• Caracas (Venezuela)

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Héctor Faúndez

Maldad sin límites

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El Gobierno de Venezuela ha sido insensible a las súplicas de una adolescente que creció sin su padre, porque la separaron de él cuando apenas tenía 7 años, mientras a aquel lo encerraban en una celda sin ventilación y sin luz natural. Este Gobierno ha sido despiadado con un hombre que cometió el error de asesorar, en materias de seguridad ciudadana, a un alcalde mayor que había llegado a ese cargo de la mano del chavismo, pero que decidió montar tienda aparte, y que insinuó, a más de uno, sus deseos de ser Presidente de la República. Cuando quienes detentan el poder no pudieron echarle la mano a quien consideraban un traidor al que había que castigar, allí estaba Iván Simonovis para pagar por los pecados políticos de quien había sido su jefe.

En Venezuela el hampa campea por sus fueros, y los pranes son tratados con guantes de seda. Sin embargo, después de 6 años de haber sido encarcelado, en un juicio notoriamente político, los tribunales fueron implacables con Iván Simonovis y lo condenaron a 30 años de cárcel, como cómplice de unos homicidios en los que nadie ha señalado a los autores de los mismos. No podían condenarlo a muerte, porque esa pena está proscrita en el ordenamiento jurídico venezolano; pero una celda húmeda y maloliente, junto con un trato cruel e inhumano, ya se encargarían de deteriorar su salud a límites inimaginables.

A pesar de todas las garantías procesales que protegen al inocente, no hay duda de que los jueces se pueden equivocar; pero aquí no ha habido ningún error. Lo que ha habido es mucho de perversidad en utilizar la justicia para perseguir y castigar a quien es víctima de los caprichos de un gobernante que no se siente sometido a ninguna ley. La ruindad de aquellos jueces y fiscales que se prestaron para una maniobra política, y se convirtieron en simples amanuenses de un titiritero, sólo es comparable a la vileza de quienes pervirtieron la administración de justicia utilizándola para perseguir a sus adversarios políticos.

Hay mucho de maldad al impedir que un hombre enfermo pueda regresar a su hogar a reunirse con los suyos y negarle la atención médica que necesita, aunque el Estado no tendría que pagar por ella. Sería demasiado esperar que, en la Venezuela de hoy, se hiciera justicia revisando una sentencia que carece de todo fundamento, y que es el fruto de la presión política; pero resulta incompresible observar cómo a Iván Simonovis se le niega una simple medida humanitaria, que está prevista en nuestras leyes, y cuya aplicación honraría a quienes nos gobiernan.

Estudios serios indican que, en Venezuela, más de 90% de los homicidios quedan en la impunidad; de manera que, cada vez que un criminal es castigado severamente, hay motivos para alegrarse, y tener un poco de esperanza en una sociedad más segura. Pero lo cierto es que los francotiradores de Puente Llaguno están en libertad, y condecorados; la verdad es que los culpables siguen en la calle, dispuestos a matar y asesinar. El problema es que Simonovis fue condenado por un crimen que no cometió, en un procedimiento en el que no se aportaron pruebas en su contra, y en un caso en el que un ex magistrado del TSJ ha confesado que recibió presiones desde Miraflores para condenar.

En este caso, no estamos, simplemente, frente a gente indiferente al dolor y al sufrimiento ajeno; se trata de la continuación de la perfidia, llevada más allá de la imaginación. Puede que la maldad no tenga más límites que los que le marca el poder con el que cuenta el villano. Es claro que, al final, toda infamia tiene un precio y, quien la comete, tarde o temprano, tendrá que pagarla; pero no es ese el problema. Lo terrible es la estatura moral de quienes nos gobiernan.