• Caracas (Venezuela)

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Asdrúbal Aguiar

Nicolás, el soberano

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La OEA, leo en la prensa, recomienda a Nicolás Maduro volver al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, recordándole así –por encontrarse su Gobierno bajo escrutinio por violaciones sistemáticas y generalizadas de dichos derechos– que, cuando menos, cuide de las formas; pues ellas son, en esencia, el secreto de las “dictaduras del siglo XXI”, ocultas tras el parabán del socialismo del mismo siglo.

Todas a una, en efecto, obvian la regla de oro de la democracia –a fines legítimos medios legítimos– sin dejar de usar sus modales, pero vaciándolos de contenido finalista. Eso sí, controlando e “inflacionando” hasta el paroxismo el ejercicio del voto, como si a éste se redujese la sustancia de la democracia. 

El acceso al poder respetando el Estado de Derecho, la separación de los poderes, el pluralismo, o la libertad de prensa como realizaciones y garantías de los mismos derechos de la persona y el ciudadano, son para dichos gobiernos una masturbación intelectual, que cede frente al poder de las mayorías. Y el caso es que no sólo los gobernantes de tal eje comparten esta cosmovisión casera, hija del cinismo, sino que agrada a los otros, venidos incluso de la democracia como experiencia de vida y estado del espíritu pero interesados en reelegirse a perpetuidad, como suertes de monarcas tropicales. 

Maduro, ayer en calidad de ministro de relaciones exteriores, cuando denuncia o retira al país de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 6 de septiembre de 2012, o a partir de febrero de 2014, cuando arrasa con lo poco que nos queda de formas democráticas y decide violar de modo generalizado y sistemático los derechos humanos de sus opositores, le ha puesto punto final a la farsa. 

Hugo Chávez, su causante, era más hábil en estos menesteres. Tanto que, una vez como autoriza a Maduro para realizar dicha denuncia de la Convención, con astucia zorruna mantiene a Venezuela como Estado parte del tinglado inútil en el que se ha transformado la actual OEA bajo la dirección de José Miguel Insulza. 

Le interesaba, apenas, el fogonazo de trabuco navideño. Hacía ver, por una parte, que la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos ya no pondrían sus plantas insolentes sobre nuestro territorio; mas, en la práctica y por otra parte, administra su violencia a cuenta gotas y como miembro de la OEA entiende que dicha Comisión seguiría, bajo otro paraguas y castrada, realizando su labor de vigilancia supranacional. 

El caso es que Maduro y quienes lo rodean –ninguno sin poder para decidir, y con derecho a veto tanto aquél como éstos– carecen de estilo. Han puesto al desnudo sus verdaderas creencias. Violan, ahora sí y al descampado, los derechos de los venezolanos. Asesinan, torturan y privan de libertad a los contrarrevolucionarios, e irrespetan la inmunidad de los parlamentarios o desconocen la propia soberanía popular, destituyendo a alcaldes opositores, fundados en la razón de Estado.

Maduro, como su junta de Gobierno, no cree en la democracia y de suyo tampoco en el Estado de Derecho ni sus estándares. Y se excusa de las críticas venidas desde afuera, arguyendo que acepta esas instituciones pero les otorga un significado distinto al conocido. En pocas palabras, llama agua al aceite y aceite al agua. 

En su carta al secretario de la OEA –enterrador de la democracia en las Américas– Nicolás le dice, entre otras sandeces e ignorancias que redactan sus cagatintas, que denuncia la Convención Americana por cuanto ella, al intentar proteger los derechos humanos de las víctimas denunciantes, lo ha hecho “adoptando una línea de acción injerencista en los asuntos internos de nuestro Gobierno” y violentando “el principio de respeto a la soberanía de los Estados”. Y ningún violador de derechos, así calificado por el propio Estado, según él, puede pretender tener derechos, ni siquiera a la defensa.

En fin, hace propio el discurso que en sus momentos esgrimen ante sus detractores los dictadores militares Somoza, Videla, Pinochet y también Castro. Marcha a contravía de la enseñanza universal e imperativa que, nacida del Holocausto y los juicios de Nüremberg en el pasado siglo, recién reitera el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia: “Es una parodia y una traición a la necesidad universal de Justicia que el concepto de la soberanía del Estado pueda ser alegado con éxito frente a los derechos humanos y sus violaciones”.

Es este, en suma, el asunto de fondo que divide moralmente a Venezuela y buscan transar los cancilleres de Unasur, mediante un sincretismo de laboratorio, en una mesa de diálogo. La cuestión es, sin embargo, que, o están de primero los derechos humanos y sus garantías, es decir, la democracia como derecho del pueblo que han de respetar los Estados y sus gobiernos, o están éstos a la cabeza con sus soberanías medievales a cuestas, manteniendo a la democracia como mera forma de acceso al poder para que luego reinen nuestros gobernantes según las reglas del despotismo iletrado bolivariano.