• Caracas (Venezuela)

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Héctor Faúndez

¡Pamplinas!

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Germán Saltrón, agente del Estado ante organismos internacionales de derechos humanos, ha pedido convocar a los embajadores acreditados en el país para explicarles “las razones jurídicas y políticas” que ha tenido Venezuela para denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De paso, ha deslizado algunos comentarios sobre el caso del profesor Brewer Carías, cuya audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos está prevista para la próxima semana.

Esperamos conocer las “razones” a que alude el agente del Estado. Porque, en un país en que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, un funcionario público, aunque sea el de mayor rango, no puede denunciar un tratado de derechos humanos expresamente mencionado por la Constitución sin que, previamente, ésta se haya reformado para permitir esa denuncia. Si lo que justifica esos tratados es la necesidad de poner un límite al ejercicio arbitrario del poder estatal, ¿será que este Gobierno desea ejercer el poder sin ningún freno, y sin someterse a ningún control? En el marco de la Constitución en vigor, no hay “razones jurídicas” para apartarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Pero Saltrón también se ha referido a la existencia de “razones políticas” que, aunque inconstitucionales, justificarían una medida de esta naturaleza. Entre esas razones, el agente del Estado menciona que Venezuela ha sido condenada en trece ocasiones, “evidenciando la parcialidad absoluta de la Comisión y de la Corte Interamericana contra nuestro país”. Pero Colombia, Argentina, Guatemala y Perú, que han sido condenados muchas más veces que Venezuela (Perú más de 30), no han sentido un trato discriminatorio ni han denunciado la Convención. Si el abultado número de condenas de una instancia internacional fuera una razón para denunciar un tratado de derechos humanos, todos los países europeos, con Rusia a la cabeza, habrían tenido que denunciar la Convención Europea de Derechos Humanos.

Ningún análisis político puede ignorar que el respeto a los derechos humanos forma parte de la esencia misma de la democracia. Tampoco se puede pasar por alto que el Estado es mucho más que el Gobierno que lo representa; el Estado también está conformado por una población, y cada uno de los individuos que la componen tiene derechos frente al Gobierno. Con su actitud, el actual gobierno de Venezuela está renegando de los valores de la democracia, y está negando a los venezolanos el ejercicio de sus derechos humanos.

La Convención todavía está vigente, y es posible que pueda haber otros casos en contra de Venezuela; pero Saltrón ha afirmado que el del profesor Brewer Carías será el último caso en contra de Venezuela al que el Estado asistirá ante la Corte. Además, en tono amenazante, Saltrón advirtió que una sentencia que acogiera el criterio de la demanda tendría graves consecuencias, y supondría suplantar a los tribunales nacionales “en la decisión de cuestiones concernientes a nuestra soberanía y al orden público de Venezuela”. ¡Como si la violación de los derechos humanos de un venezolano formara parte de los poderes soberanos del actual gobierno de Venezuela!

Según la Constitución, los tratados de derechos humanos son de aplicación inmediata y directa por los órganos del Poder Público, y el Estado debe adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos creados por esos tratados. Pero la advertencia de Saltrón en el caso Brewer desconoce las competencias de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el mensaje del Gobierno no hay una sola razón que justifique su hostilidad hacia los derechos humanos; pero hay pamplinas en abundancia.