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SJ. Luis Ugalde

Niños sin futuro y cárcel

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Si piensas distinto y deseas cambio de gobierno, eres candidato a persecución oficial y cárcel. En contraste, hay millones de niños a quienes cada día se les priva de su futuro al dejarlos sin escuela o darles una pésima educación y nadie se responsabiliza de este delito generalizado, ni va a la cárcel por ello.

La educación de calidad es una deuda con los niños; es su derecho inalienable que genera obligaciones en las madres-padres y en toda la sociedad y su Estado. No son efectivas las palabras bonitas recogidas en el preámbulo de la Constitución que afirma “la educación como un derecho humano y como un deber constitutivo de la raíz más esencial de la democracia, y se le declara gratuita y obligatoria, y la asume el Estado como función indeclinable y de servicio público”. ¿Quién responde por la sostenida violación de la educación “obligatoria en todos los niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado”? (artículo 103 de la Constitución). Luego de 15 años y con recursos abundantes, 35% de los niños no recibe educación inicial, y por lo menos 30% de los jóvenes no termina el bachillerato. ¿Quién responde a aquellos millones que sí van a la escuela y pierden el tiempo por la pésima calidad? ¿Por qué el gobierno viola la obligación constitucional de jugar en “tríada solidaria” con la familia, la sociedad y el Estado para juntos asegurar la educación de calidad para todos hasta el final de la secundaria?

La explicación del desastre está en la exclusividad educativa que pretende el partido de gobierno. Los “revolucionarios” creen que es nefasta cualquier influencia distinta de la suya en educación y por eso rechazan la necesaria sinergia entre familia, gobierno, sociedad y Estado, y tratan de apoderarse del Estado y usarlo en exclusiva para inculcar su ideología y convertir la escuela en fábrica de socialistas. No lo logran debido a la resistencia pasiva o activa de la sociedad y las familias, pero producen un creciente deterioro de la calidad. Esa pretensión de exclusividad gubernamental –disfrazada de estatal– es la que trata, por ejemplo, de frenar la autonomía universitaria plural, y desnaturaliza el convenio entre la AVEC y el Estado venezolano para atender con calidad a sectores donde no llega la educación oficial y sí la educación de inspiración católica. En el gobierno se lucha para que el convenio con la AVEC se deteriore, para que los maestros se empobrezcan, y se prohíbe (textualmente) introducir un aula más en el convenio educativo, a pesar de una demanda popular desbordada.  

¿Y el Estado? El Estado democrático es la palanca jurídica que consagra el propósito común de la sociedad para impulsar la responsabilidad educativa de las familias, exigir a los gobiernos y estimular a toda la sociedad hacia esa meta constitucionalmente acordada. Es un delito que cualquier partido –“revolucionario” o no– se apropie de la escuela, de los recursos públicos de la nación y del Estado para imponer una finalidad distinta a la realización del niño como persona, con sentido y valores de vida en una sociedad democrática y plural. “El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas (artículo 76) y los “niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho” (artículo 78). A unos y otros el gobierno les debe pleno apoyo, pero viola la Constitución cuando los descuida por obedecer al partido. Este gobierno estableció como su prioridad el control ideológico de todo el sistema educativo de millones de niños y de jóvenes para convertirlos en una gran fábrica de producción de socialistas; como lo tienen en Cuba. No lo han conseguido, ni lo van a lograr, pero lo vienen intentando y por eso llevan la educación al fracaso más estrepitoso; no hace falta ninguna encuesta para saberlo.

¿Es irracional aspirar a un acuerdo nacional para, de acuerdo con la Constitución, sumar las fuerzas y recursos educativos de la familia de la sociedad y de los educadores con la amplia orientación y apoyo económico de un Estado democrático y plural? ¿Se puede resignar el país a que la educación siga deteriorándose? ¿Se pueden contentar los ministros y altos jefes con que sus hijos se salven de ese naufragio general poniéndolos en buenos colegios privados o enviándolos al extranjero? ¿Por qué no se fomenta toda iniciativa y creación educativa de calidad centrada en el niño y su futuro y sustentada en los valores fundamentales consagrados en la Constitución?