen cabida institucional las opiniones de la disidencia, de los demás sectores políticos y sociales que no forman parte del gobierno.

Para quitarle fuerza a la opinión diferente, desde que instalaron la Asamblea Nacional en el año 2000 la cúpula gobernante ha venido desarrollando una serie de medidas para limitar la acción de los diputados y para que, cada día más, no trascienda al pueblo sus intervenciones, reclamos, proposiciones o iniciativas legislativas. En tal dirección podemos señalar como elementos de esa política las siguientes acciones:

1.- Modificación del derecho parlamentario. El derecho parlamentario está constituido por el conjunto de normas que regulan la institución. Como toda rama del poder público, sus normas fundamentales están en la Constitución, y se desarrollan a través de otros cuerpos normativos subalternos. En el caso de la Asamblea, su cuerpo normativo es el Reglamento Interior y de Debates. Este reglamento ha sido modificado tantas veces como necesidades ha tenido el partido de gobierno de reducir al mínimo el derecho esencial de un parlamentario: el de parlamentar y el de representar. El reglamento está, ahora, para que el parlamentario, sobre todo, si es opositor, no hable. Para negar el derecho de las minorías en la conducción y en la formulación de las agendas de la institución.

En el derecho parlamentario comparado se garantiza el derecho de la mayoría de decidir, pero con igual celo se cuida el derecho de las minorías de expresarse, de acceder a los servicios de la institución, de promover las iniciativas legislativas que estimen pertinentes.

En la Asamblea Nacional venezolana ser diputado de la oposición es igual a no serlo. No se le garantiza el ejercicio de su función, no se le permite acceder a servicios fundamentales (los medios de comunicación del Parlamento, por ejemplo.)

2.- Hostigamiento al parlamentario opositor. Desde su instalación en el año 2000 la cúpula gobernante ha desarrollado una serie de iniciativas destinadas a hostigar moral y físicamente a los diputados de la oposición. No son pocos los casos en estos años de la mal llamada revolución en los que la vida e integridad física de parlamentarios ha estado en peligro. Al mejor estilo del fascismo, los líderes rojos colocan fuera y ya dentro del Parlamento a grupos tarifados, con el único objetivo de hostigar y golpear moral y físicamente a los diputados opositores, cada vez que deben presentarse en el Palacio Legislativo para el cumplimiento de sus obligaciones.

3.- El despojo de la investidura parlamentaria. Para completar esta destrucción de la vida parlamentaria, el capataz de turno ha impulsado ahora una veloz carrera para sacar de la Asamblea a quien le venga en gana, con tal de no verlos, ni oírlos en las reducidas sesiones que le corresponde presidir. Procesos judiciales amañados y acomodados han servido de base para allanar inmunidades parlamentarias, y reducir así en número a opositores. Amenazas contra otros, para obligarlos a cambiar de bando y, finalmente, “la pérdida de la investidura exprés” que se le acaba de aplicar a María Corina Machado, con una sentencia de la Sala Constitucional que pasará a la historia como la muestra de una operación política sin derecho y sin ética de ninguna naturaleza. Por estas y otras vías, han hecho del Parlamento venezolano una vergüenza, y una corporación envilecida.