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Andrés Cañizález

Notas sobre cultura política

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El abordaje de la cultura política debe verse en el contexto de las instituciones y la participación ciudadana. A modo de síntesis, y tal como lo plantean los investigadores chilenos Miguel Andrade y Christian Miranda pensamos que el ejercicio de la ciudadanía, o participación ciudadana, implica algunas condiciones: la fundamental es que se pertenezca a una comunidad política, esta pertenencia puede ser activa o pasiva; como segunda condición que existan mecanismos e instituciones con el fin de regular, articular, concretar y negociar la diversidad de intereses presentes en la sociedad; una tercera condición es la conciencia y determinación de la comunidad de una participación libre y, consciente de los derechos y deberes de esta condición, éstos serán capaces de poner en juego sus intereses y demandas pero sobre todo dispuestos a ejercer influencia en las decisiones públicas que derivan de estos espacios; un cuarto elemento es la vigencia de un espacio público de interacción en el cual se validen los diferentes intereses presentes en la sociedad.

Las contradicciones y situaciones de tensión se expresan en diferentes ámbitos en la interacción entre instituciones e individuos. En Venezuela, por ejemplo, no siempre se vería –en términos morales- como un mal sino como un bien la violación de una norma estatal para favorecer a una relación personal. Desde tal perspectiva, se invierten los valores según el jesuita González Fabre, para quien si la sociedad no se percibe a sí misma fundada sobre un sistema de relaciones institucionales, sino que encuentra lo esencial de su socializad en relaciones primarias, entonces mediatizar la relación personal a favor de las reglas impersonales cobra un sesgo de inmoralidad: ¿cómo no facilitarle la vida a un amigo?

El país ha conocido esfuerzos y proyectos modernizadores a lo largo de varias décadas. Se trató de contraponer normas e instituciones modernas a las relaciones primarias. Sin embargo, podríamos decir que tal modernización ha sido disímil y en algunos casos ambigua, mientras que en ciertas esferas hemos asistido a un franco retroceso. El pacto de élites que le dio sustento al modelo democrático de 1958, si bien fue una conciliación cupular, no resultó un acuerdo de familias. Tal sistema político llegó a ser de partidos y no de caudillos, pero luego volvió a concentrarse en un caudillo. Del mismo modo, las Fuerzas Armadas tuvieron un proceso de modernización relativa, dentro de un conjunto de instituciones.

Como lo ha apuntado González Fabre, la modernización venezolana, ambigua o disímil, tiene una conexión con una disfuncionalidad de nuestra sociedad. Resulta clara la incapacidad de nuestro sistema económico para producir internamente lo preciso para el bienestar de la población de acuerdo a las expectativas históricas del país. Quedamos entonces fiados al nivel de una renta que se genera fuera del control nuestro. De acuerdo con este autor, tal disfuncionalidad tiene tres elementos; en primer término está la propia ineficiencia estatal en la producción de bienes y servicios, cuando los ha asumido como una tarea suya; en segundo lugar está un sector empresarial rentista, que vive del Estado, pero a su vez éste no establece reglas de juego perdurables en el tiempo; y por último están las expectativas de la población venezolana, expresadas en términos de consumo, que poca relación tienen con la capacidad real del aparato productivo nacional.

La dinámica de una sociedad que vive fundamentalmente de una renta que está fuera de su control y de sus posibilidades efectivas de producción, ha llevado a que una parte importante de la sociedad, al menos así lo revelan estudios desde fines de los años 70, sostenga la siguiente opinión: “Venezuela es un país rico cuyo problema consiste en que los corruptos se han apoderado del Estado y lo están saqueando. Debemos pues poner en la presidencia a un hombre íntegro, preocupado por el país y por los pobres, y con ello se resuelve el problema”.